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El TSJC admite investigar a una diputada de ERC por expulsar a policías de hoteles de Pineda


El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudia si imputa a la diputada de ERC Mònica Palacín, después de que un juez de Arenys de Mar (Barcelona) le ha remitido la causa en que la investigaba por coaccionar supuestamente a responsables de hoteles para que expulsaran a policías del 1-O.

Según ha informado hoy el TSJC, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha designado ponente al magistrado Jordi Seguí para que decida si acepta asumir la investigación relativa a Mònica Palacín, que al ser diputada goza de la condición de aforada.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Arenys de Mar abrió en abril del pasado año una investigación, a instancias de una querella de la Fiscalía, contra tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) del PSC, la concejal de ERC Mònica Palacín y el jefe de la Policía Local, por coaccionar supuestamente a los responsables de hoteles de la localidad que alojaban a agentes de la Policía Nacional destinados a Cataluña para impedir el referéndum del 1-O.





Sin embargo, el juez acordó en diciembre pasado inhibirse de la investigación sobre Mònica Palacín y remitir el caso a la sala penal del TSJC, dada la condición de aforada de la actual diputada de ERC en el Parlament.

Una vez recibido el escrito del juez inhibiéndose respecto a la investigación abierta a Palacín, el TSJC ha designado ponente al magistrado Jordi Seguí, que integra la sala de admisión junto al presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos y la magistrada Mercedes Armas.

En su querella, la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona acusaba a los cuatro concejales de presionar a la cadena hotelera Checkin de Pineda de Mar para que expulsaran a cerca de 500 policías nacionales, amenazándoles con cerrar sus establecimientos durante cinco años.

Medio millar de policías nacionales se alojaron en dos hoteles de esta cadena en Pineda de Mar desde finales de septiembre de 2017 y fueron expulsados el 3 de octubre de sus respectivos establecimientos, después de las concentraciones que se organizaron a sus puertas en protesta por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir el referéndum del 1-O.

La querella se dirigía concretamente contra Carme Aragonés, primera teniente de alcalde; Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde y coordinador de Territorio; Silvia Biosca, tercera teniente de alcalde de Comunicación; Mònica Palacín, concejal de ERC en la oposición, y Carles Santecreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar.





El juez de Arenys acordó abrir diligencias por un delito de falsedad en documento oficial y otro de coacciones contra los querellados, que según la Fiscalía acudieron la noche del 2 de octubre de 2017 al hotel Checkin Mont Palau de Pineda “con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios de Policía que permanecían albergados en sus hoteles”.

El ministerio público acusa a Palacín, como responsable de Comunicación, de haber exigido a los responsables hoteleros que firmaran un documento “confeccionado mendazmente” para simular un comunicado de prensa conjunto que mantenía que la salida de policías obedecía a una decisión “conjunta” del ayuntamiento y de la cadena para “garantizar la convivencia” en la población.

La carta negaba cualquier “medida de presión” sobre los representantes de la cadena hotelera, quienes “al ver el texto se negaron expresa y rotundamente a firmarlo por no ser ciertas las manifestaciones contenidas en el mismo”, sostiene la Fiscalía, lo que no impidió que el consistorio lo distribuyera a los medios de comunicación.

El ministerio público considera que la “trascendencia pública” de ese documento “supone un desprestigio, con el consiguiente descrédito para la compañía hotelera ante posibles clientes de toda España, por la aparente imagen de trato discriminatorio transmitida y cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso policías”.








Fuente: LA Vanguardia

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