El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez en la batalla que emprendió contra el Parlament en octubre de 2018, después de que este reprobara a Felipe VI. Los magistrados del pleno decidieron este miércoles anular por unanimidad parte de esa resolución al considerar que el «rechazo» por parte de una institución del Estado vulnera la inviolabilidad y el «estatus constitucional» del Monarca. Una decisión adoptada pese a que la Cámara alegaba que el dictamen era solo una declaración política sin efectos jurídicos.

Los argumentos esgrimidos por el Parlament, que planteaba que su resolución se encontraba amparada por la libertad de expresión, han hecho agua en el tribunal. Los magistrados mantuvieron la unanimidad, como acostumbran en todas las decisiones relacionadas con el procés, y aceptaron el recurso presentado por el Ejecutivo socialista contra la declaración aprobada por CatComú Podem, que la impulsó, Junts per Catalunya y ERC —en contra votaron PP, Ciudadanos y PSC; y la CUP se abstuvo—. Una iniciativa que se vendió como una condena al discurso que el Rey pronunció el 3 de octubre del 2017 como reacción a la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Todos los componentes del pleno entienden que vulnera la Ley Fundamental cualquier decisión institucional de un órgano del Estado que atribuya a Felipe VI «una responsabilidad política» y «una sanción política en forma de rechazo o condena». «La persona del Rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad por sus actos», recuerda el Constitucional en su sentencia de 28 páginas, donde resaltan que el ordenamiento jurídico sitúa al Rey como jefe del Estado y «símbolo de la unidad y permanencia del Estado».

Además, el pleno acusa al Parlament de haber adoptado una decisión «fuera del ámbito de sus propias atribuciones», pues la legislación no le reconoce «ninguna potestad de censura o reprobación de los actos» del Monarca.

La resolución de los magistrados se centra en los dos últimos apartados de la iniciativa aprobada por la Cámara autónoma, que fueron recurridos por el Gobierno de Sánchez y anulados este miércoles en su totalidad. El primero de ellos rezaba: «[El Parlament, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales], rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017». El segundo decía: «[La Cámara] reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

Críticas a la sentencia

Para el Parlament era simplemente una declaración política. Pero no lo ve igual el Constitucional: «No se trata, como dice la representación del Parlamento de Cataluña, de una declaración de voluntad política que no va más allá de este deseo, sino que la apuesta por la abolición de la Monarquía se tiene que interpretar también en ese contexto de rechazo y condena, porque se hace un juicio de reprobación dirigido contra el Rey, la Corona y el sistema constitucional de Monarquía parlamentaria que aquel representa».

En esa línea, los magistrados insisten en que cuando el pleno de un órgano legislativo, en este caso el Parlament, adopta una decisión y toma posición ante un determinado hecho de relevancia pública, «tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del Estado». Y no es, por tanto, el mero, ejercicio de la libertad de expresión.

Este era, precisamente, uno de los puntos que sostenía La Moncloa en su recurso. «Un Parlamento autonómico no puede intentar trazar la forma de Estado de este país», dijo la vicepresidenta Carmen Calvo, que lideró públicamente esta iniciativa del Ejecutivo, pese a que contó con el rechazo del Consejo de Estado, principal órgano asesor del Gobierno, que concluyó que no había base jurídica para recurrir. Varios constitucionalistas consultados por EL PAÍS coincidieron también con esta tesis, ya que argumentaban que se trataba de una mera declaración política sin trascendencia jurídica.

De hecho, apenas pasadas unas horas, arreciaron las críticas. Alberto Garzón, diputado de Unidas Podemos, cargó contra el alto tribunal: «Esto es una barbaridad, y muy grave. ¿Está diciendo que un Parlamento democrático no puede hacer una resolución no legislativa con la que dar su opinión sobre la Monarquía? El asalvajado poder judicial ha perdido la cabeza». Una pregunta al aire a la que respondió el presidente de la Generalitat, Quim Torra: «Efectivamente, es exactamente así».

«Recordemos que esta infame decisión es consecuencia del absurdo recurso que el Gobierno del PSOE hizo ante una declaración legítima. Como legítimo es decir, alto y claro, que en este país sobran la Monarquía y un montón de jueces reaccionarios que destruyen la democracia», añadió Garzón. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también mostró su rechazo a la decisión del Constitucional de este miércoles: «La mayoría del Parlamento afirma que la Monarquía es una institución caduca y rechaza el discurso del Rey del 3 de octubre. Y eso no va a desaparecer por más resoluciones que anule el Constitucional. Intentar abordar cuestiones de naturaleza política desde los tribunales siempre es un error».

El Gobierno también denunció que la reprobación al Rey suponía «un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlamento catalán de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional». Aunque este argumento ha sido rechazado por el alto tribunal.




Fuente: El Pais

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