El presidente del PP, Pablo Casado, y los barones de la formación conservadora han acusado este sábado al Gobierno de desbloquear antes de fin de mes los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica por interés electoral. Casado ha dicho que «no es serio» y que «es un paso más en la instrumentalización de las instituciones y de los recursos públicos para hacer campaña». El presidente de la Xunta de Galica, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gobernar de forma «frívola y sectaria»: «Lamentablemente nos están tomando el pelo». En el mismo sentido se han expresado el presidente andaluz y la presidenta madrileña, Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente. «Primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna. Es vergonzoso ver cómo la izquierda está jugando con España, utilizándola de moneda de cambio para los intereses particulares de Pedro Sánchez y su colchón en la Moncloa», ha escrito Ayuso en Twitter. Moreno se ha preguntado si el desbloqueo de los fondos llega porque hay elecciones.

La Abogacía del Estado impedía liberar esos fondos para no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo, pero con la repetición electoral, con la que no habrá Gobierno hasta finales de año o principios de 2020, Hacienda considera ahora que no condicionará al próximo inquilino de La Moncloa. Es decir, el Ejecutivo ha encontrado un resquicio legal para actualizar la financiación a las comunidades sin saltarse el dictamen de la Abogacía que le impedía el pago de estas cantidades por estar en funciones. A mes y medio de las cuartas elecciones generales en cuatro años, el desbloqueo supondrá un alivio para las cuentas autonómicas, que ya habían anunciado los primeros recortes en servicios básicos por problemas de liquidez.

La decisión ha desatado un reguero de críticas en el PP, que ven puro interés electoral en el desbloqueo de los 4.500 millones de euros a las Administraciones regionales por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año, algo que reclaman desde hace semanas los presidentes autonómicos. «Lo que no se podía para chantajear a las CCAA y jugando con la sanidad, educación y servicios sociales. Es convocarse las elecciones y se puede… ¡Es una vergüenza! Qué no duerma y que busque pagar el 100%. De ello dependen los servicios publicos», ha escrito en Twitter Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP. El senador de esta formación Rafael Hernando, exportavoz en el Congreso del partido conservador, ha escrito en esta misma red social: «Hace unos días la Ministra defendía que era ilegal transferir a las CCAA 4.500 ME que les debe el Gobierno, al hecho de estar ‘en funciones’. Ahora, ya en campaña, dice que ha encontrado la forma de hacerlo. Ni vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos: ¡Pedro Sánchez y su panda!».

En otra línea se ha expresado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que ha tildado este sábado de «buena noticia» el desbloqueo de los fondos en declaraciones a los medios en Castiliscar (Zaragoza): «Lo que no está claro es que —con la cantidad que va a desbloquear el Ejecutivo central— se llegue a las cifras que nosotros entendemos que se debe llegar, porque está pendiente de clarificarse si se incorpora el IVA del año 2017 y si se incorpora el impuesto de los hidrocarburos».

Con el bloqueo de los fondos, que provocó un rifirrafe político durante semanas que aún no arrecia, cuatro Gobiernos autónomos (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias) activaron ajustes en el gasto público, y varias comunidades más advirtieron de que presentarían planes similares para los últimos meses de 2019.

La falta de fondos provocó una polémica con Hacienda. Las autonomías están recibiendo este año los pagos correspondientes del Presupuesto de 2018, unos 104.000 millones en total, pero reclamaban también otros 4.500 por la mejora de la recaudación tributaria durante este año. Esa cifra asciende a casi medio punto de PIB y es equivalente a lo que el Estado gasta al año en carreteras, puertos y aeropuertos conjuntamente.

La Moncloa ha dado ya el visto bueno político al atajo encontrado para desbloquear los fondos. La solución pasa por hacer una reinterpretación del informe emitido en agosto por la Abogacía del Estado, que impidía al Ejecutivo en funciones desbloquear los fondos «para no condicionar la actuación del nuevo Gobierno». La Moncloa considera que a partir de este lunes, cuando se oficialice la convocatoria electoral para el 10-N, se abre un periodo de interinidad: no habrá un nuevo Gobierno conformado, en el mejor de los casos, hasta finales de este año o principios de 2020. Eso, según fuentes gubernamentales, habilita al Ejecutivo para realizar los desembolsos a las comunidades «sin introducir nuevas directrices políticas». En plata: los pagos de las actualizaciones de 2019 ya no podrán perjudicar las actuaciones de ningún otro Gobierno este año.

El problema fue, desde el principio, la falta de Presupuestos para 2019. El Gobierno de Sánchez fracasó en su intento de aprobar las cuentas y mantuvo prorrogadas las de 2018, lo que dejó sin actualizar la financiación de las comunidades. La Abogacía del Estado impedía liberar esos fondos a un Gobierno en funciones. Pero la repetición de elecciones, que dejará a Sánchez en funciones —previsiblemente— hasta bien entrado 2020, permite a Hacienda ese ardid, que de paso desactiva un potencial conflicto entre el Gobierno central y los autonómicos. Cataluña, por ejemplo, anunció hace unas semanas que recurriría a los tribunales para liberar esos fondos, y varias autonomías del PP —e incluso algunas del PSOE— cargaron contra la ministra Montero.




Fuente: El Pais

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