El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento para recoger los efectos de la ralentización de la actividad. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha presentado un nuevo cuadro macroeconómico que contempla una subida del PIB del 1,6% para este año, dos décimas menos de lo previsto hasta ahora. Para 2021 espera un repunte algo menor, del 1,5%, y una estabilización en el entorno del 1,6% para los próximos años.

El cuadro que manejaba hasta ahora el Gobierno auguraba que España pasara de crecer el año pasado un 2% al 1,8% este año, con una aportación de 1,6 puntos porcentuales de la demanda nacional y solo dos décimas del saldo exterior. En cuanto al empleo, prevé que la tasa de paro baje al 12,3% en 2020.

Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda.

En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, así como el nuevo cuadro macroeconómico sobre el que se elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

También ha dado luz verde al límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que el año pasado aumentó un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros y que tendrá que ser validado por el Congreso y el Senado como pasos necesarios para la elaboración y presentación de las nuevas cuentas públicas.

La senda de estabilidad presupuestaria actual aún es la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. Entonces fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y que se alcanzara equilibrio presupuestario (déficit 0%) el próximo año. Se trata de unas metas inalcanzable para el actual Ejecutivo porque en los dos últimos años apenas ha corregido el desequilibrio presupuestario. Las principales casas de estudio económico calculan que las Administraciones Públicas cerraron con unos números rojos de cerca del 2,4% del PIB, el equivalente a unos 28.000 millones de euros. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez proyectó en el plan presupuestario remitido a Bruselas a finales del año pasado unas cifras que apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda de estabilidad, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea.

Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas y las entidades locales.

Más margen para aplazar ajustes

En concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022. Hacienda concedió más margen a cambio de no devolver los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017.

Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

En el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, les trasladó en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) un objetivo de déficit cero para el periodo, si bien los ayuntamientos ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.

Compensar el IVA de 2017

Tanto para las comunidades como para los ayuntamientos Hacienda ha planteado soluciones para compensar por el IVA pendiente de 2017, que asciende a 2.500 millones en el primer caso y que la FEMP cifra en 750 millones en el segundo.

De esta forma, Hacienda no tendrá en cuenta el efecto del IVA de 2017 para contabilizar el déficit público de 2019 y pondrá en marcha un extra FLA, en tanto que para los ayuntamientos ha flexibilizado en una décima la regla de gasto, hasta el 2,9 por ciento, y no se tendrá en cuenta tampoco el impacto del IVA para el cómputo de la norma de gasto. También podrán acogerse a un préstamo extraordinario.

Para el Estado y la Seguridad Social Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a «tres y cuatro escalones».

El trámite de los Presupuestos de 2020

Una vez aprobada la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero (techo de gasto), el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al techo de gasto y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de PGE de 2020.

El Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder aprobar en el Parlamento el techo de gasto y no se repita el rechazo de 2018 en el Senado, con vistas a la posterior tramitación de los nuevos Presupuestos.




Fuente: El Pais

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