Las reformas radicales que exige Vox al PP para hacer presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso examinan por primera vez cuál es el talante político de la aspirante. En la última década, la formación conservadora fue liderada en la region por dos mujeres con propuestas muy distintas: Esperanza Aguirre (liberal a ultranza) y Cristina Cifuentes (del sector más progresista del partido). Vinculada con la primera a través de Pablo Casado, el líder nacional, que la eligió como candidata, Díaz Ayuso debe decidir ahora si desmantela parte del corazón de la obra legislativa de la segunda. A cambio de investirla presidenta de la Comunidad, Vox exige derogar el núcleo de la ley de Protección Integral contra la LGTBifobia —aprobada por unanimidad en la etapa de Cifuentes— y la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación —que aprobó la oposición con la abstención del PP—.

Una propuesta inspirada en la negociación de Andalucía

Los diez puntos que recogen las exigencias de Vox para pactar la investidura de Isabel Díaz Ayuso con el PP y con Ciudadanos beben del documento con el que la formación de extrema derecha negoció con los mismos partidos la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

Entonces, el partido de Santiago Abascal también pidió crear una consejería de familia; eliminar o bajar impuestos; realizar una auditoría externa sobre las subvenciones concedidas; derogar la ley que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI; identificar a los migrantes sin papeles, suprimiendo las ayudas públicas que garantizan su subsistencia; o luchar contra el turismo sanitario.

Así, no hay ninguna exigencia específicamente madrileña en el documento que presentó ayer Rocío Monasterio, la líder regional de Vox. Al contrario, las propuestas de marcado carácter ideológico, explicitadas para confrontar con la izquierda, están vertebrando la política de pactos de la formación.

Entre las negociaciones de Andalucía y Madrid hay otro paralelismo. Igual que el PSOE llevaba tres décadas en el poder en Andalucía, el PP acumula casi un cuarto de siglo al timón de Madrid. No obstante, los objetivos de Vox son bien distintos: de desplazar al ganador de las elecciones andaluzas (PSOE) a apuntalar al segundo de las madrileñas (el PP).

«Aspiro a ser una nueva presidenta, luego aspiro a tener un gobierno a mi manera, bajo una nueva dirección», dijo ayer la candidata de la formación conservadora. «Yo no tengo porqué tomar por bueno todo lo que tenía de anteriores legislaturas», añadió sobre el legado de sus predecesores del PP, que lleva gobernando en la región desde 1995. «Quiero ser la presidenta de todos los madrileños. Todo lo que sea avanzar en respeto, en diversidad, en acabar con el acoso y la discriminación, será un pilar de mi gobierno», remató la candidata, que intenta gobernar a un PP golpeado por el mal resultado electoral —18 diputados menos que en 2015 y 42 menos que en 2011—; tenso por la posibilidad de perder el poder; y aún sorprendido porque Casado le eligiera a ella como aspirante en lugar de a Ángel Garrido.

Las leyes de protección LGTBI que se aprobaron durante la etapa de Cifuentes incomodaron profundamente al ala más conservadora del PP. Ese desencuentro ideológico, que en la formación conservadora se vivió como una cuestión de conciencia, se escenificó con claridad en la Asamblea, cuando dos diputados populares se ausentaron de la votación de la ley contra la LGTBiFobia, en 2016. Fueron el exconsejero Luis Peral y el entonces alcalde de Alcorcón, David Pérez.

El ya exregidor es hoy el número dos de Díaz Ayuso, que justificó su ausencia en una entrevista con EL PAÍS. Al tiempo, la normativa que quiere derogar Vox fue avalada por Ciudadanos, el otro socio potencial de la candidata, cuyo líder, Ignacio Aguado, ha sido galardonado esta semana con el premio Transexualia 2019 por ese motivo. En consecuencia, Díaz Ayuso tiene que cuadrar el círculo: debe contentar a aguirristas, cifuentistas y casadistas; salvar el abismo que separa a Cs y Vox; y construirse un perfil propio como cara de un hipotético ejecutivo sin que la diluyan Rocío Monasterio y Aguado.

El precedente de Andalucía

«Sí, es un reto», conceden quienes conocen bien a la aspirante, dispuesta a negociar lo que considera «mejoras» en la redacción de los textos, o incluso a modificar el artículo que explicita la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación, pero siempre manteniendo las partes fundamentales de las leyes. «También lo fue el primer documento de Vox en Andalucía para Moreno Bonilla».

Las biografías de los dos aspirantes tienen más puntos en común. Tanto Moreno Bonilla como Díaz Ayuso se enfrentaron a las elecciones autonómicas rodeados de interrogantes. Ambos empeoraron drásticamente el resultado de su partido en los comicios precedentes. Y los dos se vieron obligados por ese balance electoral a buscar el apoyo de Ciudadanos y de Vox.

Puesto frente a las exigencias del partido de ultraderecha, Moreno Bonilla sorteó algunas de esas reclamaciones —como derogar las leyes contra la violencia de género o la de LGTB— pero también debió hacer concesiones —crear una Consejería de Familia, sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia, así como incentivar la tauromaquia y la caza—.

Díaz Ayuso se encuentra ante la misma tesitura, aunque su situación tiene un factor distintivo. Moreno Bonilla se coronó como el primer presidente popular de Andalucía. Su compañera de partido aspira ahora a prolongar casi un cuarto de siglo de gobiernos del PP. Y eso le obligará a intentar pactar un programa de gobierno que dilucidará a qué familia pertenece en su partido. Logre gobernar o no, Díaz Ayuso busca su camino entre Aguirre y Cifuentes.

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Fuente: El Pais

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