El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP, vulneró los derechos fundamentales de los concejales de la oposición al dejarles sin representación en la empresa pública de vivienda de la localidad (EMSV). Un juzgado de Madrid ha declarado nulo el pleno municipal de julio de este año en el que se nombró al consejo de administración de la compañía pública valiéndose de la mayoría absoluta que consiguieron los populares en las últimas elecciones. El fallo considera que de esa forma se les impide a los políticos de la oposición ejercer su labor de vigilancia y control de los asuntos públicos. «De eso se trata la democracia», escribe la jueza.

Boadilla del Monte es uno de los bastiones del PP en Madrid. El anterior alcalde, Antonio González Terol, ahora hombre de confianza del líder Pablo Casado, consiguió dos mayorías absolutas aplastantes tratando de desmarcarse de la corrupción de la Gürtel que había salpicado a su partido en este municipio, uno de los que tiene más renta de toda España. Pese a los escándalos de sus antecesores, el político barrió en las urnas. Antes de dar el salto a la política nacional, donde ha llegado a sonar como ministrable en caso de que el PP volviera al poder, Terol dejó en su lugar a Javier Úbeda, el antiguo concejal de festejos.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada-juez del juzgado de lo contencioso administrativo número 33 de Madrid afea a Úbeda que prescinda de las minorías políticas en las competencias de vivienda y suelo. «Ellos también conforman la composición de la corporación local y como tales tienen el derecho y la obligación a ser escuchados y a llevar a cabo la facultad de control sobre estas políticas», se lee en el escrito.

A su entender, todos lo que se ven afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar, directa o indirectamente. Las minorías, razona el escrito, no pueden ser ignoradas, y deben tener la oportunidad de ejercer las funciones que le corresponden, entre las que se encuentran las de control y participación.

Ciudadanos, que fue el partido que puso la designación que ahora resulta revocada en manos de la justicia, interpreta que la sentencia demuestra el carácter «antidemocrático e ilegal del PP de Boadilla». «Estoy contento pero para nosotros era algo que era manifiestamente ilegal y nosotros se lo advertimos. No podía dejar sin representación a los grupos de la oposición», explicó por teléfono Ricardo Díaz, el líder de Cs en el municipio.

Díaz también cuestionó que el alcalde utilice los abogados consistoriales para defenderse en los tribunales. «Si los utilizan de nuevo para recurrir esta sentencia estarían utilizando dinero público para continuar con una vulneración de derechos fundamentales contra unos concejales que tienen tantos derechos como ellos. La cosa es más que seria», ahondó. El fallo condena al Ayuntamiento a anular el acuerdo, retrotraer las actuaciones y adoptar las medidas para que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda incluya a miembros de la oposición.

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla dijo que la corporación recurrirá la sentencia, contra la que cabe recurso, y resalta que el informe del ministerio fiscal era favorable a su posición. «Se utiliza en la argumentación de la sentencia una entidad cuya naturaleza no tiene nada que ver con la EMSV. Hay jurisprudencia más reciente a la esgrimida en la sentencia que apoya la posición mantenida hasta la fecha por ellos». Por último, explica que “la oposición se encuentra representada en la EMSV a través del Pleno constituido en junta general de accionistas”.

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Fuente: El Pais

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