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El Síndic reclama más acuerdo político para combatir las desigualdades sociales


El Síndic
de Greuges ha recibido durante el año 2018 un total de 10.495 quejas procedentes de 14.000 personas, dado que algunas son colectivas. Es la cifra
más
elevada después del año 2015. También ha atendido 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio. Se han hecho 136 desplazamientos a 106 municipios y, en global, se han tramitado 26.000 expedientes.

El síndic, Rafael Ribó, ha destacado estos datos al president del Parlament, Roger Torrent, a quien ha entregado este lunes, 11 de febrero, el Informe al Parlamento 2018, el último del mandato para el que fue elegido en 2010.






Inestabilidad política

Durante la audiencia mantenida con el president del Parlament, Ribó ha expresado su preocupación por la inestabilidad política que se ha vivido en Catalunya durante el año 2018, agravada por la introducción de medidas obstaculizadoras e intervencionistas que han dificultado la gobernabilidad. En este sentido, ha alertado de que el principal damnificado siempre acaba siendo el más vulnerable, que es quien más protección de la Administración requiere.


Políticas sociales

Las cifras apuntan en esta línea. El incremento más significativo de quejas se ha registrado en el ámbito de las políticas
sociales, que ha superado el umbral del 30% (32%) respecto a la totalidad de problemáticas planteadas. Y de manera aún más concreta se han podido constatar las dificultades que se han encontrado las personas en riesgo de exclusión social. Nunca como hasta ahora el Síndic había recibido tantas quejas en que una misma persona aglutinara tal cantidad de problemas de índole diversa.

Son frecuentes los casos en que a partir de la denegación o no resolución sobre la renta garantizada de ciudadanía se entra en una rueda que deriva en situaciones graves de pobreza energética e incluso de desahucios. Situaciones que pueden llegar a ser aún más dramáticas si se trata de personas con niños a cargo. De hecho, la mayoría de quejas en estos ámbitos han sido presentadas por mujeres. El género está muy presente en esta realidad, y el Síndic insta a elaborar e implementar políticas sociales desde esta perspectiva.


Actuaciones destacadas por materias

Los datos de 2018 presentan un incremento en el número de intervenciones de dos ámbitos particularmente relevantes. Uno es el de administración pública, en concreto de participación ciudadana, dado que muchas personas consideran que se han vulnerado sus derechos civiles y políticos, como el derecho de manifestación o de libertad de expresión, el derecho a ser representadas por las personas a quienes han votado o la neutralidad del uso de espacios públicos, entre otros.





Ahora bien, el incremento más significativo de este año se ha producido en el ámbito de las políticas sociales. El año 2018 ha sido especialmente duro para las personas en riesgo de exclusión social.


Inadecuada respuesta de las administraciones

Las vulneraciones en materia de vivienda han supuesto un aumento de quejas y han puesto de manifiesto la falta de un parque de viviendas social suficiente y el colapso de las mesas de emergencia residencial. Respecto al parque de viviendas, el Síndic pone el foco en el papel de la SAREB, que ha mostrado una voluntad muy escasa de contribuir a resolver las dificultades para acceder a una vivienda asequible.

El Síndic considera que el Gobierno del Estado debería legislar sobre la obligación de la SAREB de ceder al menos un 30% de sus viviendas para destinarlos al alquiler social.


Desahucios

Por otra parte, las quejas recibidas este año constatan un incremento significativo de las situaciones de emergencia social y económica. Se trata de situaciones graves y sobrevenidas de pérdida de la vivienda habitual, principalmente como consecuencia de procedimientos judiciales de desahucio, que requieren una respuesta inmediata de la Administración.

Las mesas de emergencias están desbordadas por el incremento de las necesidades de vivienda y los plazos de resolución son excesivamente largos. Asimismo, la demora excesiva en la asignación de una vivienda después de que la mesa haya dictado una valoración favorable, sobre la que ya advirtió el Síndic el año pasado, lejos de solucionarse, se ha incrementado. En vista de ello, el Síndic considera improrrogable la aprobación de un plan de choque para darle solución.






Renta garantizada de ciudadanía

El Síndic ha recibido cientos de quejas por la denegación o la falta de respuesta a la solicitud de la renta garantizada de ciudadanía y también por la falta de información sobre las diferentes prestaciones que prevé la Ley 14/2017. De hecho, el Síndic ha detectado numerosas deficiencias. Por ejemplo, en el hecho de que se haya arbitrado una solicitud única para los dos tipos de prestaciones y que no se identifique de entrada cuál es la prestación que se está tramitando.


Demoras

Las lagunas en la información, entiende la institución, también se manifiestan en las resoluciones administrativas que se dicten en estos procedimientos. Asimismo, se han detectado demoras importantes en la resolución de los procedimientos.

Finalmente, es una carencia relevante para el Síndic la inexistencia, más de un año después de la entrada en vigor de la Ley, de su reglamento de desarrollo. Este despliegue es necesario, por ejemplo, para asignar y clarificar las competencias y las funciones concretas de los diversos órganos y servicios, para definir con detalle el procedimiento de tramitación de las solicitudes, y para hacer efectiva la posibilidad de concesión de la prestación en los supuestos de excepcionalidad que deberían permitir atender situaciones no cubiertas inicialmente por la Ley.






