Es motivo de orgullo que nuestro país sea ejemplo de garantismo judicial, en definitiva, de defensa de las garantías constitucionales del ciudadano, ante posibles abusos del poder que es preciso neutralizar. Eso tiene que ver con el respeto de la ley, por encima de cualquier otra consideración.

Pero no todos se muestran satisfechos con el trasiego, motivado por desencuentros entre instituciones, que dilatan los procedimientos y retrasan la acción de la justicia.

El garantismo, que refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos españoles, se ve empañado por una sensación inevitable. Y es que las instituciones se acaban pasando la pelota, unas a otras, sin perjuicio de que siempre quepa una última solución que dará el Tribunal Supremo (TS).

Dos muestras recientes de ello son: la candidatura por España del que fue presidente de la Generalitat en las elecciones al Parlamento Europeo (anhelo ahora consumado) y la porfía sobre la suspensión del ejercicio de los parlamentarios presos recién elegidos y prometidos.

La suspensión en el ejercicio del cargo llevó a la sala del Tribunal Supremo a resolver que sería una “injerencia” del poder judicial en el legislativo. De manera que remitió un oficio a ambas cámaras para que, como órgano competente, acordase la suspensión a los cinco políticos en prisión preventiva.

El mismo día en que el ministerio público pedía al TS la suspensión de los parlamentarios, la presidenta del Congreso solicitaba un informe a la Sala del Supremo, sobre la aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La respuesta del Supremo no se ha hecho esperar, lo que ha contribuido a agravar el pulso institucional, al devolver a la Cámara Baja la decisión sobre los ­diputados presos, en base a que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”.

De paso, ha reiterado que la respuesta no está en la LECrim sino en el reglamento del Congreso (artículo 21), que incluye la previsión de congelación preventiva del cargo en situación de procesamiento firme y prisión preventiva.

En la refriega que se derivó a propósito de la candidatura al Parlamento Europeo, en su ­respuesta al recurso presentado por los líderes secesionistas, el TS mató tres pájaros de un tiro, al considerar que podían presentarse a las elecciones europeas; ­devolver el caso a la justicia ­ordinaria, para que se mojase y tomase la decisión final, y afear la “extravagancia” de quienes habían recurrido simultáneamente el veto a su candidatura ante el TS, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y la Junta Electoral Central.

Los magistrados, al tiempo que advirtieron que el sufragio pasivo (ser candidato) es “un derecho fundamental que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos españoles” (tan esencial que la ley solamente restringe su ejercicio cuando haya sentencia firme condenatoria), rechazaron las acusaciones de quienes –en su batería de recursos– habían denunciado la tan traída y llevada por ellos falta de claridad en la ley e incompetencia de los tribunales españoles.

La Junta Electoral Central (JEC) consideró que la condición de candidato está vinculada a la de elector, y esta, a su vez, tiene como requisito la inscripción en el censo electoral, para lo que es imprescindible residir en España. Y aplicó a los tres políticos el 384 bis de la LECrim. Los aspirantes aprovecharon el barullo institucional para imputar al árbitro (la JEC) intencionalidad política con el objetivo de apartarlos de la carrera electoral.

La Fiscalía les dio la razón a los demandantes, considerando que la decisión de excluirles de la lista, al no residir en España, “vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo”. De manera que tres tribunales elevaron a la Sala Tercera del TS la patata caliente de decidir si quienes, eludiendo la justicia española, podían presentarse a las elecciones euro­peas, tras haber sido excluidos por la JEC.

La tesis del Supremo, coincidente con la de la Fiscalía, que había dado la razón a los candidatos exiliados, no dejó de pasmar a parte de la opinión.

En la otra orilla del litigio se pretendía que no son fugados, ya que la justicia española sabe ­dónde están y fue el juez instructor quien renunció a las euro­órdenes. Sin que por ello haya que ignorar que han eludido, y siguen haciéndolo, la jurisdicción de los tribunales españoles. Y se preguntan: ¿acaso el Reino de ­España no confía en la justicia ­europea?

Frente a estos interrogantes, la respuesta resulta palmaria: ¿cómo una persona que ha ido contra la Constitución española y que aprovecha las rendijas del sistema para ponerlo en evidencia, puede representar a España ante Europa?

Para los magistrados del Supremo, la situación de rebeldía penal no impide ser candidato en unas elecciones y la aplicación extensiva del 384 bis no resulta admisible. Pero el pleito no acaba aquí. La defensa de los exiliados estriba en que, desde el momento en que obtengan el escaño en las urnas, gozarán de inmunidad parlamentaria, por lo que no pueden ser detenidos si viajan a España para jurar el cargo, tal vez apelando a que se aplique de forma retroactiva la protección de que gozan los parlamentarios, nacionales y europeos.

Esto no coincide con el criterio de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que ya anticiparon que los tres candidatos, si resultan elegidos, tendrían que acudir obligatoriamente al Congreso de los Diputados para recoger su acta y no gozarían de inmunidad hasta el 2 de julio, cuando está prevista la constitución de la nueva Eurocámara. Eso implicaría que pudiesen ser detenidos, si viajan a España.

Se impone la ley a la pasión, ­pero la paradoja no se rinde. Y el resultado es que el garantismo penal como forma de representar, comprender, interpretar y explicar la justicia es una fianza para los ciudadanos españoles, aunque no quieran serlo.

No obstante, los lamentos de quienes no entienden complacencias con quienes quieren derribar al Estado, el trasiego –con ida y vuelta– entre poderes (Supremo, Congreso y Fiscalía) ilustra hasta qué punto el garantismo penal es el precinto democrático que convierte el sistema judicial en un bastión en que el respeto de la ley, junto a las cuestiones de procedimiento, son cuestiones cardinales.




Fuente: LA Vanguardia

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