El PP ingresó más de 4.500 euros durante la pasada legislatura gracias a las sanciones que le impuso a sus diputados por romper la disciplina de voto o no asistir a las sesiones parlamentarias, mientras que el PSOE, Podemos y Ciudadanos no engordaron sus cuentas por este motivo. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas sobre la aplicación de las subvenciones que la Asamblea de Madrid asignó a los grupos parlamentarios en los años 2015, 2016 y 2017.

Esas sanciones a diputados populares no son un asunto menor. Reflejan el choque cultural que supuso la llegada de Cristina Cifuentes para el ala más conservadora del PP, de fuertes raíces cristinas.

Así, el grueso de los ingresos por sanciones, 4.070 euros, se concentró en 2016. Ese año, el exconsejero Luis Peral y David Pérez —hoy número dos de Isabel Díaz Ayuso— se ausentaron del pleno para no tener que apoyar la ley contra la LGTBfobia, que contempla la obligación de educar en la diversidad sexual en los colegios públicos y concertados.

No era la primera vez que los dos representantes se ausentaban voluntariamente para no apoyar lo dispuesto por la dirección de su grupo parlamentario. Así, ya habían dejado de acudir a la Cámara —junto con la también parlamentaria popular Regina Plañiol— durante la votación de una proposición no de ley que planteaba al Gobierno central la regulación de la gestación subrogada.

Uso de subvenciones

En todo caso, el informe se centra en el uso que le dan los partidos políticos a las subvenciones que obtienen sus grupos parlamentarios en función del resultado logrado en las elecciones.
“La inexistencia de una normativa clara sobre el tipo de gastos que se deben realizar con cargo a las subvenciones ha permitido que una parte importante de las mismas se hayan trasladado a las cuentas de los partidos a ellos vinculados, financiando el funcionamiento ordinario de las agrupaciones políticas en lugar de destinarse a apoyar la actividad legislativa”, apunta el ente fiscalizador. “Unas reglas de funcionamiento similares a la Intervención General de la Comunidad de Madrid implican el control financiero de las subvenciones. Sin embargo, este control no ha sido desarrollado normativamente por la Asamblea, ni se está llevando a cabo

 

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Fuente: El Pais

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