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El Gobierno continuará con la exhumación de Franco al no ver competente al juzgado de lo contencioso

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El Gobierno continuará con el proceso para desenterrar a Franco pese al auto dictado ayer por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, que se ha conocido este martes y por el que se han suspendido de forma cautelar los trabajos de exhumación a raíz de una demanda presentada por un particular.

“El expediente de exhumación y posterior inhumación continúa su tramitación con absoluta normalidad”, han indicado fuentes de Moncloa tras hacerse público ese auto.

El Gobierno no da valor a esa resolución judicial al considerar que “los juzgados de lo contencioso administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”.





Además, las mismas fuentes del Ejecutivo aseguran que ese auto “afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”.

Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez atribuye este auto “a un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco practica” ante una decisión de un “Parlamento y un Gobierno democráticos”. Según relatan desde Moncloa, el Gobierno tiene constancia de la existencia de al menos 12 recursos, “todos con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes” para reclamar “la anulación de las actuaciones urbanísticas” del Ayuntamiento en relación a la exhumación.

Añaden que “en siete de esos de esos 12 recursos ya se han rechazado las medidas cautelarísimas”. “Estamos convencidos de que, tras escuchar al Ayuntamiento, el juzgado dictará una resolución diferente”, indican desde el Gobierno tras destacar que este ha sido “el único caso en que se han admitido las medidas cautelares”.

En el Gobierno piensan que el objetivo de presentar tantas demandas idénticas no es otro que el de “obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno, como así ha ocurrido, se dé la razón a la parte demandante”.





En este caso, la demanda ha ido a recaer al juzgado del magistrado José Yusty Bastarreche , que se dio a conocer por desautorizar la celebración de un acto a favor del derecho a decidir en Madrid en septiembre de 2017 durante el procés. Esa actuación iba a celebrarse en una de las salas del Matadero de la capital y había sido autorizado por la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena.

Además, el juez Yusty Bastarreche publicó en el año 2007 un artículo en la Revista de Historia Contemporánea contra la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, no desde el punto de vista del historiador, sino partidista, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos difíciles momentos”, señalaba el juez en ese artículo al que tuvo acceso Maldita Hemeroteca.








Fuente: LA Vanguardia

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