La Fiscalía Provincial de Valladolid ha recurrido este viernes la decisión de autorizar a Iñaki Urdangarin para salir de la cárcel para hacer labores de voluntariado, según ha informado la fiscal jefe Soledad Martín Nájera a través de un comunidado. Horas antes, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León había aclarado al cuñado del Rey las condiciones para poder salir dos días a la semana de la prisión abulense de Brieva para ejercer labores de voluntariado al amparo del artículo 117 del Reglamento Penitenciario. El magistrado Florencio de Marcos, en una resolución conocida este viernes, le recuerda al esposo de la infanta Cristina que durante las horas que pase en el Centro Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón (Madrid) sigue teniendo “terminantemente prohibido” cualquier tipo de comunicación con sus familiares, ya sea en persona como por teléfono u “otros medios de similar eficacia” como la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp o el sistema de videollamadas Skype.

Urdangarin está en prisión desde junio de 2018 y clasificado en segundo grado penitenciario, el régimen ordinario reservado a presos no conflictivos pero que no pueden acceder todavía a beneficios como la semilibertad. Esta clasificación carcelaria impide a los presos mantener comunicaciones con sus familiares más allá de las organizadas dentro del centro, como los encuentros semanales, o los vis a vis. Los teléfonos móviles están terminantemente prohibidos en los centros penitenciarios y las llamadas telefónicas, limitadas en número y duración, solo se pueden realizar desde las cabinas situadas en los módulos. El magistrado le recuerda al cuñado de Felipe VI que no puede salir del centro Don Orione, de atención a discapacitados psíquicos, salvo para acompañar a las personas a su cargo en los paseos por las inmediaciones. Tampoco podrá salir a almorzar fuera de las instalaciones: “Las comidas las realizará el penado en las propias dependencias del centro”, ordena el magistrado, que da respuesta a las aclaraciones solicitadas por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva.

El pasado martes, el juez De Marcos autorizó la salida de Urdangarin de prisión dos días a la semana durante un máximo de ocho horas. El magistrado sustentaba su decisión al amparo del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, que permite a los reclusos en segundo grado con “baja peligrosidad social” “acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que este sea necesario para su tratamiento y reinserción social” y que no se adviertan riesgos de quebrantamiento de condena. Este artículo se ha aplicado en los seis primeros meses de 2019 a 263 reclusos, según fuentes penitenciarias.

Urdangarin realizó la primera salida de prisión el pasado jueves, lo que obligó a establecer medidas de seguridad para su salida y regreso a Brieva. El esposo de la infanta es el único recluso del módulo masculino de la cárcel de Brieva, en la que ingresó tras hacerse firme la sentencia por el caso Nóos de corrupción. Instituciones Penitenciarias, que tenía potestad para cambiarle de centro, decidió mantenerlo en Brieva por motivos de seguridad, pese a que en esa prisión carece de relación con otros reclusos y su vida social se limita a las visitas de sus familiares.

“La situación de aislamiento como forma de cumplimiento en la cual se encuentra el recurrente no es fruto de su elección, sino decisión de la autoridad penitenciaria. No es la voluntad de los internos la que determina el centro penitenciario de cumplimiento, pronunciamiento que, de nuevo, corresponde a la Administración”, recordaba el juez De Marcos en el auto de 22 folios por el que concedió el permiso, contra el criterio de la Fiscalía, que sigue estudiando si recurre su salida.

El magistrado señala que “el aislamiento como forma de cumplimiento está proscrito en la normativa internacional, las Reglas Mínimas Penitenciarias del Consejo de Europa y en la legislación nacional, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario». No obstante, recuerda que «cabe recurrir a él en orden a preservar la vida e integridad de los internos, de ahí la legalidad de la decisión adoptada por la Administración”. No obstante, afirma el juez que en estos casos “han de articularse medidas en orden a evitar la desocialización que comporta la soledad”.

Sobre el voluntariado con discapacitados propuesto por Urdangarin, el magistrado recuerda que será «sin contraprestación económica o material» e implica «por sí un elemento de asunción de valores prosociales». «En el ámbito de la delincuencia económica, cuyo eje es el egoísmo, el afán desmedido de lucro, además del desprecio al interés comunitario, la toma de contacto con la vida real, con los problemas de los demás, coopera a generar un elemento de conciencia de la trascendencia de la propia conducta delictiva», resalta el magistrado, que enmarca la labor que realizará el cuñado del Rey «en el concepto de justicia restaurativa, una forma de reparación a la sociedad».




Fuente: El Pais

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