España

El PDeCAT deja caer a Gordó por el 3%


El ex titular de Justicia de la Generalitat de Cataluña y actual diputado en el Parlamento catalán por Junts Pel Sí Germá Gordó, entre los años 2011 y 2013, «llevó a cabo presuntamente junto a otras personas una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración autonómica catalana, como contraprestación de dicha adjudicación, para la culminación de la cual terciaba directa o indirectamente ante las autoridades responsables de su decisión, la realización de cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones CATDEM y FÒRUM Barcelona». Éste es uno de los argumentos principales que esgrime la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para admitir a trámite la exposición razonada remitida por el juez de El Vendrell que investiga el «caso del 3%», relacionado con la presunta financiación ilegal de CDC en la época en que este partido lo dirigía Artur Mas, y donde señalaba que Gordó podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y otros. Nada más conocer la decisión del tribunal catalán, dimitió como presidente de la Comisión de Justicia del Parlament, aunque mantiene su escaño de diputado.

Sin embargo, dirigentes de su propio partido, el PDeCAT, consideran que esa medida es del todo insuficiente y le instaron a renunciar de forma inmediata al acta de diputado. Así, la coordinadora general del partido, Marta Pascal, le instó a dejar el escaño en el Parlament y le recordó que el expresidente catalán Artur Mas dio «un paso al lado pensando en el proyecto común», cuando renunció a dirigir Convergencia. «A veces dar pasos al lado sirve para avanzar y demuestra generosidad», expresó en su cuenta de twitter de forma más que significativa la dirigente de la actual Convergencia. La práctica unanimidad del resto de partidos reclamaron igualmente su inmediato abandono del escaño que ocupa. El ex conseller se plantea dejar el partido dada la presión, pero mantener su acta de diputado.

En la resolución del TSJ catalán se sostiene que Gordó, que fue uno de los hombres fuertes en el último Gobierno autonómico de Artur Mas, habría conseguido, presuntamente, que la constructora Copisa donase 100.000 euros a las citadas fundaciones «a cambio de la adjudicación» de dos obras públicas», una por valor de 4,7 millones y otra de 39,6 millones –la relativa al dique del puerto de Barcelona–. Esas adjudicaciones, según se señala en la resolución del TSJ catalán, «después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas de los correspondientes importes» con Francesc Xavier Tauler, quien entonces era consejero delegado de la mencionada empresa. En esa misma línea, habría conseguido, presuntamente, que la constructora Pasquina, utilizando empresas interpuestas pero vinculadas a ellas, donase también a esas dos fundaciones vinculadas a CDC «al menos» otros 147.000 euros entre los años 2014 y 2015, también por dos adjudicaciones, una valor de 2,1 y 7,2 millones, respectivamente.

La tercera actuación que se achaca a Gordó sería el aprovecharse de sus «relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols Puig diversos regalos personales de la empresa Oproler por mediar en favor de la misma» por parte de una empresa pública en la adjudicación de unas obras, por valor de 2,6 millones. Bassols Puig, ex directivo de esa empresa y marido de la magistrada Núria Bassols –a la que fichó Mas como comisionada de transparencia–, habría sido uno de los empresarios «arrepentidos» que habría reconocido que bajo el alias de «Gerardo», el nombre que figuraba en su agenda, se escondía la identidad de Gordó, con el que se habría reunido varias veces.

Efe




Fuente: La Razón

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