El régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega ha reprimido nuevamente una manifestación convocada en Managua este sábado, un día después de comprometerse con la opositora Alianza Cívica a respetar las garantías establecidas en la Constitución. Entre ellas, las libertades civiles, cesar la represión, permitir las manifestaciones pacíficas, desarmar a sus grupos parapoliciales, liberar a todos los presos políticos y reformas electorales de cara a un posible adelanto de elecciones, un tema espinoso que Ortega se niega a discutir.

Este sábado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a más de 40 organizaciones, convocó varias protestas en el país, como una forma de medir el nivel de compromiso del régimen de poner fin a la violencia. Pero lo vivido en la protesta pone en entredicho la palabra de Ortega, con las imágenes de la Policía Nacional atacando a quienes acudían a la manifestación. Incluso, irrumpieron en un centro comercial donde los opositores buscaron refugio.

En la represión también participaron colectivos leales al mandatario. Uno de estos simpatizantes de Ortega disparó contra un grupo de manifestantes, dejando al menos tres heridos. Se reportan también algunos detenidos. La opositora Alianza Cívica condenó la violenta respuesta del régimen a través de su cuenta de Twitter. «Condenamos enérgicamente la flagrante violación a los derechos de las personas que se habían reunido pacíficamente y exigimos la inmediata liberación de quienes fueron detenidos ilegalmente. La voluntad se demuestra con hechos». En le mismo tono se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que hizo un llamado al Gobierno «a respetar el derecho a la protesta de los nicaragüenses y a que aclare la situación de las personas detenidas». Mientras que Erika Guevara-Rosas, director de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que «es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren diálogo, quieren seguir violentando los derechos humanos de la población, y acallar sus voces de protesta a cómo de lugar».

El Acuerdo para Fortalecer Derechos y Garantías Ciudadanas, firmado el viernes en Managua, establece la liberación definitiva y el cierre de todos los expedientes judiciales de los detenidos en el marco de la represión desatada contra las manifestaciones que exigen el fin de 12 años de Gobierno. Hasta ahora, Ortega había liberado a 160 detenidos —de más de 600—, considerados presos políticos. En realidad, se trató de una excarcelación, dado que no han sido levantados los cargos en su contra. La mayoría fue detenida de forma arbitraria en las manifestaciones o tras ser espiada por la Policía controlada por Ortega y condenada por crímenes de terrorismo en procesos legales considerados espurios por organizaciones de derechos humanos. Varios familiares de los detenidos han denunciado que sufren maltratos y “torturas”. Una comisión de europarlamentarios, que visitó Nicaragua a finales de enero, constató la situación de los encarcelados y exigió al régimen su liberación. Lo acordado establece que será la Cruz Roja Internacional la encargada de coordinar la libertad de los detenidos.

Ortega —aislado internacionalmente, con sanciones contra su régimen y funcionarios cercanos, incluida su esposa— intenta encontrar una salida a la crisis política aceptando cesar la represión en Nicaragua, permitir las manifestaciones pacíficas que él mismo había ilegalizado, desarmar a los grupos parapoliciales que sembraron el terror desde junio, cuando se desató la llamada “Operación limpieza” y las denominadas “caravanas de la muerte” que dejaron un reguero de cadáveres en el país.

Además se establece que el Gobierno permitirá el regreso a Nicaragua de todos los exiliados en el marco de la violencia desatada por el Estado, con “plenas garantías y seguridad personal”. También se revisarán las cancelaciones de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil a las que el régimen acusa de haber financiado lo que ha catalogado como un “fallido golpe de Estado”. Ortega se compromete a garantizar la libertad de prensa, permitir la entrega de insumos a los diarios y regresar los bienes confiscados a dos medios de comunicación en diciembre: la revista Confidencial, cuyo director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse en Costa Rica, y el canal 100% Noticias, también asaltado en diciembre, con su director, Miguel Mora, y su jefa de redacción, Lucía Pineda, encarcelados y acusados de incitar al odio.

El tema que genera anticuerpos en Ortega es el adelanto de elecciones. El mandatario lo rechaza, aunque se ha comprometido a discutir reformas para “fortalecer” los procesos electorales. Él controla el Tribunal Electoral, importante pieza para su permanencia en el poder: desde 2008 la oposición ha denunciado continuos fraudes electorales bien documentados por organismos de la sociedad civil. La propuesta acordada el viernes incluye retomar un proyecto que comenzó a discutirse con la Organización de Estados Americanos (OEA) hace unos años, para lo que Luis Almagro, secretario general del organismo interamericano, ha designado a Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), como coordinador para discutir los “trabajos en materia electoral”.

Los opositores celebraron el acuerdo como un triunfo. Pero Ortega, un hábil político que ha manejado los hilos del poder en este país centroamericano desde hace 40 años, obliga a que la prudencia debe ser norma: está aún por verse si el compromiso deja de ser simbólico y el exguerrillero cumple a cabalidad con lo firmado.

La interrogante que se abre hoy en Nicaragua es cuál es la apuesta del sandinista: ¿Estará dispuesto a negociar su permanencia en el poder a cambio de garantías para él, su familia y la élite que lo rodea o se trata de una nueva táctica dilatoria a cambio de evitar nuevas sanciones internacionales? Son días aciagos en el búnker de El Carmen —el palacete en Managua fuertemente custodiado desde donde despacha Ortega— con el mandatario y su mujer, la también vicepresidenta Rosario Murillo, tratando de salir del laberinto en el que se metieron el 18 de abril de 2018, cuando ordenaron una represión que dejó 325 muertos, más de 600 detenidos, decenas de miles de exiliados, medios de comunicación asaltados y confiscados, un número sin determinar de desaparecidos, profundas heridas en una sociedad dividida y una economía al borde del colapso.




Fuente: El país

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