El bono social

Respecto del bono social de la electricidad, el Síndic ya apuntó que la aprobación por Real Decreto 897/2017 comportaba un procedimiento para gestionar el bono que era complejo y confuso. Asimismo, se preveía que esta dificultad se agravaría por el hecho de que se trata de procedimientos y actuaciones que debían ser impulsados por personas vulnerables y que implican administraciones y empresas de diferentes niveles y competencias.

Desgraciadamente, las quejas recibidas durante el año 2018 han confirmado esta previsión y han puesto de manifiesto la exclusión del bono social eléctrico de colectivos que, como los perceptores de pensiones de viudedad, disfrutaban de esta ayuda en la factura eléctrica según la normativa anterior, vigente desde 2009.


Renovación

La necesidad de renovar la solicitud del bono social durante el año 2018 en todas las personas que lo tenían reconocido anteriormente también ha sido una fuente de quejas, especialmente por los problemas que genera la tramitación de la solicitud ante las empresas comercializadoras de electricidad.


Libertad de expresión

El año 2018 ha habido un incremento significativo de las solicitudes de intervención del Síndic en el ámbito de los derechos civiles y políticos; muchas vinculadas a las manifestaciones y vulneraciones de la libertad de expresión o la neutralidad de los espacios públicos.





Una de las controversias más agudas vividas este año en torno a los límites a la libertad de expresión ha sido la exhibición de elementos reivindicativos de color amarillo en las fachadas de residencias individuales y en las paredes, vallas, rejas, tierra, entre otros, de espacios públicos. Asimismo, algunos edificios de la Administración autonómica y local también los han exhibido.


Derecho de las personas físicas

Con respecto específicamente a la colocación de carteles y otros elementos con connotación ideológica en las dependencias de las administraciones públicas, el Síndic recuerda que debe entenderse como ejercicio del derecho de libertad de expresión de las personas físicas que, materialmente, llevan a cabo estas actuaciones y no de la Administración como tal.

También remarca que los edificios públicos, y en general los bienes afectados al uso público o los servicios públicos, se destinarán a su uso general o la prestación de servicios públicos, y que sólo excepcionalmente pueden ser objeto de otras utilizaciones y siempre que no contradigan los intereses generales.


Agresiones al territorio

Con signos de recuperación económica y más disponibilidad de recursos por parte de las administraciones públicas, comienza a proliferar la ejecución de obras públicas y privadas.

En cuanto al ámbito privado, el Síndic continúa preocupado por la proliferación de proyectos urbanísticos con dimensión especulativa, tal como ha puesto de manifiesto en el informe monográfico presentado en mayo de este año. Los impactos irreversibles sobre el territorio y la falta de consideración de la alternativa cero como una posibilidad real en los informes de impacto ambiental son algunas de las consideraciones que se hacen.






Contaminación en Barcelona

En el ámbito del medio ambiente, el Síndic ha estudiado las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Barcelona para reducir los altos niveles de contaminación del aire en la ciudad y su área metropolitana. Teniendo presente que el problema principal es el dióxido de nitrógeno que supera el límite de media anual que fija la Unión Europea, y que el 80% del NO2 del tráfico proviene de los vehículos diesel, el Ayuntamiento ha aprobado restricciones de circulación en una zona de bajas emisiones del ámbito de las rondas en caso de episodios de contaminación por NO2, con el horizonte que en 2020 los turismos más contaminantes no puedan circular dentro de esta zona de bajas emisiones.

El Síndic considera que estas medidas son necesarias, si bien hay que tener presente algunas necesidades específicas, en forma de exenciones, como personas jubiladas o con movilidad reducida que no puedan hacer frente a la compra de un nuevo vehículo.


Potenciar otras medidas

Asimismo, son insuficientes y hay que seguir potenciando otras medidas, tales como el uso de la bicicleta, del car pooling, el uso de vehículos de energías alternativas, la mejora de la conexión en la red de transporte público en el área metropolitana de Barcelona, el cierre del acceso de las zonas de la ciudad más contaminadas, la creación de un peaje de congestión, etc.


Consumo

El Síndic ha recibido quejas por las prácticas de cobro de deudas que llevan a cabo agencias de recobro que actúan por cuenta de empresas suministradoras, con relación a personas que se encuentran en situación de pobreza energética. Estas quejas relatan acoso telefónico y recepción de escritos de reclamación de la deuda, con la advertencia de la interposición de actuaciones judiciales o de la inclusión de los datos personales en registros de solvencia económica.

El Síndic entiende que no es aceptable que una persona que se encuentra en situación de pobreza energética, y que así ha sido acreditada legalmente, se vea sometida a una actuación de persecución en reclamación de una deuda en concepto de suministros básicos por parte de una empresa suministradora, cuando esta empresa es plenamente conocedora de la situación de riesgo de exclusión residencial.




Fuente: LA Vanguardia

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