La única planta de tratamiento de vidrio de Madrid, situada en Ajalvir, trabaja desde hace casi dos años sin autorización, pero con el visto bueno de la Comunidad. La administración admite que su licencia caducó pero la empresa continúa su actividad “con una prórroga”. Recycling Hispania recibe vidrio, lo trata, amontona los restos que no le sirven sin llevarlos a un vertedero y mantiene de uñas a las asociaciones ecologistas. Una situación paradójica: una empresa medioambiental que contamina y actúa sin licencia.

Este es un capítulo más de la historia de la montaña de basura que Recycling Hispania alimenta en un polígono industrial a 26 kilómetros de Madrid desde 2007. Los vecinos y el dueño de la parcela están hartos de ver cómo los desechos del vidrio (llamados rechazos) contaminan la zona. Y todo ello con un permiso, aunque sea en forma de prórroga de facto —irregular pero no ilegal—, de la Comunidad.

La administración regional reconoce que no sabe si ampliará o no su licencia. “Se le ha pedido documentación para estudiarla y es muchísima”, aseguran desde la Consejería de Medio Ambiente. Miguel Ángel Díaz, el dueño de la parcela que ha denunciado a la empresa en varias ocasiones por no llevar los residuos a un vertedero legal, ve que la situación ya riza el rizo porque la administración permite esa irregularidad.

“[La empresa] tiene una autorización como gestor de residuos desde hace años para el almacenamiento, la clasificación, la trituración y el tratamiento de calcín. Esa autorización caducó, se solicitó la renovación y una ampliación de esa autorización, y desde entonces esta Consejería ha estado solicitando información adicional para concretar la nueva autorización que se debía conceder”, explicó Vicente Galván, director general de Economía Circular en un pleno de la Asamblea de Madrid el 13 de noviembre.

La situación es importante por la controversia que generó el hecho de que una empresa dedicada al reciclaje de vidrio amontonase sus desperfectos en un área que además está bajo la denominación ZEPA (zona especial de protección de aves). Tapones, etiquetas, plásticos, corchos, vidrios inservibles, cerámica o contenedores desgajados. Todo suma en esas 80.000 toneladas de desperdicios inodoros, según calculó del dueño del terreno hace unos meses. O en las 20.000, según un perito de la comunidad. Lejos, ambas cantidades, de las 1.000 que solía acumular el anterior propietario.

Otro actor importante en esta historia es Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la gestión de los envases de vidrio en toda España, y que contrata los servicios de las plantas de tratamiento como Recycling para que muelan, limpien y conviertan el vidrio en lo que se denomina calcín —vidrio en polvo—, para venderlo después. En este caso, Ecovidrio contrató a la empresa en 1984 a través de un concurso y mantuvieron buena relación durante décadas.

Pero con el cambio de dueños en 2006 llegaron los problemas. Ecovidrio rompió relaciones con Recycling por razones de impago y porque “no cumplían con los indicadores de calidad” y el concurso lo ganó Verallia, empresa con la que opera desde entonces. “Como es una vidriera y no trata el vidrio, ella luego subcontrató a Recycling. Nosotros ya ahí no tenemos capacidad legal de hacer nada. De lo que tenemos que estar seguros es de que todo el vidrio se recicla al 100%, y este es un problema de rechazos, no de reciclaje”, se defienden desde Ecovidrio, al que acusan de no vigilar una cuestión que incumple la normativa medioambiental.

La Comunidad asegura que la situación va mejorando. “Las comprobaciones que hemos realizado indican que ese acopio está disminuyendo progresivamente”, insistió Galván, que ha prometido que el terreno estará limpio de residuos a finales de 2020. Sin embargo, algunos trabajadores de Recycling hartos de la situación —que prefieren mantener su anonimato— aseguran que la empresa simplemente ha recolocado los residuos dentro de su parcela para que no estén visibles.

La administración trata de poner una solución a un problema que, sobre todo, cuesta dinero. Llevar todos esos desechos a un vertedero no es gratis. Costará unos dos millones, según algunos cálculos. ¿Quién debe pagarlo? En principio, la empresa, pero su situación es delicada, ya que se encuentra en concurso de acreedores.

Una montaña de basura en un área de aves protegida

La cantidad de desechos acumulados desprende lixiliados —líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por percolación— que contamina los terrenos, en este caso tanto los de la propia empresa —que los tiene alquilados— como los colindantes, protegidos por ser un área ZEPA. Además, Miguel Ángel Díaz denuncia que al haber pequeños trozos de vidrio molido e inservible a la intemperie se corre el riesgo de que, con el viento, las personas lo respiren.

Además, la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establece que los gestores de residuos están obligados a mantenerlos almacenados en las condiciones que fije su autorización, estableciendo además que la duración de almacenamiento de los residuos no peligrosos —como es este caso— “será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación”. En este caso, dada la cantidad de rechazos acumulada, se incumple la normativa. “Esa montaña lleva 12 años creciendo”, asegura Díaz.

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Fuente: El Pais

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