Si el pazo de Meirás, con toda su histórica carga de polémica, no tenía una venta fácil, ahora a los nietos de Francisco Franco todavía les va a costar más deshacerse de ese monumental lastre de la Memoria Histórica a cambio de los ocho millones que piden. La mansión y su finca están a la venta desde hace más de un año en un portal inmobiliario de lujo, MiKeli, con sede física en Cantabria, por una cantidad rebajada, aproximadamente la mitad del precio de mercado que podría pedirse. El pasado día 12, después de recibir la demanda del Estado (que reclama la propiedad al considerar que la adquisición por parte del dictador fue «fraudulenta») y admitirla a trámite, la juez titular de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenó su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad.

En su propia demanda, presentada ante el juzgado el pasado miércoles, los abogados del Estado pedían que se tomase esta medida cautelar para alertar a cualquier persona interesada en comprar el pazo. Según informa hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la magistrada ha dado ya este paso. El dictador inscribió el inmueble a su nombre una vez que formalizó ante notario un contrato de compraventa con la nuera de la primera propietaria de la finca, Emilia Pardo Bazán, en 1941. El hallazgo por parte de la Abogacía del Estado de un acta de 1938 por el que la hija política de la escritora ya vendía la heredad a la Junta pro Pazo, demuestra, según la Abogacía del Estado, que no era posible la venta tres años después, y que por lo tanto la transacción de 1941 fue «fraudulenta». Se trataba, supuestamente, de un amaño al que se prestó la antigua propietaria en plena posguerra para que el pazo pasase a pertenecer directamente al patrimonio particular de Franco y no a la Jefatura del Estado.

El documento del que se sirvió el dictador para inscribir a su nombre en el Registro el inmueble estaba firmado por la nuera de Pardo Bazán, Manuela Esteban-Collantes, y por Pedro Barrié de la Maza, dueño del Banco Pastor, que había recibido 10 días antes poderes de Franco para representarlo en el acto de compraventa ante notario. Si los herederos de Pardo Bazán, según el acta de 1938, habían recibido por la mansión y sus jardines 406.346 pesetas (con una hipoteca del Pastor que se pagó con una recaudación popular forzosa), el contrato de compraventa de 1941 recoge que la presunta venta ficticia a Franco se llevaba a cabo por 85.000 pesetas. Este precio, casi la quinta parte del anterior, que además se había pagado en plena penuria de la Guerra Civil, es calificado por los abogados del Estado de «irrisorio».

A la demanda del Estado, que deberá tener en cuenta cualquier hipotético aspirante a la compra de Meirás, se suma también una advertencia del Ayuntamiento de Sada, el municipio coruñés donde se ubican las torres que mandó construir a finales del XIX la condesa de Pardo Bazán. En febrero de 2018, ante la posibilidad de uso hotelero sugerida en sus declaraciones por el gerente de la inmobiliaria MiKeli, el Consistorio avisó de que «jamás» permitiría un cambio de uso para el pazo de Meirás, algo que tendrá que ser aprobado por el pleno necesariamente. «Jamás autorizaremos un cambio de uso a no ser que sea para equipamiento público o sistema general público», advertía el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría): Meirás «es y seguirá siendo residencial hasta que se ponga fin a la vergüenza de su detentación por los Franco, y se pueda incorporar al patrimonio público».

Si estas medidas no fueran suficientes para disuadir a cualquier comprador, están además otras obligaciones que pesan sobre las Torres de Meirás desde que en 2007 la Xunta empezó a tramitar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). La ley obliga a los propietarios a notificar a la Administración cualquier aparición de un comprador para un BIC que se ha puesto a la venta. Si hay una oferta sobre la mesa, la Xunta se reserva el derecho de tanteo.

Lo mismo sucede con las estatuas del taller del Maestro Mateo, de los profetas Isaac y Abraham, que formaban parte de la fachada románica de la catedral de Santiago. En manos de los Franco desde los años 60, fueron reclamadas judicialmente por el Ayuntamiento de Santiago y en febrero la juez Adelaida Medrano, de Madrid, declaró en primera instancia legítimos dueños a los nietos del dictador. El fallo todavía está pendiente del recurso que presentó a continuación el consistorio, que considera suyas las esculturas de piedra. Las piezas históricas se exhiben actualmente en la capilla del Pazo de Meirás porque deben mostrarse, al menos, cuatro días al mes desde que hace dos años la Xunta las declaró BIC. La familia de Franco no las puede extraer del país sin autorización expresa del Gobierno gallego, y en cualquier posible intento de venta, la Administración tendrá prioridad. Con este mismo objetivo, dificultar su hipotética venta, el Ayuntamiento de A Coruña y asociaciones por la memoria de esta ciudad gallega piden que la Xunta declare BIC el Palacio de Cornide, un caserón urbano que también cayó en la cesta del patrimonio de Francisco Franco y Carmen Polo durante la dictadura. El edificio fue subastado en 1962 y de nuevo quien se presentó a la puja y lo adquirió fue Pedro Barrié de la Maza con el propósito de entregárselo de forma inmediata a la esposa del Generalísimo.

El BNG pide reclamar a los Franco el Palacio de Cornide

EP

El BNG de A Coruña presentará en el próximo pleno ordinario de la ciudad una iniciativa para que el Ayuntamiento inicie acciones legales con el fin de recuperar el Palacio de Cornide, ahora en manos de la familia del dictador Francisco Franco, del mismo modo que esta haciendo la Abogacía del Estado con el Pazo de Meirás.

«El BNG celebra la demanda de la Abogacía del Estado a la familia Franco por la venta fraudulenta del Pazo de Meirás», ha señalado en rueda de prensa el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, acompañado por la concejala Avia Veira.

Para Veira, el caso de la Casa Cornide «está aún más claro porque la puja estuvo claramente amañada y porque el inmueble era propiedad pública hasta 1962». «Es la propia carta que le envía el secretario personal de Francisco Franco, Ricardo Catoira, a Juan Sánchez-Cortés y Dávila, subsecretario de Hacenda donde se detallan los movimientos que las Administraciones públicas tuvieron que hacer para cumplir el capricho de la esposa de Francisco Franco de obtener un inmueble en el centro de la ciudad encubriendo una adjudicación directa de un bien público», concluye Jorquera.

La formación nacionalista argumenta que «el nuevo escenario provocado por la demanda de la Abogacía del Estado obliga a que el Ayuntamiento de A Coruña actúe judicialmente» para recuperar este inmueble.




Fuente: El Pais

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