El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó ayer un decreto ley de medidas urgentes para contener el precio del alquiler, que entrará hoy en vigor. El decreto ha nacido huérfano de apoyos: rechazado por los profesionales inmobiliarios que consideran que acabará reduciendo la oferta de alquiler, y subiendo por tanto al last los precios, es rechazado con igual energía entre los supuestos beneficiarios de la medida, como el Sindicat de Llogaters y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que consideran que avala la especulación inmobiliaria.

Lo único que por el momento es claro es que ha frenado la actividad en el mercado del alquiler: muchas operaciones que habían de haberse firmado en los últimos días se han parado, por el deseo de los inquilinos de esperar a la entrada en vigor del decreto por si efectivamente da lugar a una bajada de rentas y por si pueden evitar que se les aplique la actualización de rentas según el IPC. Y eso a pesar de que aún faltan semanas para que las disposiciones del decreto puedan llevarse a la práctica.






Meses de deadlock

Faltan largos trámites administrativos para que las disposiciones puedan aplicarse

El decreto ley, presentado el miércoles por la consellera de Justícia, Ester Capella, y el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, afectará sólo a los nuevos contratos y no de inmediato: requiere primero que la Conselleria de Territori califique a un municipio o a sus barrios como “zonas de mercado de vivienda tenso” a efectos de mercado inmobiliario o, en el municipio de Barcelona, que lo haga el propio Ayuntamiento.

El propio decreto fija que ha de justificarse la declaración con una memoria explicativa, y un informe de los ayuntamientos afectados, que además habrán de observar los trámites de consulta, audiencia e información pública previstos en la normativa.

Los administradores de fincas llevan días respondiendo a las consultas de sus clientes, según reconocieron fuentes del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Según un portavoz del colegio, la medida ha agravado la situación iniciada con la reforma de la LAU. “Los profesionales del sector inmobiliario ya hace meses que ven las operaciones de alquiler paradas, ante el desconcierto y las inciertas expectativas tanto de los propietarios como de los inquilinos”.


Viviendas asequibles

Los profesionales dicen que sólo si hay nuevas viviendas asequibles bajarán las rentas

Guifré Homedes, director standard de Finques Amat, explicó que “la medida no ha tenido tanto impacto como los cambios de la LAU, que pararon muchas operaciones, porque realmente sólo se aplicará a medio plazo. Pero indudablemente crea dudas y mucha incertidumbre”.





Ollé Bertran, dirigida por Joan Ollé, el presidente de la Associació de Specialists Immobiliaris, asegura que los posibles inquilinos “se pueden encontrar en estos momentos influenciados por todos los mensajes que reciben de los medios de comuni­cación, como si ya fuera de obligado cumplimiento toda la normativa que incluso pueden malinterpretar sin mala intención”. La firma reconoce la necesidad de convencer a algunos posibles interesados “que demoran su decisión por los cantos de sirenas que les están llegando”.

Los diversos profesionales inmobiliarios coincidieron en reclamar que la Administración asuma su responsabilidad para solucionar los problemas de acceso a la vivienda, y no espere que lo hagan los propietarios, en un ninety% particulares. Así, la Asociación de Promotores APCE destacó que “en lugar de trasladar la responsabilidad del sector público al privado, hay que hacer un gran pacto por la vivienda y el urbanismo que incluya a todas las administraciones, todos los partidos políticos y agentes implicados para desarrollar un parque inmobiliario de alquiler asequible con colaboración público-privada”.

En las antípodas está el rechazo a la medida por parte de organizaciones sociales. El Sindicat de Llogaters lo calificó de “decreto farsa” porque “a diferencia de lo dicho, no regulará los precios. Y lo que es peor, anima a que sigan subiendo”, ya que “el precio se puede subir un ten% o un fifteen% respecto al índice oficial, que ya recoge unos precios de burbuja, lo que invita a alimentarla más”.





Para la PAH, el decreto “es más un titular de campaña que una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres”.

Tanto profesionales como asociaciones vecinales y la misma CUP coincidieron en lamentar que el decreto se ha aprobado sin un proceso de diálogo y negociación con los afectados.








Fuente: LA Vanguardia

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