El Síndic de Greuges de Catalunya ha impulsado este martes una Comisión independiente para prevenir y ayudar a reparar los casos de abusos sexuales a menores por parte de representantes de la Iglesia Católica, además de incorporar un nuevo servicio específico de atención a las víctimas.

El síndic, Rafael Ribó, ha anunciado que la creación de la “Comisión para la prevención y reparación de los abusos sexuales de menores por representantes de la Iglesia Católica” es una respuesta al “creciente número de casos de abusos, prescritos y no prescritos, denunciados públicamente en Catalunya los últimos meses” y que afectan a diversas ordenes religiosas, como la abadía de Montserrat.





“La Comisión tiene la función de escuchar a las víctimas, valorar los casos, examinarlos, evaluar los daños físicos y emocionales y, finalmente, proponer diferentes vías de reacción”, ha relatado Ribó, que ha puntualizado que con este comité los denunciantes podrán solicitar una reparación por parte de la Iglesia.

“Entendemos como reparación el reconocimiento de un abuso sexual infantil y sus respectivos efectos por parte de un representante legítimo de la Iglesia Católica a la víctima”, ha descrito el Síndic, que ha remarcado que este procedimiento también podrá comportar una compensación económica para las familias.

En este sentido, el síndic ha remarcado que el procedimiento de reparación tendrá en cuenta tanto los casos vigentes, dónde la Comisión orientará al afectado hacia la denuncia correspondiente, como los prescritos, los cuales actualmente “no tienen respuesta ni por la vía penal ni por la civil”.

Por otra parte, Ribó también ha informado que el Síndic ha ampliado sus instrumentos de atención a las víctimas incorporando una línea telefónica gratuita (900 922 488) y una dirección de correo electrónico (abus.sexual@síndic.cat) para atender “específicamente” estos casos mediante un equipo especializado en este ámbito.

En términos de prevención, ha explicado que ya han contactado con los obispados con sede en Catalunya y con los representantes de las congregaciones religiosas catalanas para “solicitarles una interlocución activa y que aporten información sobre las actuaciones internas que usan para prevenir, detectar y dar respuesta a los abusos sexuales a menores”.





Los miembros de la Comisión son el catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del programa de Criminología, Josep M. Tamarit, la profesora de la Universidad de Barcelona Noemí Pereda, y la médica de familia y miembro del Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de Tortura Olga Casado.


El arzobispo de Barcelona critica que la comisión se centre únicamente en l as víctimas de la Iglesia

El cardenal Joan Josep Omella durant la compareixença per valorar la iniciativa del síndic, a l’Arquebisbat de Barcelona, el 7 de maig del 2019. (Horitzontal)
(Miquel Codolar / ACN)

Por su parte, la Iglesia ha criticado que la comisión se centre únicamente en las víctimas de la Iglesia. El cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha considerado que debería ser “para ayudar a todas las víctimas, no solo a las de la Iglesia católica”.

“Los abusos desgraciadamente tocan muchos otros estamentos de la sociedad, como serían los centros recreativos, escuelas públicas, los polideportivos, las familias y otras instituciones”, ha criticado el arzobispo, por lo que ha pedido al Síndic “una mirada más amplia” para ayudar a todas las víctimas.





El cardenal ha detallado que en dos ocasiones se ha encontrado con el Síndic para tratar esta cuestión y le ha trasladado que conviene “tener una especial atención cuando un delito está prescrito, porque esto ya toca el tema jurídico” y también han hablado de la “presunción de inocencia” tanto de las personas que han abusado en el pasado y ya han fallecido como los casos actuales.

Pese a su crítica, según expone en una nota, el Arzobispado de Barcelona ha expresado a Ribó su voluntad de “colaborar para establecer todas las medidas” que ayuden a erradicar esta lacra social, y ha recordado que la Santa Sede cuenta con unos “estrictos protocolos” para poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier denuncia que llegue a un tribunal eclesiástico y que pueda comportar la comisión de un delito. El comunicado añade al final que “el culto religioso es un ámbito ausente de las competencias de supervisión de la Sindicatura, delimitadas por el artículo 78.1 del Estatuto de Autonomía”.








Fuente: LA Vanguardia

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