Oriol Junqueras no podrá ser, por ahora, eurodiputado. El Tribunal Supremo ha rechazado conceder al líder de ERC un permiso extraordinario de salida de prisión para asistir el próximo lunes 17 a la Junta Electoral Central con el fin de jurar o prometer su cargo de eurodiputado. Según el tribunal, si Junqueras recoge el acta en Madrid habría que dejarle acudir el 2 de julio a Bruselas para asistir al pleno de Constitución del Parlamento europeo y ese desplazamiento pondría en un “irreversible peligro” los fines del proceso. La decisión del Supremo coincide con la expresada por la Fiscalía, que se había opuesto a que Junqueras recogiese el acta de eurodiputado. Con ello, el Supremo impide de facto a Junqueras ser eurodiputado y adquirir la inmunidad que concede el Parlamento Europeo.

Es la primera vez que el Supremo se opone a que un líder independentista que haya resultado elegido en unas elecciones no recoja el acta. Hasta ahora, siempre había optado por preservar el derecho de representación de los presos preventivos, y les había permitido jurar o prometer su cargo, aunque luego hubiera considerado que debían ser suspendidos, como ocurrió con Junqueras y el resto de acusados del procés que obtuvieron escaño en las elecciones generales del 28 de abril. Pero, según los magistrados, la situación planteada ahora es distinta de la que se produjo entonces.

La sala argumenta el cambio de criterio en varias razones. Entre otras, el estado actual del proceso penal abierto contra los líderes independentistas en el alto tribunal, con el juicio ya concluido y con la deliberación en su fase inicial. Precisamente por ello, resaltan, el deber de asegurar los fines del proceso «adquiere un significado especial, que condiciona la respuesta a cualquier solicitud que pueda deducirse”.

En un auto notificado este viernes, el Supremo explica que si Junqueras recogiera el lunes su acta en Madrid el tribunal estaría «obligado» a permitir que viajara a Bruselas para tomar posesión el 2 de julio. Y ese viaje es el que considera que debe evitar por los «peligros» que entrañaría. Los magistrados advierten de que permitir a Junqueras adquirir la condición de eurodiputado implicaría, de entrada, «la pérdida del control jurisdiccional» sobre la prisión preventiva decretada contra el líder de ERC y ello «desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español”. No pasan por alto, además, que el destino del líder de ERC sería precisamente Bruselas,  el lugar en el que «uno de los procesados en rebeldía», en referencia a Carles Puigdemont, “dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio», cuya presidencia él encarnaría. «Así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales que mantiene con líderes políticos”, subraya la Sala.

La opción elegida, rechazar el permiso a Junqueras, “no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante”, asegura el Supremo, sino que solo supone “su temporal aplazamiento hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria”.

La decisión del Supremo asume la expresada por la Fiscalía, que se había opuesto a que Junqueras adquiriera la condición de eurodiputado. Según el ministerio público, al aspirar al escaño europeo, el líder de ERC “pretende sortear la suspensión de funciones ya acordada” por el Congreso de diputados respecto al escaño que consiguió en las elecciones generales de 28 de abril. Esta situación, según la Fiscalía, debía llevar al Supremo a rechazar la petición de Junqueras en aplicación del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que insta a los jueces a rechazar “las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.

La Fiscalía cree, además, que permitir que Junqueras sea eurodiputado supondría “abrir un escenario en el que podrían producirse interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Porque, según el Ministerio Público, si el líder de ERC recoge sus credenciales el Supremo adquiriría de forma automática inmunidad y el Supremo tendría que pedir permiso a Bruselas para seguir actuando contra él. Aunque el juicio ya ha terminado, los fiscales creen que el tribunal podría verse obligado a demorar la sentencia hasta que el Europarlamento concediera su autorización. “El dictado de la sentencia no puede sujetarse a condición alguna”, advierte el ministerio público, que considera que la exigencia de suplicatorio a estas alturas y la posibilidad de que fuera necesario acordar la suspensión del proceso penal “no constituiría un ejercicio razonable y proporcional de las prerrogativas parlamentarias”.

La Fiscalía considera que se podría aplicar a Junqueras el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el que se ha empleado para suspender a los presos que obtuvieron escaño del Congreso el 28 de abril. Pero el Ministerio Publico sostiene que la aplicación el órgano encargado de hacer efectiva esta aplicación sería el Parlamento Europeo y esta institución no está obligada a aplicar al Lecrim española, por lo que la suspensión de funciones del líder de ERC “no podría ser ejecutada de forma automática”.

La Abogacía del Estado se pronunció en sentido contrario a la Fiscalía. Según el servicio de asesoría jurídica del Gobierno, los autos dictados hasta ahora por el Supremo han establecido que los diputados electos que están en prisión preventiva tienen derecho a tomar posesión porque lo contrario supondría una vulneración de su derecho de participación. La Abogacía considera que, una vez recogidas las credenciales, sería la Junta Electoral Central quien debe valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a Junqueras, “singularmente los efectos del artículo 384 bis” de la Lecrim, cuya aplicación supondría la suspensión de Junqueras también como europarlamentario.

 




Fuente: El Pais

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