La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (Bilbao, 70 años), ha dejado la portavocía del Gobierno, pero lejos de disfrutar del tiempo ganado, lo dedica a explicar a quien quiere oírla su anteproyecto de ley educativa que “en las próximas semanas” llegará al Consejo de Ministros. Esta entrevista se celebra en su despacho horas después de haber presentado en el Congreso las líneas maestras de su política. La prensa destaca su intención de mejorar la formación de los maestros —que en muchas facultades ingresan con la nota mínima, un 5— y de los profesores de secundaria con una especie de MIR —la etapa de residencia que hacen los médicos—.

Pregunta. ¿Cómo va a ser el MIR educativo?
Respuesta. No solemos llamarlo así para no confundir con los médicos. Es una práctica tutelada de un año. Vamos a tratarlo con las comunidades, hay que contar con todas las fuerzas.

P. Se gradúan el doble de maestros de los que demanda el sistema. Cataluña ha instaurado una selectividad previa y Baleares la tendrá. ¿Al Gobierno le gustaría que se replicase al resto la criba?
R. Eso lo tenemos que acordar con las facultades de Educación. No es bueno que haya gente que quede frustrada tras su formación por no poder trabajar. Y es muy importante que las personas que acceden a las facultades de Educación sean personas con notas altas también, porque necesitamos los mejores profesionales formando a nuestros alumnos

P. ¿Cómo se va a extender la universalización de Infantil, de cero a tres años para la que han anunciado una fuerte inversión?
R.
Este modelo será por necesidad muy diverso, porque las autonomías han ido avanzando de manera diferenciada. El requisito será que la etapa tenga una gran calidad. Más allá de la conciliación familiar y laboral esta es una etapa estrictamente educativa y, según los expertos, muy importante para afincar cognitivamente conceptos. Empezaremos por los más desfavorecidos, que lo precisan más.

P. ¿Por qué han descartado hacer obligatorio el ciclo de tres a seis años?
R. No es necesario. Está matriculado el 96,5% de los niños en esa etapa. La familia que no lleva a su hijo es porque no quiere.

P. Sus planes requieren mucho dinero. ¿Se elevará al 5% del PIB la inversión educativa en 2024 o 2025?
P. Esa fecha no se ha movido. Partimos de un 4,2%, hay que avanzar hasta el 5% y eso son muchos recursos. Trabajemos sobre la realidad.

P. Pero aumentar el gasto público choca con Bruselas.
R. Estamos por cumplir todos los objetivos de estabilidad marcados por Europa. Pero hay una conversación pendiente sobre la senda de estabilidad para identificar exactamente con cuánto déficit y cuánto crecimiento vamos a trabajar. España ha terminado 2019 reduciendo su deuda pública a un 95%. Esperamos contar con los recursos necesarios.

P. La ONU considera que España discrimina a los alumnos con discapacidad de los centros especiales. ¿Qué van a hacer?
R. Tenemos que avanzar en la escuela inclusiva procurando que los centros tengan los recursos suficientes para recorrer ese camino y que puedan tratar la diversidad. La ley prevé un horizonte de 10 años. Si bien esto de ninguna manera comporta el cierre de los centros de educación especial.

P. Acordaron con Podemos terminar con el modelo de becas de José Ignacio Wert y perdura R. No podemos trabajar de golpe, es imposible. Elevar 100 euros la parte fija de la beca, como hicimos al llegar, supone 10 millones. Trabajamos con los Presupuestos de 2018, los de Montoro, y hemos tenido que detraer de otro lugar. Queremos ir haciendo que la parte fija sea mayor y la variable menor, en dirección a desaparecer.

P. También pactaron quitar el concierto a los centros que segregan por sexos y eso contraviene la doctrina del Constitucional.
P. El Constitucional no considera que los centros que tienen o solo chicas o solo chicos sean segregadores, lo llama educación diferenciada. En nuestra ley hemos puesto que preferentemente recibirán concierto los centros que sean coeducadores, porque es preciso que las niñas y los niños aprendan en los centros a convivir y a respetarse. Eso dice el proyecto de ley, veremos qué enmiendas se presentan.

