Vox envió una propuesta este miércoles a Ciudadanos con sus condiciones para desbloquear la investidura. El partido de Ignacio Aguado la rechazó al considerarla «un retroceso». Pero el texto fue modificado por el PP para rebajar las exigencias del partido de Rocío Monasterio y que fuese «perfectamente asumible» por los tres partidos. Vox le dio el visto bueno inmediatamente, con alguna modificación menor. Ciudadanos lleva analizando los dos folios desde ayer y el PP de Isabel Díaz Ayuso ha decidido mover ficha y hacer público el contenido a través de Twitter para presionar y lograr una investidura la próxima semana. Los populares han convocado también una reunión a tres para este viernes.

«No tenemos respuesta de Ciudadanos y al final hemos tenido que tomar la iniciativa, porque hay que moverse», indican fuentes del Partido Popular. El texto, que hasta ahora no se había hecho público, rebaja las exigencias de Vox. Desaparece toda referencia a derogar las leyes contra la lgtbifobia y a la repatriación de menores inmigrantes, pero insiste en otorgar «acceso directo» policial a información sobre migrantes en situación irregular. Los partidos aspiran a reeditar en Madrid el pacto de Murcia. Aguado se manifestó este miércoles dispuesto a asumir un documento -sin firmarlo- con propuestas que no sea incompatibles con las 155 medidas que incluyen su acuerdo programático con el PP.

Los puntos más controvertidos de las propuestas de Vox para Ciudadanos son los que tienen que ver con los derechos del colectivo LGTBI y los migrantes. En la propuesta inicial de Vox, el partido de extrema derecha exigía «derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales». En concreto, señalaba los artículos de las leyes 2/2016 y 3/2016 -de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y de Protección Integral contra la LGTBifobia, respectivamente- «que atenten contra la libertad de los padres a dar a sus hijos una educación conforme a sus valores morales, que vulneren la patria potestad y/o que inviertan la carga de la prueba, eliminando la presunción de inocencia».

Todo ese texto queda fuera de la versión del PP, que sí se compromete a «garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos». Para ello, el gobierno regional velará por «evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos» y «respetar la potestad de los centros educativos para adaptar los contenidos educativos al ideario del centro». También garantizarán «la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales».

El contenido referido la libertad de educación coincide, en algunos puntos literalmente, con el que consiguió desbloquear la investidura del candidato del PP murciano Fernando López Miras, y que tuvo el apoyo de Cs.

Sin actuaciones sobre los menores extranjeros

En cuestiones relacionadas con inmigración, la versión del PP elimina la propuesta de Vox referida a los menores extranjeros no acompañados (menas). Vox ya había renunciado a su repatriación, como pedía en su documento inicial de condiciones en junio, pero seguía exigiendo identificarles y derteminar «de forma fehaciente su edad» para «asegurar que ningún interno es mayor de edad».

Sí permanece el texto que pide colaborar con el Estado para «asegurar una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo» y habla en concreto de otorgar «acceso directo» a la policía a información sobre extranjeros en situación irregular. También potenciar «los mecanismos de facturación y cobro» del gasto sanitario de turistas y extranjeros sin papeles y luchar «contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extrnajeros en situación ilegal».

Vox quería también que PP y Cs se comprometiesen a mantener o reducir el número total de consejerías, que de acuerdo al pacto entre los dos partidos pasan de nueve a 13. Pedía también crear una Consejería de Familia y Natalidad, racionalizar el sector público empresarial y realizar un «inventario exhaustivo de las subvenciones otorgadas en la última legislatura». Además exigía eliminar la oficina de representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas y dedicar todos los recursos de Cooperación al Desarrollo Internacional a proyectos en Madrid. Todo eso queda fuera de la edición del PP, aunque algunas partes se mantienen, pero editadas.

El documento recoge las propuestas de eliminar o reducir al máximo todos los impuestos, apoyar la maternidad y racionalizar la estructura del sector público. Los tres partidos se comprometerían también a evaluar el impacto socioeconómicos de las políticas públicas y subvenciones, así como las actuaciones de ayuda exterior.

Ignacio Aguado afirmó el miércoles: “Si (Vox) defiende bajar impuestos, respetar el orden constitucional, garantizar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, la austeridad, el control de la deuda, no tengo ningún problema en asumir esos compromisos”. “Si lo que quieren es atacar los derechos del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes, frivolizar con la violencia machista, lo que hacen es abocar a la Comunidad a una repetición electoral o un gobierno de (Ángel) Gabilondo con (Íñigo) Errejón”, advirtió. Ahora le toca mover ficha y aclarar si este texto le parece aceptable y si acude a la reunión de este viernes para convertir a Ayuso en la próxima presidenta regional la semana que viene.

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Fuente: El Pais

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