La venta de viviendas públicas a fondos buitre, realizada en la época en la que Ana Botella era alcaldesa de Madrid, continúa su periplo legal. El Juzgado 38 de Madrid estableció este jueves que investiga el asunto, estableció unas contundentes medidas cautelares en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La más importante de todas: la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.

“Me acaban de alegrar el día”. Así ha reaccionado Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), al enterarse de la noticia. “Esas medidas cautelares las pedimos nosotros por lo que esto es algo muy positivo”, continuaba Mejías. Además, el juzgado exige una fianza de 29 millones de euros a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS en esa época, y a Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. El auto considera a ambos “responsables civiles directos”.

“Esto significa que más de cinco años después de la venta, seguimos en la lucha. Y eso es muy positivo”, continuaba Mejías al teléfono sin ocultar su alegría por la decisión. En 2003, Ana Botella realizó la entrega de varias viviendas públicas en régimen de alquiler en Carabanchel. El público objetivo era gente joven con problemas para emanciparse. Como el alquiler era social, no superaba los 400 euros. Diez años después y la gran recesión mediante, los inquilinos descubrieron que los pisos donde vivían habían sido vendidos al fondo Fidere, dentro del conglomerado Blackstone (el principal casero de España). Se dieron cuenta de la transacción cuando les llego el anuncio de que el alquiler se duplicaba.

Además de las 1.860 viviendas, el lote vendido incluía garajes y trasteros. En total, 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales). El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128,5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, que realizó una sentencia sobre el asunto, consideró ese precio “por debajo del mercado”, lo que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros. Por ello, condenó a pagar 26 millones de euros a la exalcaldesa Ana Botella así como a ocho miembros de su equipo.

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Fuente: El Pais

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