España ha logrado reducir este año la migración irregular a la mitad tras los máximos de 2018. Bruselas, que encendió entonces todas las alarmas, aplaude ahora el freno que ha conseguido imponer Madrid —de la mano de Rabat— en la frontera sur. Las llegadas caen entre el 50% y el 55% este año, con poco más de 30.000 personas (a falta de los últimos días del año) frente a las 64.300 de 2018, según estimaciones de Interior. El control en el Estrecho y el mar de Alborán lleva a las mafias a desviarse hacia rutas más peligrosas: Canarias registra alzas del 90%, aún muy lejos en cifras absolutas de la crisis de los cayucos en 2006. Dos pateras con 52 personas a bordo arribaron este sábado a Gran Canaria y Fuerteventura. Todo apunta a que esa puede ser la tónica en 2020.

La frontera entre las riberas norte y sur del Mediterráneo es la más dispar del mundo: la diferencia de renta por habitante entre España y Marruecos solo es comparable a la existente entre las dos Coreas. Europa logró controlar la marea de refugiados en 2015 al cerrar las rutas del Mediterráneo Central (por Italia) y oriental (por Grecia), pero la presión se trasladó entonces a las costas españolas. El año que está a punto de cerrarse acaba con buenos números por ese flanco: “España ha logrado reducir a la mitad la inmigración irregular”, asegura a EL PAÍS el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cumpliendo así un objetivo que parecía inalcanzable hace unos meses. La UE aplaude sin ambages que Madrid haya conseguido pisar el pedal del freno de la mano de Rabat tanto en el Estrecho como en el Mar de Alborán. Pero el migratorio es un fenómeno líquido: al taponar una vía se abre otra. Esta vez es Canarias.

Interior estima la caída entre el 50% y el 55% a falta de los últimos días del año, por encima de la meta del 50% fijada hace unos meses. Pero la vía atlántica, a través de Canarias —la más peligrosa por la distancia y las corrientes—, registra subidas de hasta el 90%, según los mismos cálculos: el archipiélago puede volver a convertirse en una de las puertas de entrada a Europa, como lo fue hace 15 años en la denominada crisis de los cayucos de 2006.

Los datos cuentan historias, pero esta dista mucho de ser alarmante, al menos por ahora; los números absolutos no son aún elevados, unas 2.500 personas han llegado a Canarias este año, muy lejos de las 31.000 de 2006. Pero sí muestran a las claras cómo los flujos se adaptan con rapidez a las políticas de control. “Son cifras aún bajas, que obedecen al cierre en el Estrecho y a la búsqueda de nuevas vías por parte de las mafias”, explica Grande-Marlaska para poner en contexto ese giro del guion. Se trata de un goteo incesante: este sábado mismo, dos pateras con 52 personas arribaron a Gran Canaria y Fuerteventura.

“La disminución de las entradas irregulares es positiva, pero las migraciones no van a parar”, avisa el catedrático de la Universidad de A Coruña Antonio Izquierdo. “Hay que ofrecer vías legales: ordenar la inmigración”, sugiere. El aumento en Canarias, además, pone de manifiesto la falta de infraestructuras de acogida: “La siguiente década a la crisis de los cayucos derivó en el desmantelamiento parcial de esta capacidad de respuesta”, avisa el profesor de La Laguna Dirk Godenau.

La vía canaria implica más cambios: supone que los migrantes se embarquen en travesías con más riesgo procedentes del sur de Marruecos y Mauritania, incluso de Senegal y Gambia. A principios de mes, una embarcación que partió de un pueblito de Gambia, a más de 2.000 kilómetros del archipiélago, protagonizó el último gran naufragio tras cinco días de travesía. Murieron 65 personas. El vigor de la ruta atlántica ha disparado las muertes un 300%; el 20 de diciembre ya sumaban 170 fallecidos. En total, según la Organización Internacional para las Migraciones, 602 personas han muerto o desaparecido intentando alcanzar las costas españolas. Se trata de una reducción del 30% de la mortalidad respecto a 2108: la siniestralidad no cae al mismo ritmo que las llegadas por el mayor peligro de la vía canaria.

