El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido imputar al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, según una nota de la Audiencia Nacional. Estos son los mismos delitos que había solicitado la Fiscalía, que pidió que la entidad que preside Carlos Torres fuera imputada en esta pieza separada el pasado 24 de julio. 

El magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citado a declarar en una fecha aún por determinar. El magistrado rechaza la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado, algo a lo que también se había opuesto la Fiscalía.

García-Castellón adopta está decisión «después de estudiar el informe aportado por la Fiscalía Anticorrupción en el que solicita la imputación del banco como persona jurídica», según la nota. Tras analizar la documentación que obra en la causa, así como la aportada por la propia entidad bancaria, «el ministerio público considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal», concluye la explicación de la Audiencia que advirtió de que no se facilitaría el auto al estar secreta la causa.

La Fiscalía pidió investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en 2004.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del caso Tándem, relativa a los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prestó servicios al banco durante 13 años, desde 2004 a 2017. A lo largo de este tiempo, facturó a la entidad más de 10 millones de euros.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Le ley permite imputar a empresas

La imputación conocida este lunes implica más al segundo banco español en el caso de los supuestos pagos ilícitos a Villarejo. Desde diciembre de 2010, la Ley Orgánica 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal, establece que puede existir “responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial”. Es decir, que una empresa puede cometer un delito cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita. Obviamente, no hay penas de prisión para las empresas, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas, porque la sociedad pudo haberse beneficiado de esas acciones ilegales.

La Audiencia Nacional ya imputó el pasado 3 de julio a ocho directivos y exdirectivos del BBVA —entre ellos, el que fuera consejero delegado, Ángel Cano— al entender que los pagos realizados a Villarejo por parte del banco, que superaron los 10 millones de euros, eran sospechosos de ser ilícitos. Además de Cano, en la lista de imputados del juez estaban Javier Malagón Navas, director en el área de Finanzas; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad y consejero del banco turco Garanti; e Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial en España.

También está Antonio Béjar, el que fuera hasta el pasado viernes presidente de Distrito Castellana Norte, la empresa responsable de la Operación Chamartín. Béjar ha declarado dos veces más ante el juez, la última vez esta misma mañana, por las sospechas de que pudiera haber destruido algún tipo de documento relacionado con la causa. Sin embargo, después de la declaración de esta mañana, la Fiscalía ha retirado la petición de 500.000 euros de fianza que había hecho el pasado viernes.




Fuente: El Pais

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