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El Gobierno prepara medidas fiscales para contener el alza de los alquileres

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El Gobierno intentará aprobar hoy en el Consejo de Ministros un decreto que regula el mercado del alquiler sin fijar límites a las subidas de precios pero abriendo la vía a que las comunidades y los ayuntamientos puedan tomar medidas fiscales para impulsar los alquileres asequibles.

El ejecutivo decidió anoche no incluir el Real-Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda en la agenda de temas que aprobarán los ministros, pero seguía negociando contrareloj con los grupos políticos para lograr su apoyo a las medidas.


Negociación política

Podemos asume el decreto, que no limita los precios, porque frenará los desahucios






Una vez alcanzado un acuerdo con Podemos, que ha levantado el veto que tumbó en enero el anterior decreto tras haber logrado endurecer las condiciones para los desahucios, las negociaciones se centraban en el PDECat y el PNV. Fuentes del Gobierno han asegurado que el anteproyecto solo llegará al consejo si consigue recabar con antelación apoyos suficientes para evitar repetir el rechazo que la norma sufrió el pasado 22 de enero, cuando sus socios de gobierno tumbaron el texto en el Congreso.

Podemos ha aceptado renunciar a lo que era su “línea roja”, la exigencia de poner un tope al precio de los alquileres, tal y como confirmó ayer la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, en un encuentro con periodistas. “Las modificaciones son insuficientes, nos hubiera gustado ir más allá en esta materia, pero al menos se han incluido cambios que consideramos fundamentales”, explican desde la formación morada. Sus dirigentes valoraron también el cambio de actitud del Ejecutivo, asegurando que “esta vez el Gobierno se ha dignado a negociar cosa que no hizo antes”.


El decreto prevé crear un índice oficial con los precios del alquiler

La principal novedad del decreto es que establece la obligación de que en todos los contratos las actualizaciones de la rentas estén ligadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) y no prevalezca el acuerdo entre las partes que contemplaba el texto anterior.

Otra de las novedades del acuerdo, respecto al decreto anterior que fue rechazado por Podemos, es la regulación de los desahucios. Así, se propone modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para especificar en estos casos la fecha y la hora exacta del desahucio. La norma obligará a que los juzgados comuniquen a los servicios sociales los procedimientos de desahucio para comprobar las situaciones de vulnerabilidad. También se amplía un mes más, hasta los tres meses, el aplazamiento del desahucio en el caso de que el propietario del inmueble sea una persona jurídica, aunque se mantiene en un mes para las personas físicas. Como novedad, en este decreto el Ejecutivo ha abierto la puerta a ayudas fiscales, una medida que reclama el PDECat para apoyar la norma, porque considera que ha de impulsarse la salida al mercado del actual parque de viviendas vacías existente en España. La medida, en cambio, concita el rechazo de Podemos, porque detrae fondos públicos que a su juicio deberían destinarse a los colectivos más desfavorecidos.





El decreto prevé crear un índice oficial con los precios del alquiler, detallado hasta el nivel de los distritos censales, que abrirá la puerta a que ayuntamientos y comunidades autónomas aprueben ayudas o bonificaciones fiscales. Así, permitirá a los ayuntamientos que bonifiquen, hasta en un 80%, la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que ofrezcan contratos por debajo del precio medio registrado en su zona. En las negociaciones también se ha hablado de ampliar los incentivos fiscales existentes en el Impuesto de la Renta (IRPF) e incluso permitir a las comunidades autónomas que utilicen la cuota autonómica de este impuesto para animar a los propietarios con viviendas vacías a que los pongan en el mercado de alquiler.

Como establecía ya el decreto de diciembre, la nueva norma eleva a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler cuando el propietario es un particular, frente a los tres años actuales, mientras que eleva la duración a siete años si el propietario del inmueble es una persona jurídica (es decir, una empresa).








Fuente: LA Vanguardia

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