La congoleña Samba Martine, de 40 años, pasó las últimas horas de su vida agonizando en la sala de estar del CIE de Aluche. Había acudido a la enfermería del centro hasta 11 veces, pero solo recibió analgésicos, ansiolíticos y técnicas de respiración. El día de su muerte, el 19 de diciembre de 2011, ya no podía mantenerse en pie. Cubierta con mantas en el suelo, con dificultad para respirar y envuelta en el humo de cigarros ajenos, pidió ayuda al vacío por última vez. La enfermera de guardia no acudió a auxiliarla y Martine acabó siendo trasladada a un hospital en un coche patrulla y no en ambulancia. Murió seis horas después. Estaba enferma, era portadora del VIH, y en los 38 días que pasó internada por haber entrado irregularmente en España se la comió una infección que, según se desprendió de su autopsia, solo es letal sin el tratamiento adecuado.

Tras siete años y medio de instrucción, este lunes se ha sentado en el banquillo uno de los sanitarios que la trató, el médico F. H, que la atendió en dos ocasiones. Las acusaciones particular y popular piden para él un año y medio de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia y omisión de socorro y tres años y seis meses de inhabilitación. La Fiscalía, que durante todo este tiempo pidió el archivo del caso y que en la primera vista ha confundido el CETI de Melilla, de donde provenía Martine, con el de Ceuta, no ha solicitado pena alguna para el procesado.

F. H. ha insistido en que la primera vez que atendió a la víctima, el 15 de noviembre, solo vio en ella síntomas gripales, algo que le pareció normal dada la época del año. No le preguntó si era portadora de alguna enfermedad, como sida, hepatitis o tuberculosis, como establecen los protocolos. Tampoco de dónde era. «Tratamos a todos por igual», ha afirmado. La República Democrática del Congo tiene una alta incidencia de VIH. Martine volvió a la consulta de este médico dos semanas después con los mismos síntomas (cefalea, dolor torácico, sibilancias, roncus…). Al doctor no le pareció extraño ni le hizo pensar que podría tratarse de una dolencia más grave que un catarro. Tampoco pidió una placa de tórax. “En esa época son muy comunes los episodios catarrales y no se curan en una semana ni dos”, ha dicho en el interrogatorio.

Martine presentaba además prurito en la zona perineal, un indicativo de que su dolencia podía ir más allá de una gripe, según la acusación. «La candidiasis es común en la boca o en la vagina, pero cuando es anal es un indicativo de sida», mantiene la letrada Margarita Martínez Escamilla, portavoz de la Red Solidaria Acoge, una de las ONG que actúa como acusación particular. En su declaración el doctor ha mantenido que, a pesar de que uno de su colega había recetado a Martine un antibiótico para la picazón en la zona perineal, él no exploró la zona de nuevo. «No la valoré porque ella no dijo nada». De las 11 veces que Martine fue atendida solo consta la presencia de un intérprete una única vez. El resto de las consultas se realizaban gracias a una guía en la que aparecen escritas informaciones básicas, enfermedades y síntomas en varios idiomas.

El magistrado titular del juzgado de lo penal 21 no se lo ha puesto fácil a la acusación. El juez ha declarado “impertinente” más de una decena de preguntas de los letrados que pretendía ahondar en la atención prestada a la víctima. “El sistema de funcionamiento del CIE es una estructura que ha propiciado la muerte de Samba”, ha dicho a la salida del juicio el Ramiro García de Dios, juez de control del CIE en el momento de la muerte de la congoleña. “Me parece que el juez y el fiscal se han olvidado de su papel garantista. El fiscal parecía el abogado defensor y el juez no puede tener una opinión preconcebida y declarar impertinente pregunta tras pregunta”, ha lamentado.

Tras más de siete años de instrucción, no se sentarán en el banquillo otros dos imputados, un médico y una enfermera que atendieron e varias ocasiones a Martine y que están prófugos de la justicia. Tampoco lo hará Sermedes, la empresa entonces responsable de prestar asistencia médica en el CIE. “Para nosotros era muy importante la imputación de la jefa del servicio médico porque consideramos que no fue solo negligencia de los médicos sino la mala organización del servicio”, explica la letrada Martínez Escamilla.

Los abogados que asumieron el caso de Martine han guerreado en varias instancias hasta llegar a este juicio. El Juzgado de Instrucción 38 de Madrid no vio indicio de delito y archivó la causa en 2012, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a reabrirla en 2014. El Tribunal fue claro al determinar que si Samba Martine hubiese recibido el tratamiento adecuado «se podría haber evitado el fatal desenlace». Los magistrados de la Audiencia también consideraron relevante «la posición de garante» del personal sanitario del recinto ya que los internos, como Martine, no tienen libertad para acceder a otros médicos distintos a los del CIE. Durante el proceso llegó a imputarse a seis médicos y enfermeros, personal contratado por Sermedes. «No hemos contado con mucha ayuda. Ni del juez ni de la Fiscalía. Ha sido una instrucción costosa», lamenta la letrada Martínez.

Desde que llegó al CIE de Madrid desde Melilla, Martine no dejó de quejarse de su estado de salud. Le dolía la cabeza y la nuca y no podía mover el cuello ni los brazos. En el CATE de Melilla, donde fue alojada tras su entrada irregular, se le hizo un análisis de sangre que sí detectó el VIH. Pero esa información no se compartió con el personal médico del CIE de Madrid.

Un informe firmado por la coordinadora del programa de la Cruz Roja para inmigrantes y refugiados de la Comunidad de Madrid relata las últimas horas de la congoleña, que era madre de una niña de diez años. El día de su muerte acudió a la consulta a primera hora por última vez, pero el personal sanitario solo le enseñó ejercicios de respiración para que no hiperventilara. Y, para calmarla, le inyectaron diazepam. Ella continuó hiperventilando dormida. «Ella se quejaba de que su estado no mejoraba y de que tampoco tenía acceso al servicio médico», ha recordado como testigo Laura Díaz Nieto, una de las trabajadora de Cruz Roja en el centro. Cuando, por fin, decidieron llevarla al hospital, Martine entró en el coche patrulla sin poder sostenerse en pie. La trabajadora de Cruz Roja que tuvo que abrocharle el cinturón de seguridad porque se caía, la recuerda diciendo: “Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir”.




Fuente: El Pais

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