El partido Thai Raksa Chart ha retirado hoy la candidatura de la princesa Ubolratana, hermana mayor del rey de Tailandia, horas después de ser desacreditada en público por el monarca. La citada agrupación política explica en un comunicado que “se somete a la orden Real” con “lealtad” y “respecto hacia todos los miembros de la Casa Real”.

Ubolratana, quien a pesar de perder el título en 1972 al contraer matrimonio con un estadounidense -de quien se divorció en 1998- disfruta de todos los reconocimientos de su linaje, fue propuesta la mañana del viernes como aspirante a liderar el próximo gobierno.






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La princesa renuncia por “lealtad” a la corona

Este anuncio no sentó nada bien en el seno de la casa real, que se apresuró a pronunciarse al respecto. El rey Vajiralongkorn calificó el gesto de “inapropiado” y “en contra del sistema constitucional”. “Tratándose de un miembro destacado de la familia real involucrarse en política, no importa de qué manera, va en contra de la tradición (…) y es inapropiado”, dijo la Casa Real tailandesa en un comunicado.

La presión de la casa real ha acabado propiciando la retirada de la candidatura de la princesa de 67 años, a pesar de que no existe ningún impedimento legal para ello: “No hay ningún artículo que prohíbe la participación de la monarquía en los asuntos políticos, pero es una tradición desde hace mucho tiempo que la Monarquía debe ser neutral”, apunta un profesor de la universidad de Chulalongkorn.


Las del próximo 24 de marzo, son las primeras elecciones desde el golpe de Estado de 2014. Pospuestas media docena de veces por la junta militar, servirán para elegir los 500 miembros de la Casa de Representantes, la cámara baja, que estará formada por diputados elegidos en representación de un distrito electoral y por otros a partir de la lista electoral de cada partido.

El Senado, en cambio, estará formado por 250 legisladores designados por la junta militar que participarán en la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro, según prevé la Constitución redactada por la junta y aprobada en referéndum en 2017.








Fuente: LA Vanguardia

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