El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Catalunya. Se trata de limitaciones indirectas y directas que ayudan a contener el precio de alquiler de las viviendas que incluyen desde multas hasta la expropiación viviendas vacías a los grandes tenedores a un precio reducido, que en ningún caso superaría el 50% del precio de mercado.

El decreto ley incluye una treintena de medidas urgentes encaminadas tres objetivos: “Hacer frente al déficit de viviendas públicas de alquiler, tener instrumentos para combatir las situaciones de emergencia y desahucios y propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas”. Se trata de un decreto que pretende facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a precio moderado y que requiere de la implicación de los ayuntamientos porque los municipios con fuerte demanda deberán poner en marcha en el plazo de dos años promociones de alquiler en su suelo público.






Los municipios con fuerte demanda deberán poner en marcha en el plazo de dos años promociones de alquiler en su suelo público

“Presentamos un decreto que quiere dar respuesta inmediata a las necesidades actuales en vivienda y que debe marcar las directrices para desarrollar medidas para reconducir la situación actual de dificultad de acceso a la vivienda de alquiler”, ha comentado el conseller de Territori, Damià Calvet, en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, antes de poner énfasis en el hecho de que en este decreto se incluyen medidas directas e indirectas para la moderación de los precios de alquiler.

Entre las indirectas figura la inclusión del índice de referencia del precio de alquiler de una vivienda, creado por el Govern en 2017, en toda la publicidad y en los contratos de pisos de alquiler lleven indice referencia de precios de alquiler, creado en 2017. Entre las medidas directas figuran desde las multas hasta incluso la expropiación. De hecho, la expropiación es una de las medidas que se hacía posible después de que Generalitat y Gobierno central acordaran retirar parte de los recursos a las leyes de emergencia de vivienda a finales de año. Con la retirada del recurso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Govern mantenía la capacidad de mediar en caso de desalojo, expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que llevaran dos años vacías, y los bancos estarían obligados a realojar con un alquiler social a las personas desahuciadas.






Se posibilitan multas coercitivas, la expropiación temporal para uso social a precio que marca la ley en función de renta máxima, e incluso la expropiación definitiva a personas jurídicas y grandes tenedores

Ahora, según Calvet, “damos una vuelta más”. Hasta el momento sólo se actuaba mediante la definición del concepto de vivienda vacía y aplicando impuestos por esta condición a los grandes tenedores, pero ahora se posibilitan multas coercitivas, la expropiación temporal para uso social a precio que marca la ley en función de renta máxima, e incluso la expropiación definitiva a personas jurídicas y grandes tenedores. De esta forma, las viviendas que no cumplan con su función social se expropiarán a precios mínimos, no a precios de mercado, en concreto por el 50% del valor de la misma, que es el máximo que indica el decreto.

A estas medidas urgentes se añade lo anunciado este lunes por la consellera de Justícia, Ester Capella, cuando desgranó que su departamento trabaja en un plan que podría entrar en vigor a finales de año, una vez lleguen a un acuerdo los departamentos de Economia y Territori y reciba el aval del Parlament. Esta plan pretende aumentar la duración mínima de los alquileres, actualmente de tres años, para situarlos entre los seis y los diez años, según si el propietario es privado o una sociedad inmobiliaria. Además el proyecto de ley también facultará al Departament de Territori para que pueda limitar el precio del alquiler, ya sea creando el mentado índice de precios o dando a los ayuntamientos la capacidad de establecer un límite al valor de los alquileres en su municipio.






La voluntad es realizar un “blindaje” del índice de referencia para que se incluya en publicidad y contratos de alquiler

En este sentido, Calvet ha comentado que la voluntad es realizar un “blindaje” del índice de referencia para que se incluya en publicidad y contratos y que “lo estiraremos al máximo en el libro sexto del Código Civil y, si es necesario, en la modificación que haga Justícia. La pretensión es que los incrementos de precios de alquiler estén referenciados al IPC.

“El índice de referencia lo hacemos bien visible”, ha comentado el conseller, que también ha advertido que cualquier ayuda fiscal o subvención en este ámbito estará referenciado a este precio, de manera que sólo se concederán a aquellos propietarios que alquilen por debajo de ese precio.


El Govern pretende que se pueda convalidar este decreto en un plazo máximo de un mes en el Parlament

Pero no todo dependerá de la Generalitat, puesto que también hay “competencias cruzadas” en algunas medias. De hecho, los ayuntamientos tendrán ante sí la obligación de poner más pisos a través de un plan para incrementar esta oferta en un periodo de dos años, y el Govern establece que los pisos de protección social lo serán de forma indefinida.





El Govern pretende que se pueda convalidar este decreto en un plazo máximo de un mes en el Parlament, un decreto que se adelanta al del ejecutivo central, que no fue convalidado en el Congreso.


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Fuente: LA Vanguardia