El Tribunal Supremo preguntará al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. El tribunal que ha juzgado el procés ha accedido a la petición del líder de ERC de que se dirija al tribunal de Luxemburgo antes de resolver el recurso de súplica presentado por su defensa contra el auto dictado que le denegó un permiso extraordinario de salida de prisión para acudir a la Junta Electoral Central a jurar o prometer su cargo de eurodiputado.

A pesar de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían considerado innecesario preguntar al TJUE, el Supremo ha optado por hacerlo. Aunque en el escrito notificado este lunes deja claro que su consulta se limita a cómo afecta la inmunidad a la concesión del permiso a Oriol Junqueras para salir de la cárcel a recoger el acta. La pregunta del Supremo paraliza la resolución del recurso de Junqueras sobre este asunto, pero no afecta a la situación de prisión de Junqueras ni al resto de la causa, según el Supremo.

Los magistrados formulan tres preguntas al TJUE para aclarar cómo hay que interpretar el artículo 9 del Protocolo nº 7 (sobre privilegios e inmunidades de la UE) cuando se refiere a la inmunidad de los eurodiputados “mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones” y en el caso concreto de un acusado como Junqueras, que ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que no ha cumplimentado los requisitos establecidos por la legislación electoral interna para adquirir la condición de parlamentario (imposibilidad, según el Supremo, derivada de su situación de prisión provisional), de forma que la Junta Electoral no ha comunicado al Parlamento Europeo la condición de eurodiputado.

En caso de que el TJUE haga una interpretación extensiva de la inmunidad, la Sala pregunta también si el Supremo a la vista de la expresión “cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste” del artículo 9 de dicho Protocolo, estaría obligada a levantar la situación de prisión “en términos absolutos, de modo casi automático”, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo “sin ponderar” otros intereses en juego como, por ejemplo, los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso que son en los que se basó la sala que preside Manuel Marchena para vetar la salida de la cárcel de Junqueras para recoger el acta.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, había pedido que al tribunal acudir al TJUE para que “delimite los poderes de las autoridades nacionales a la hora de decidir los requisitos complementarios que pueden exigir una vez finalizado el proceso electoral a un ciudadano tras su proclamación como diputado electo”. Pero también, pedía que determinara el “momento” en el que la persona que ha sido electa como eurodiputadatiene inmunidad. Es decir, que conteste si está protegido desde la proclamación como diputado y por tanto se le permite realizar los trámites para tomar posesión como eurodiputado. De lo contrario, dice el abogado, “se le estaría otorgando a las autoridades nacionales un poder que no se deriva del acta electoral europea”.

Es la primera vez que la sala que juzga el procés se dirige al TJUE y, en su auto, los magistrados exponen al tribunal europeo algunas de las claves de la causa. Entre otras, le recuerda que los delitos que se han juzgado son «de naturaleza especialmente grave», así como la gravedad de las penas solicitadas cotra ellos y el riesgo que se deriva del hecho de que varios coprocesados se han fugado. La Sala señala, además, la “reiterada desconfianza hecha pública una y otra vez» por Junqueras acerca de la capacidad del Supremo para garantizar un proceso justo. «Con esa afirmación se hace bien visible la ausencia de toda voluntad por el señor Junqueras de permanecer a disposición de esta Sala”, afirman los magistrados, que explican al TJUE que vetaron la salida de España del acusado para asegurar los fines del proceso penal. A esa negativa por parte del Supremo ha contribuido también, según el tribunal, «la incomprensión de las euroórdenes cursadas como instrumento de cooperación internacional en la lucha contra delitos de especial gravedad», en referencia a las fracasadas euroórdenes dictadas contra Carles Puigdemont, y el amplio sustento de organizaciones sociales y del propio Gobierno autonómico al que pertenecía Junqueras.




Fuente: El Pais

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