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El derribo de un barrio chií desata un conflicto sectario en Arabia Saudí | Internacional


Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran cañonazos, tiroteos y edificios destruidos. Pero no se trata de Siria ni de Irak, sino de la localidad saudí de Awamiya, a 400 kilómetros al este de Riad. Los enfrentamientos estallaron el pasado día 10 a raíz del plan oficial de demolición del casco antiguo, que los residentes consideran un castigo a su comunidad, perteneciente a la minoría chií de Arabia Saudí y centro de una larga trayectoria de activismo contra el Gobierno (suní). Cientos de familias han resultado desplazadas y al menos tres personas muertas, incluido un policía.

Hasta ahí los datos verificados. Ante la falta de acceso independiente a la zona, sólo es posible contraponer los relatos completamente discordantes de las partes. Las autoridades saudíes, citadas en la prensa local, responsabilizan de los incidentes a “terroristas” que utilizan “cohetes, artefactos explosivos y minas para obstruir el trabajo de un proyecto de desarrollo en el barrio de Al Musawara, y atacan al personal de seguridad y a los obreros”. La población culpa a las fuerzas de seguridad.

“Están usando armamento pesado”, denuncia un activista en un correo electrónico enviado a EL PAÍS. De acuerdo con su relato, las fuerzas de seguridad tienen sitiada la ciudad y sus miembros intimidan a los residentes “en los controles de entrada y salida”. También se queja de una campaña de sectarismo contra la comunidad chií en los medios de comunicación saudíes y las redes sociales. Otros activistas elevan a seis los muertos.

Al Musawara, literalmente “amurallado”, es el casco antiguo de Awamiya, una ciudad de unos 25.000 habitantes en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, que se ha convertido en centro de la resistencia de los chiíes, que se quejan de discriminación y cuyo malestar ha crecido desde la ejecución del clérigo disidente Nimr al Nimr el año pasado. El barrio, algunos de cuyos edificios tienen cuatro siglos, está considerado un modelo histórico de población amurallada y albergaba a entre 2.000 y 3.000 personas, con una mezcla de viviendas, pequeños comercios, lugares de culto y mercado. A principios de año, el gobernador regional, Jaled al Safian, estimó en 488 el número de casas que iban a ser demolidas, según el diario Okaz.

A los residentes les preocupa la ausencia de inmuebles residenciales en el plan, que pretende transformar el barrio en un área comercial y de servicios. Eso va a agravar la actual escasez de vivienda y encarecer su precio, lo que obligará a muchos a marcharse de la ciudad. Algunos lo ven como un castigo por su activismo.

La ONU, que en abril ya se mostró contraria al proyecto, criticó el pasado miércoles tanto el derribo de las viviendas como el desahucio de sus ocupantes. “Estas destrucciones borran las huellas de este patrimonio cultural, histórico y vivido, y constituyen una clara violación de las obligaciones de Arabia Saudí bajo la ley internacional de derechos humanos”, declaró la relatora especial para los derechos culturales, Karima Bennoume. Esta experta acusa a las fuerzas saudíes de haber “dañado y quemado de forma irremediable” edificios históricos.

El Gobierno justifica la demolición como parte de un plan de modernización de la zona y para acabar con el santuario desde el que proscritos armados atacan a las fuerzas de seguridad. En los últimos meses, los medios saudíes han informado de varias agresiones contra funcionarios locales, incluido un juez chií el pasado diciembre.

De acuerdo con Al Safian, el presupuesto para compensar a los afectados asciende a 764 millones de riales (182 millones de euros), pero muchos de los afectados han rechazado la compensación y solicitan ayudas para renovar las estructuras en ruinas. Desde enero, sin embargo, las autoridades les han presionado para que se vayan, con cortes de luz entre otras fórmulas. Leilani Farha, la relatora especial de la ONU para el derecho a la vivienda digna, ha calificado lo que ocurre en Al Mosawara como “un desalojo forzado”.




Fuente: El país

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