España se había mantenido relativamente al margen del desafío migratorio que impactó en sus vecinos mediterráneos en 2015, con más de un millón de refugiados. El cierre de las rutas hacia Grecia e Italia, tras los acuerdos con Turquía y Libia, desplazó la presión al Mediterráneo occidental: en 2017, con el PP en el Gobierno, la ruta española comenzó a crecer con rapidez. Y en 2018 España registró un récord histórico de entradas; eso encendió todas las alarmas en Bruselas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se marcó entonces como prioridad reducir las entradas, multiplicó los contactos con Marruecos y presionó a la UE para obtener ayudas. Esa política no surtió efectos de inmediato; el cambio comenzó a notarse en febrero, con la visita de Felipe VI a Rabat. Hoy la colaboración con Marruecos es una prioridad para la UE: “Las cifras muestran que las autoridades marroquíes se han comprometido con la migración”, recoge un informe interno de la Comisión Europea. “Rabat es un socio fiable, leal e importantísimo para España y la UE”, abunda Marlaska.

Ese esfuerzo conjunto afecta a la moral de quienes aguardan para cruzar: “Ahora mismo no hay esperanza; en el futuro quién sabe”, se resigna Abdelgadar, padre sirio de 29 años atrapado en Nador con la esperanza de pasar a Melilla. “España paga mucho para proteger la frontera”, añade Saber, joven yemení que lleva año y medio varada en Marruecos.

Bruselas acaba de renovar sus compromisos con Rabat con un nuevo paquete de ayudas de 400 millones, que se suma a fondos ya entregados por 140 millones, más 32 millones de España. Sobre la mesa del nuevo Ejecutivo de la UE hay una petición española de fijar una partida anual para Marruecos. “Nuestros objetivos son mantener ese esfuerzo de control con las partidas disponibles en el presupuesto europeo 2021-2027, que tienen que mitigar los efectos de la crisis climática —que impacta con fuerza en África—, y adelantar las fronteras, de manera que haya menos inmigrantes que intentan salir de sus países por razones de subsistencia”, afirma Marlaska mirando hacia 2020.

El apoyo a Marruecos también es diplomático: la Eurocámara aprobó este año el pacto pesquero con Rabat incluyendo las aguas del Sáhara Occidental. Y las autoridades españolas tratan con prudencia cualquier acontecimiento que afecte a su socio. El Gobierno ha mantenido un prudente silencio ante la reciente interrupción por parte de Rabat del porteo en Ceuta, uno de los principales motores económicos de la ciudad; ante el cierre de la aduana comercial en la frontera de Melilla; y ante la delimitación unilateral de sus aguas. El Ejecutivo, además, evita divulgar información que incomode a Marruecos, como que sus nacionales suponen un 28% del éxodo que sale de su territorio, según los números que maneja la agencia europea de gestión de fronteras (Frontex).

“No podemos perder la ocasión de replantear la política migratoria; no podemos mantener las mismas lógicas represivas”, dice Lorenzo Gabrielli, de la Pompeu Fabra. “La migración es la nueva revolución: lo más interesante del debate migratorio es que pone a Europa frente al dilema de elegir entre sus intereses y sus valores”, dice el analista Ivan Krastev, en un dardo envenenado que vale también para España.

El otro gran desafío: los aeropuertos

El otro gran desafío de España en materia migratoria en 2019 está en los aeropuertos, destino de la mayoría de los 112.000 solicitantes de asilo que han entrado este año en el país —con datos hasta el 16 de diciembre—, una cifra que duplica la del cierre del año pasado. España es ya el tercer país europeo con más solicitudes, solo por detrás de Francia y Alemania, y uno de los más lentos en procesarlas: hay más de 126.000 expedientes por resolver.

Las medidas adoptadas por el Gobierno socialista para reforzar la Oficina de Asilo y la red nacional de acogida —que están al límite de su capacidad— prometen abordar esa situación, pero los expertos reclaman un mayor esfuerzo. “Ha habido gestos que apuntan en la buena dirección, pero no pueden quedarse en la provisionalidad”, advierte Francesco Pasetti, investigador del think tank barcelonés CIDOB. “Será importante la estabilidad del próximo Gobierno porque de él dependerá el compromiso presupuestario en esta materia. Pero también es imprescindible que haya un empeño político firme: España no puede quedarse en las respuestas de emergencia en su política de asilo”.




Fuente: El Pais

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