El vicepresidente del BCE y exministro de Economía español, Luis de Guindos, ha sido el único alto responsable europeo que se ha referido directa y públicamente al caso de las escuchas ilegales y le espionaje realizado por el excomisario de policía José Manuel Villarejo por encargo del BBVA de Francisco González durante la batalla por el control del banco con Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, allá por el año 2004.

Guindos se limitó a urgir a los responsables del banco español para que los resultados de la investigación que la entidad ha encargado a bufetes y auditoras externas “estén disponibles lo antes posible, ya que en estos casos el tiempo es clave”. Una declaración que parece obvia pero que compendia las preocupaciones que albergan los responsables del sistema financiero europeo. También los del español, aunque el Banco de España, que dirige Pablo Hernández de Cos, no se haya manifestado sobre el asunto.

Para los banqueros centrales, la preocupación no tiene que ver con la solvencia de la entidad ni con hipotéticos e inexistentes riesgos sistémicos. Tampoco con la línea ejecutiva del banco, pues González no ocupa ninguno de ellos. El problema es reputacional. Primero para la entidad afectada, después para la banca en general. Y por eso, el BCE espera una reacción rápida. Algo que ya, como el mismo pronunciamiento de Guindos pone de manifiesto, ya no se ha producido.

El mensaje del vicepresidente del BCE debe leerse como un toque de atención hacia la entidad, que lleva desde el pasado mes de junio analizando internamente qué pasó. Es decir quién contrató a Villarejo y quién fue informado de la evolución y el contenido de los encargos realizados a ese tenebroso policía privatizado vía talonario.

Obviamente, el banco no debe tomar ninguna decisión que no se ajuste a lo que realmente sucedió en la entidad, pero no puede mantener abierto el expediente indefinidamente. La presión es alta. Una resolución no bien fundamentada podría colocar al banco y al expresidente González en una situación precaria desde el punto de vista penal y patrimonial. La decisión del nuevo presidente del banco, Carlos Torres y de su consejo, tiene implicaciones más amplias que las del relevo al frente de la Fundación o de la presidencia honorífica. No hay que olvidar que no se trata sólo de un aspecto moral y reputacional. Fiscales y jueces están sobre el asunto y su objetivo es buscar la manera de que la prescripción, ese recurso tan manido de los abogados procesalistas más avezados, no evite la investigación de lo sucedido en el 2004 y, probablemente, bastantes años después.

Por eso no es descartable que la entidad financiera acabe prolongando esa fase de revisión e investigación de lo sucedido hasta que se aclaren otros frentes. Y que espere a que la justicia marque ritmos, tiempos y responsabilidades. No sería bueno para su reputación, pero a veces hay que escoger el mal menor.

Desde la óptica del regulador, en cambio, lo importante es que la sombra de la sospecha desaparezca lo más rápidamente posible. Descartar las implicaciones más generales, concentrar los problemas en unas pocas personas y conseguir que la entidad afectada se aplique a lo suyo, ganar dinero y no provocar problemas.

Los borrones en el expediente de los banqueros no son un problema solo para los directamente afectados, personas y entidades, también para quienes deben tomar medidas regulatorias y en ocasiones topan con una opinión pública que es contraria a ayudar a quienes considera los malos de la película.

No es un clima idóneo, por ejemplo, subir los tipos de interés, el gran anhelo de los banqueros de medio mundo, especialmente los europeos, tras tantos años de tipos reales negativos, para que los ciudadanos piensen que los beneficia-dos se dedican a actividades ilegales.

La contratación de los denominados servicios de inteligencia ha sido tradicionalmente una tentación para los poderosos. Si casi todo se puede comprar, por qué no hacer lo mismo en ese terreno si la posición propia está en peligro. Muchos jerifaltes del mundo económico, en todas partes, se han aplicado a sí mismos el razonamiento de la razón de Estado, que da cobijo a toda clase de comportamientos, justificando los medios con los fines. Estos últimos podían ser directamente personales o los llamados corporativos. El futuro de la empresa, el daño económico, los puestos de trabajo.

Muy probablemente, el asunto del BBVA no sea el único, ni incluso el más grave, pese a que lo revelado hasta ahora ya es sustancial. Tras la debacle que siguió a los años locos de los Mario Conde y Javier de la Rosa, auténticos adictos al espionaje y la elaboración de dossier contra sus rivales como arma de batalla política, económica y empresarial, muchos pensaron que esos métodos eran ya cosas del pasado. Ahora, de la mano de la propia acción de la justicia, y siempre con mucho retraso, la opinión pública ha vuelto a ser consciente de que en la vida económica, como en la política, la guerra se libra en todos los terrenos y que la tentación de algunos poderosos con fondos es conseguir sus objetivos sin aceptar límites considerados insuperables por el resto de los mortales. La guerra económica sucia sigue gozando de muy buena salud.




Fuente: LA Vanguardia

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