El Tribunal Supremo (TS) permitirá que los presos del 1-O que sean elegidos el próximo 28-A puedan acudir al Congreso o al Senado, según los casos, a recoger sus correspondientes actas como parlamentarios. De momento, es el único punto indiscutido con respecto a las posibles repercusiones de las elecciones generales en el desarrollo de la vista que tiene lugar en el Alto Tribunal, cuya finalización difícilmente se producirá antes de junio.

Tanto en el Supremo como en la Junta Electoral Central (JEC) se coincide en estimar que las previsiones legales son muy claras en cuanto al ejercicio del derecho de participación política de los presos preventivos. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez se presentan a los comicios, los dos primeros en las listas de ERC y los otros tres en las de JxCat. Todos ellos han solicitado al TS su puesta en libertad, para participar en la campaña. El TS dio el pasado viernes 24 horas a las partes del proceso para que expresen su postura ante esta solicitud. Ese plazo concluye hoy, y lo previsible, a la vista de todos los antecedentes del caso, es que la Fiscalía informe desfavorablemente la petición.





Una vez resuelta la petición de libertad, el TS estudiará la solicitud de celebrar actos electorales en prisión. Instituciones Penitenciarias ha informado desfavorablemente sobre estos actos, porque estima que las prisiones carecen de medios apropiados para llevarlos a cabo. El Supremo, en principio, no va a poner obstáculos para que se celebren, pero el criterio dominante es que hay que dejar el asunto en manos de la Junta Electoral Central y de las autoridades penitenciarias.

Sobre este punto existe cierta división en la Junta Electoral. Dos miembros de esta institución se pronunciaron la semana pasada a favor de permitir la organización de algún acto electoral en la cárcel por parte de los presos del 1-O. Pero nueve integrantes de la misma Junta fueron del parecer de que el asunto ha de ser resuelto por el Supremo. La JEC está compuesta por un total de 13 miembros, pero dos de ellos, los magistrados Luciano Varela y Ana Ferrer, no participan en los asuntos que tengan algún punto de conexión con el 1-O, porque ambos forman parte del tribunal que juzga el caso. En el TS y la Junta se ve muy necesario que la decisión que se adopte permita el ejercicio de los derechos políticos de las personas privadas de libertad, en la medida en que están en plenitud de sus derechos fundamentales, como presos preventivos, no sujetos a condena firme. Tanto el TS como la Junta quieren impedir a toda costa que una hipotética limitación indebida de los derechos de participación política de los presos pueda traducirse luego en un pronunciamiento contra el Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).




Fuente: LA Vanguardia

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