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El Tribunal Supremo ha admitido más de 300 testigos para que declaren en el juicio por el ‘procés’ que arranca el próximo día 12 de febrero con 12 acusados sentados en el banquillo y liderado por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. A lo largo de 145 folios, la Sala de Enjuiciamiento ha analizado una por una todas las pruebas solicitadas por cada una de las partes. De la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha aceptado todas ellas, en total 256,mientras que de las defensas y de la acusación popular representada por Vox ha rechazado varias decenas.

A lo largo de la resolución, el tribunal, presidido por Manuel Marchena, ha explicado la impertinencia de ciertos testigos, cuyo testimonio no se escuchará finalmente en el plenario. El más relevante es el del rey Felipe VI o el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. En el caso del monarca, el tribunal recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exceptúa del deber de declarar como testigo. Y sobre el testimonio de Alfonsín, la Sala sostiene que “el proceso penal no admite la declaración del testigo ‘por sustitución” tal y como argumentaban ciertas defensas. Esta fórmula sólo se permite para el testigo principal.





El tribunal ha optado por realizar un listado extensivo de testigos y admitir prácticamente todos los propuestos. Por ejemplo, tendrá que acudir el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su exnúmero 2, Soraya Sáenz de Santamaría o el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. También desfilarán altos cargos de la Generalitat, de todas las Consellerias afectadas, además de numerosos miembros de la Guardia Civil o votantes en el referéndum del 1 de octubre.

Además, se podrá escuchar el testimonio de los máximos mandos de los Mossos d’Esquadra, quienes tendrán que explicar si incumplieron el operativo para evitar la votación o por el contrario porqué lo permitieron. Entre ellos estará el mayor Josep Lluis Trapero, quien aunque acuda como testigo también se le guardará su doble condición, al encontrarse procesado por los delitos de rebelión en la Audiencia Nacional por estos mismos hechos.

Lo mismo ocurrirá con los miembros de la Mesa del Parlament,que en el último momento han salido del proceso del Tribunal Supremo y se les admitió que sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Todos ellos acudirán al juicio en esta doble condición y estarán exentos de responder aquellas preguntas que les pueda perjudicar en su causa penal. Lo mismo le sucede a la exdiputada de la CUP Mireia Boya o al exnúmero 2 de Junqueras en la Conselleria de Economia Josep María Jové, investigado en la causa sobre la organización del 1-O seguida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.






Principales ausencias

Los siete magistrados que componen el tribunal han tenido que argumentar las razones por las qué se ha rechazado a algunos de los testigos propuestos. Así, en el caso de Pérez Rubalcaba, Vox lo solicitaba como portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados que fue, para que declare respecto a la creación y labores realizadas por el Comité creado por un representante de éste, junto con un representante de Mariano Rajoy y un tercero de Artur Mas, para negociar la organización y celebración de un referéndum el 9 de noviembre de 2014. El tribunal explica que “su propuesta se relaciona, por tanto, con hechos anteriores al referéndum del 9 de noviembre de 2014, sin conexión con los que ahora son objeto de enjuiciamiento”.

La acusación también pedía el testimonio de la periodista Pilar Rahola por unas declaraciones que dijo en 1995 “expresando que el objetivo final de ERC es que Catalunya ejerza el derecho de autodeterminación y se declare estado independiente, para que declare respecto a la implicación de los procesados en la estrategia de comunicación a favor del referéndum, incluso con violencia”. La Sala considera, sin embargo, “prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta, referidas, además, a un período de tiempo que se remonta por la acusación hasta el año 1995”.






Puigdemont, “incompatible”

Las defensas estaban muy pendientes de una posible declaración como testigo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que incluso se había ofrecido declarar por videoconferencia, al igual que la número 2 de ERC, Marta Rovira. Sin embargo, la Sala estima que dado que ambos se encuentran en rebeldía a pesar de estar procesados en esta misma causa, es “manifiestamente incompatible” su declaración como testigo.

Los letrados de los acusados también han querido introducir en la vista oral el polémico mensaje reenviado por el senador del PP Ignacio Cosidó sobre el posible nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo. De hecho, la publicación de ese mensaje, en el que se hablaba de controlar la Sala de lo Penal del alto tribunal desde atrás, supuso que el propio Marchena renunciara al cargo.

No obstante, el tribunal considera que esos hechos no tienen nada que ver con la causa penal por el ‘procés’ y rechaza todas las pruebas encaminadas a este aspecto, como la propia declaración como testigo de Cosidó.


Debates ajenos

Otra de las partes que el tribunal no ha querido introducir es todo lo que tiene que ver con relatores de Naciones Unidas u observadores internacionales. Así, se rechaza la declaración de Dvid Kaye, relator especial de Nacionales Unidas; Alfred de Zayas, experto independiente del Alto Comisionado de la ONU o la del príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, exalto comisionado de derecho humanos de la ONU, tal y como solicitaba la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





También solicitaba el testimonio de Ahmed Galai, premio Nobel de la Paz; el lingüista Noam Chomsky, los sociólogos Saskia Saqsen y Richard Sennett, o la del historiador Paul Preston. “La Sala estima que las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles, sin embargo, cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación»”, recoge la resolución.

El tribunal explica que en el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. “No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos. El objeto del presente proceso ha sido definido por los escritos de acusación formulados por el fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular. No puede ser enriquecido con debates ajenos a lo estrictamente fáctico y jurídico”.


Sin pruebas de un posible estado de sitio

Otra prueba que queda fuera del juicio son las actas confeccionadas por el Consejo de Ministros durante los años 2012 a 2018 en las que se haya debatido – o incluso- propuesto al Congreso la declaración del estado de sitio, tal y como solicita el expresidente de ANC Jordi Sánchez.





”El rechazo de esa prueba se explica por la amplitud de los términos en que ha sido redactada –son seis años de acuerdos semanales- y, sobre todo, por su falta de necesidad. Las valoraciones de los integrantes del Consejo de Ministros -de haber éstas existido- acerca de la posibilidad de declaración del estado de sitio durante un período de seis años carecen de utilidad para el enjuiciamiento de los hechos que las acusaciones atribuyen a los procesados”, recoge el auto.


No a las valoraciones “personales” de políticos

El tribunal tampoco ha aceptado que se incorporen como prueba manifestaciones de diversos dirigentes políticos tanto catalanes como del anterior gobierno. La defensa del exconseller Jordi Turull solicitaba, entre otros, que formara parte de la prueba una entrevista al exministro de Justicia Rafael Catalá de febrero de 2018 sobre el conflicto catalán. La Sala rechaza oir “declaraciones de responsables políticos que no expresan sino valoraciones personales sin idoneidad para formar la convicción probatoria sobre los hechos enjuiciados”.








Fuente: LA Vanguardia

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