P. ¿Tendrán apoyos para la nueva ley de educación?
R. Siempre hemos perseguido el pacto educativo y vamos a trabajar para abrir el proyecto lo máximo posible sin renunciar a los objetivos. Uno de los principales es que todos los alumnos lleguen a la titulación de la ESO, y que se queden en el sistema para titular al menos en esa FP de grado medio o en el Bachillerato.

P. ¿No se corre el riesgo de que se acabe regalando el título con el interés en que todos titulen?
R. En absoluto. El esfuerzo en este modelo que impulsamos cambia la filosofía de la Lomce. Se exige responsabilidad al alumno, pero también a todo el sistema educativo, como en Europa. El profesorado tiene que trabajar en la docencia directa y colegiadamente para saber qué le falta a ese alumno. Y el centro tiene que tener un proyecto en el que, cada año y tras las evaluaciones diagnósticas, sepa qué reforzar para el éxito de sus alumnos.

P. ¿Al profesorado también van a evaluarle?
R. Todavía no hemos explorado si será una evaluación obligada para todos o voluntaria. Tampoco en cuánto tiempo se va a llevar a cabo, si va a dar lugar a un resultado de incentivación (retributiva) o no… Tenemos que tener un poco de paciencia. Partimos de la base de que una profesión que se precie ha de ser evaluada. Y no de una forma mecánica, por antigüedad, sino por sus habilidades y méritos. Lo hablaremos con las comunidades y sindicatos.

P. ¿El intento de implantar el veto parental está de retirada?
R. Creo que sí. Solo ha sobrevivido esta idea en Murcia. Madrid ha afirmado que como el problema no existe, no lo contemplan y el consejero andaluz fue explícito al decir que de ninguna manera introducirían el PIN parental. Ciudadanos y el PP, a pesar de sus manifestaciones ambiguas, no tienen intención de seguir con el PIN parental. Se han dado cuenta de que es un veto intolerable, porque vulnera el derecho a la educación, menoscaba la autonomía pedagógica reconocida por ley y la libertad de cátedra.

P. Respecto a la Religión. ¿Si no va a haber una asignatura espejo, alternativa, esos alumnos se quedarán más horas en el centro?
R. Hay una autonomía organizativa del centro, que tiene reconocido por ley su autonomía pedagógica. Vamos a ver cómo lo tratamos, porque Religión irá al desarrollo curricular. La ley lo que sí dice es que es de oferta obligatoria en los centros, asunción voluntaria por parte del alumnado, y no va a contar para la nota de acceso a la Universidad ni para una beca. No podemos hacer que lo que un alumno voluntariamente asume, que es la materia de Religión, se convierta en una obligación para otra persona.

P. Sin embargo, Valores Cívicos será obligatoria en ESO.
R. Sí. Serbia y España son los dos únicos países de Europa en los que la materia Valores Cívicos y Éticos —o como queramos llamarla— es optativa. Se necesita en una sociedad multicultural como la nuestra.

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“No podemos aportar fondos a quien reparte beneficios”

La patronal de la escuela concertada (de titularidad privada pero sufragada con los impuestos) recibió con alegría el nombramiento de Isabel Celaá como ministra de Educación y FP, con quien se había entendido en sus años de consejera vasca. Ahora, en cambio, es blanco de sus críticas.

Pregunta. ¿Qué ha pasado?
Respuesta. Es una polémica interesada, diría yo. Esta mañana [el pasado jueves] he afirmado que nuestro modelo ve la educación pública como eje vertebrador del sistema. Y que, obviamente, cuenta para el cumplimiento de los fines sociales de la educación con un sector concertado que ha venido trabajando en el sistema lealmente. Sin embargo, no nos gusta aquella diversificación de negocio que de alguna manera se enmascara como educación concertada. No podemos aportar fondos públicos a quien luego reparte beneficios.

P. Usted se queja de que la escuela pública acoge el doble de extranjeros que la concertada.
R. Buscamos una distribución más equitativa. Hay concertados que lo hacen e incorporan las necesidades del sistema y otros que no. Como hay públicos que tampoco lo hacen y habrá que tratarlo. No es aceptable que algunos públicos obliguen a examinarse en sexto de primaria para incorporarse a un aula bilingüe y que, además, ese examen dé un certificado de un A1 o B2 y que se haga de manera externa. Segrega, porque irán los que hayan podido recibir esa enseñanza fuera del centro educativo.




Fuente: El Pais

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