El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson (a la izquierda), con su homólogo de Irlanda, Leo Varadkar, este lunes. AIDAN CRAWLEY GETTY

Boris Johnson ha recibido este lunes un baño de realismo de su colega irlandés, el primer ministro Leo Varadkar. «La historia del Brexit no terminará si el Reino Unido abandona finalmente la UE el 31 de octubre o el 31 de enero. No existe una ruptura limpia. No es posible acabar de un plumazo con el asunto. Al contrario, entraremos en una nueva fase», ha dicho el jefe del Gobierno irlandés en una rueda de prensa conjunta con Johnson en Dublín. Duras palabras por parte del país europeo que más teme las consecuencias de un Brexit salvaje, pero que más firme debe mostrarse ante Londres para que quede claro que la UE no va de farol en esta crisis.

«Si acaba por no haber un acuerdo, una posibilidad que hoy es muy real, las consecuencias serán malas tanto para los ciudadanos británicos como para los irlandeses», ha advertido Varadkar. «Deberemos regresar a la mesa negociadora y comenzar de cero. Y los primeros asuntos a discutir serán los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Es decir, todo lo que ya fue acordado de buena fe entre su predecesora, Theresa May, y los 27».

Johnson ha visto cómo el Parlamento le ataba en corto la semana pasada, y cómo su política de mano dura —con la expulsión del grupo parlamentario y del Partido Conservador de los 21 diputados rebeldes— se ha vuelto en su contra. Las dimisiones y abandono del Gobierno de su hermano Jo Johnson, y de la muy influyente ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, en protesta por su estrategia del Brexit, han sido un duro golpe para el primer ministro, quien en las escalinatas del edificio del Gobierno irlandés ha mostrado este lunes un cambio de tono en su discurso: «Yo  también quiero un acuerdo. También he analizado al detalle las consecuencias de una salida desordenada. Un Brexit sin acuerdo sería un fracaso político del que todos seríamos responsables», ha dicho el primer ministro británico, para volver a insistir en que su equipo sigue empeñado en lograr algún pacto con Bruselas que salve la situación actual.

La realidad, sin embargo, contradice los gestos de buena voluntad de un Johnson al que su estrategia se le está torciendo. Downing Street ha confirmado su voluntad de hacer efectiva este mismo lunes la decisión de suspender el Parlamento. Durante cinco semanas, Westminster quedará paralizado y los diputados perderán su capacidad de iniciativa. Antes, el Gobierno volverá a presentar una moción para solicitar un adelanto electoral que está condenada de antemano al fracaso. El Partido Laborista se ha coordinado con el resto de grupos de la oposición para rechazar cualquier adelanto electoral que ponga en riesgo la decisión de solicitar a la UE una nueva prórroga del Brexit. Johnson persigue una convocatoria a las urnas anterior al 31 de octubre, la fecha fijada oficialmente para el Brexit. La fecha sugerida por Downing Street es el 15 de octubre. Dos días antes de la reunión del Consejo Europeo del 17 de ese mismo mes. Contaba el primer ministro con la idea de alcanzar una mayoría suficiente en el Parlamento que le permitiera ignorar el mandato de prórroga aprobado por los diputados.

El debate se centra ahora mismo en la obligación legal del Gobierno de cumplir lo decidido por el Parlamento. El diario The Daily Telegraph, que suele retransmitir fielmente la voluntad de los conservadores euroescépticos, ha desvelado este lunes la pretendida estrategia del Gobierno para sortear el mandato parlamentario. Downing Street, según el periódico, enviaría una carta a la Comisión Europea con la solicitud de prórroga y otra más en la que explicaría que el Gobierno del Reino Unido no desea realmente ese retraso. Sería un modo de desincentivar a los 27 a conceder esa prórroga.

Expertos y juristas de renombre han salido de inmediato a advertir a Johnson de la ilegalidad de esa treta. «La ley le exige claramente que debe solicitar una prórroga. No solo tiene que enviar la carta. Debe trabajar activamente para lograr ese aplazamiento. Si envía la carta y luego intenta neutralizarla, sería un claro fraude de ley», ha explicado en la BBC Jonathan Sumption, exmagistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido.




Fuente: El Pais

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