El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado por unanimidad estudiar la suspensión decretada por el Constitucional del pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que el entonces president, Carles Puigdemont preveía proclamar la independencia tras el referéndum del 1-O. Los jueces de Estrasburgo han declarado “inadmisible” en todos sus puntos la demanda presentada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas.

En una decisión muy argumentada, los jueces rechazan uno por uno las reclamaciones de los demandantes, miembros de Junts pel Sí y de la CUP. La demanda había sido presentada por el abogado Andreu Van den Eynde, que representa también a Oriol Junqueras —otro de los demandantes en Estrasburgo— en el juicio del procés.

La de este martes es la primera respuesta que da el Tribunal de Estrasburgo a Forcadell, quien también presentó a comienzos de este año otra demanda ante la corte europea en contra de la prisión preventiva a la que está sometida. Los jueces no han dado a conocer aún si aceptan la denuncia y, por tanto, si estudian o no el fondo de ese caso.

El 5 de octubre de 2017, a solo cuatro días de que se celebrara el polémico pleno pese a los recursos presentados por diputados constitucionalistas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo que había interpuesto el PSC. La máxima instancia constitucional aceptó la posición de los 16 diputados socialistas catalanes acerca de que se trataba de un “supuesto de urgencia excepcional” y ordenó “suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el Acuerdo de la Mesa del Parlament de 4 de octubre de 2017”. Según el fallo, en este caso, el recurso de amparo adquiría “especial trascendencia constitucional”, ya que la celebración del pleno no solo suponía una potencial violación del derecho de los parlamentarios demandantes a ejercer las labores para las que han sido elegidos, sino que “la cuestión planteada podría afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución” que podría tener “consecuencias políticas generales”.

En su posterior decisión de fondo sobre el caso, emitida en marzo de 2018, el TC consideró que se había vulnerado el derecho de los diputados del PSC a “ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes” y declaró la “nulidad” del acuerdo de la Mesa del Parlamento que había aprobado la celebración del controvertido pleno.

Tras esta decisión, Forcadell y otros diputados independentistas recurrieron a Estrasburgo argumentando a su vez que, con ese fallo, el TC había violado sus derechos a la libertad de expresión, el derecho a reunión y asociación y, finalmente, el derecho a celebrar elecciones libres garantizado en el artículo 3 del protocolo adicional sobre el derecho a celebrar elecciones libres. Según los demandantes, con su sentencia, el Tribunal Constitucional les impidió expresar la voluntad de los votantes que participaron en el referéndum del 1-O.




Fuente: El Pais

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