Calle Mayor de Madrid, una de las calles afectadas por la zona de bajas emisiones. En vídeo, declaraciones de Pepu Hernández (PSM). JULIÁN ROJAS / VÍDEO: EFE

La Comisión Europea está al volante y maneja los tiempos. Bruselas decide si acelera o pisa el freno con los expedientes contra los miembros de la Unión Europea (UE) que incumplen las directivas comunitarias. Y ahora la Comisión ha decidido dar un acelerón y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento desde 2010 de la directiva de calidad del aire, como adelantó el martes EL PAÍS. Las fuentes comunitarias consultadas apuntan a un detonante: la intención del Ayuntamiento de la capital española –gobernado por PP y Ciudadanos con apoyo de Vox– de revertir Madrid Central, la zona de bajas emisiones que vetaba el acceso de los coches más contaminantes al área céntrica de la ciudad.

El expediente contra España, que se abrió en 2015, estaba en estado latente desde mayo de 2018 y se ha reactivado en el momento en que el Consistorio ha intentando (sin éxito) suprimir las multas sobre las que se sustenta Madrid Central. Dos juzgados de la capital le han parado los pies y la Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación de oficio desde que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida (PP), anunció que paralizaría el plan. En todo caso, el expediente (por el incumplimiento desde 2010 y hasta al menos 2017 de los límites legales de dióxido de nitrógeno) no solo afecta a la ciudad de Madrid, también a Barcelona y a la zona del Baix Llobregat, los municipios que rodean a la capital catalana.

Pero fuentes comunitarias reconocen que la denuncia llega, en gran parte, tras el anuncio de la supresión de Madrid Central. La decisión del Ayuntamiento elevó la preocupación del departamento de Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente. Y, según estas fuentes, los temores iniciales se vieron corroborados “por las propias decisiones de los tribunales españoles, que han intentado preservar la medida”. La ofensiva judicial española para defender Madrid Central alentó la reacción de Bruselas.

“Ha sido el detonante”, decía este miércoles también el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura. En la misma línea, la teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha sostenido que la denuncia “responde a la necesidad de decirle a Madrid y su equipo de gobierno que en el proyecto Madrid Central no se pueden dar pasos atrás”, informa Clara Blanchar. Mientras, el actual Ayuntamiento madrileño —que dice que presentará lo antes posible una alternativa— defiende que los incumplimientos por los que se denuncia a España se corresponden a un periodo —de 2010 a 2017— en el que «no estaban gobernando» (el PP gobernó la capital hasta mayo de 2015).

Incumplimiento contumaz

Hace algo más de un año la Comisión reconocía en un informe oficial el “incumplimiento contumaz de las normas de calidad del aire” por parte de la mayoría de países de la UE. Para entonces ya había decidido denunciar a seis países —entre los que estaban Alemania, Francia e Italia— por incumplir esa directiva. Pero a España, Eslovaquia y República Checa se les dio algo más de margen porque, según dijo entonces la Comisión, las medidas que se habían diseñado —entre ellas Madrid Central— podrían avanzar hacia los límites de la directiva de calidad del aire.

La tregua se prolongó durante más de un año, a pesar de que la Comisión reconocía que ni siquiera los planes anunciados y adoptados eran suficientes para rebajar la contaminación por debajo de los umbrales exigidos. La tolerancia se ha terminado tras la repentina decisión de Madrid de revertir los planes para contener la polución, una marcha atrás de la que no se recuerdan precedentes en el resto del continente. El sorprendente movimiento —que fue recogido por los principales diarios europeos e, incluso, por The New York Times— llevó a la Comisión a reactivar el expediente disciplinario contra España apenas dos meses después de las elecciones municipales y solo unas semanas después de que se constituyese el Ayuntamiento.

“La amenaza de una sanción fuerte ahora será un acicate para que se apliquen contra la contaminación”, valora Segura, quien recuerda que la denuncia de Bruselas era esperable tras la actitud del Consistorio madrileño.

Condenas y multas

Hace justo un año, el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por la falta de depuración de las aguas urbanas de 17 aglomeraciones. El incumplimiento de las normas de depuración se remontaba a 2001 y España fue multada con 12 millones. A eso se añade una sanción semestral —de 11 millones— que España paga desde entonces porque no ha construido las depuradoras. El Gobierno cuenta con instrumentos legales para trasladar la parte de la sanción que le corresponda a los Ayuntamientos y comunidades afectadas. Y en ese proceso está desde finales de 2018 el Ministerio de Política Territorial. Este departamento se está intercambiando documentación con varias de las comunidades afectadas para tratar de que asuman la parte de la sanción que le corresponde.

En todo caso, la denuncia contra España por la contaminación del aire no desembocará de forma inmediata en una multa. Para eso tendrán que pasar años y que sigan los incumplimientos. Primero, deberá existir una sentencia del tribunal que ratifique el incumplimiento de España. Luego, si persisten esos incumplimientos, Bruselas volvería a llevar al país ante el tribunal y esa vez sí pediría una sanción.




Fuente: El Pais

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