Desnutrida y deshidratada. En esas condiciones llegó una anciana internada en una residencia de Soto del Real a un hospital público de Madrid. La comisión antiviolencia del Hospital de la Paz de Madrid puso en marcha el protocolo correspondiente para investigar la muerte de la anciana, de 101 años, que el pasado 7 de julio fue trasladada de la residencia de mayores Arzobispo Morcillo de Soto del Real al centro sanitario. Una vez que la enferma entró en urgencias y se le realizó el diagnóstico por parte de los médicos todo el operativo se puso en marcha. El lunes 8 de julio la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hizo una visita de inspección a la residencia donde comprobó el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones». Dos días después, el 10 de julio, ante el informe de Fiscalía, la Comunidad ordenó el cierre de la residencia. Los hermanos Carlos Peñas Briones y Juan Braulio Peñas Briones, propietarios de la residencia Arzobispo Morcillo del municipio madrileño de Soto del Real, han sido acusados de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la salud pública. El juzgado de Colmenar Viejo, que se ha hecho cargo del caso, será el responsable de la investigación. 

Las instalaciones en las que vivían los ancianos eran «deplorables» tanto por condiciones en las que se encontraban las instalaciones y por el «peligro» para la salud e integridad de los ancianos, según el dictamen de la Fiscalía que se remitió a la Comunidad de Madrid en el que se adjuntaba un detallado reportaje fotográfico en el que se apreciaban las deficiencias de la residencia. Las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”

La Comunidad ordenó el cierre definitivo de la residencia el 13 de julio, después de  los familiares de los residentes  se los llevasen a otros lugares. La clausura se produjo después de que la fiscal encargada del servicio de discapacidades de Alcobendas acudiera con técnicos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad ordenó la clausura por un año de la residencia de la tercera edad Arzobispo Morcillo por el peligro existente para la integridad y salud de los internos tras una visita de los inspectores del gobierno regional y de la Fiscalía. La sanción incluye una multa de 127.005 euros.

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Fuente: El Pais

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