El Tribunal Constitucional ha anulado la forma en que se calcula la pensión de los trabajadores que han cotizado a tiempo parcial por ser «discriminatoria». La sentencia está en línea con la que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo por el caso de una trabajadora en Castilla y León, que ya advertía de que la fórmula española podía ser ilegal. No obstante, dejaba al Tribunal Superior castellanoleonés que decidiera sobre el asunto, algo que finalmente ha hecho el máximo intérprete de la Constitución.

Para el tribunal, el precepto legal anulado ahora, incluido en la Ley General de la Seguridad Social, no sólo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además «constituye una discriminación indirecta por razón del sexo», ya que «estadísticamente» la mayor parte de ellos son mujeres.

No es la primera vez que el Constitucional y la Justicia Europea ven discriminatoria la regulación española sobre los trabajadores a tiempo parcial por generarse una situación de desigualdad. Esta viene  provocada por el hecho de que las mujeres suponen la gran mayoría de este tipo de empleados. Ya sucedió con la forma en que se contabilizaban los 15 años necesarios de cotización para acceder a una pensión contributiva en 2013 y generó un cambio legal que contó con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados.

El razonamiento del alto tribunal es que la forma en que se calcula la pensión de los trabajadores que han trabajado a media jornada es discriminatoria. Y que, además, esta discriminación se ceba más en las mujeres porque «estadísticamente» son ellas la inmensa mayoría de quienes tienen este tipo de empleo. En España, en el primer trimestre del año, había 2,9 millones de ocupados a tiempo parcial. De ellos, 2,16 millones son mujeres, el 74,5%.

Desde la Seguridad Social apuntan que están estudiando la sentencia, conocida este miércoles, y que están preparando los cambios informáticos necesarios para que puedan reconocerse las pensiones de estas trabajadoras cuando entre en vigor, esto es, al publicarse en el BOE.




Fuente: El Pais

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