La Fiscalía ha pedido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sea condenado a un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia. En su escrito de acusación, el ministerio público solicita que, además, se imponga al president el pago de una multa de 30.000 euros por colocar lazos amarillos en el Palau de la Generalitat pese a las advertencias de la Junta Electoral Central (JEC) para que los retirara.

En su escrito, la Fiscalía acusa a Torra de un delito de desobediencia y pide su inhabilitación «para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico estatal o europeo». También solicita que se le impida «el ejercicio de funciones de gobierno» a cualquier nivel durante ese tiempo. El fiscal recuerda que la pena de inhabilitación, en caso de imponerse, «conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y de los honores que le sean ajenos, así como la imposibilidad de obtener los mismos, durante el tiempo de condena».

Tras la acusación, Torra está a un paso de sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su batalla para mantener los símbolos independentistas en dependencias públicas durante la campaña para las elecciones generales del pasado 28 de abril. Torra decidió mantener los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos independentistas en el Palau de la Generalitat y en otras dependencias pese a las reiteradas advertencias de la Junta Electoral en el sentido de que debía retirarlas. En su declaración como investigado, el presidente catalán se acogió a su derecho a la libertad de expresión y puso en duda la autoridad del organismo de control electoral.

El tira y afloja comenzó el 11 de marzo, cuando la JEC dio 48 horas a Torra para retirar esteladas y lazos amarillos de los edificios de la Generalitat para mantener la neutralidad institucional ante los comicios. La Fiscalía recuerda que se trata de símbolos partidistas, «asociados a una determinada filiación ideológica y política». Torra decidió «desatender» la orden administrativa y presentó un escrito que fue estudiado por la JEC pese a que, a criterio de la Fiscalía, ese escrito era «improcedente».

“Abierta” desobediencia

La Junta Electoral Central, sin embargo, reiteró su decisión el 18 de marzo: en esta ocasión dio solo 24 horas a Torra para retirar los lazos y le advirtió de posibles responsabilidades administrativas y penales. Torra presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de la orden y dijo que debía esperar la opinión del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán. La opinión de esta figura, sin embargo, es «intrascendente» e «inane», recuerda la Fiscalía en su duro escrito de acusación.

El caso es que Torra tampoco obedeció esa segunda orden —más bien la «desatendió abiertamente», en palabras de la Fiscalía— y la propia portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, confirmó que iban a mantener los lazos. El día 21 de marzo, la JEC ordenó a los Mossos d’Esquadra la retirada de todos los símbolos. Ese mismo día, Torra decidió sustituir la pancarta con un lazo amarillo en el Palau de la Generalitat por otra de contenido análogo con un lazo blanco. Pese a que los Mossos actuaron como se les había pedido, para la Fiscalía la desobediencia ya se había producido.

Apenas unos días después de la polémica, el fiscal superior, Francisco Bañeres, se querelló contra el presidente catalán por desobediencia. En apenas cuatro meses, la instrucción —muy sencilla— ya se ha completado. El TSJC decidió procesar a Torra y dio traslado a las partes para que presentaran sus escritos. Los abogados del dirigente han planteado la recusación del magistrado instructor, Carlos Ramos.




Fuente: El Pais

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