El comité de empresa de Nissan Motor Ibérica expresó ayer su rechazo al plan de competitividad anunciado el martes por la dirección de la compañía y remarcaron que “sólo con inversiones y con más producción se asegurará el futuro de la factoría”. El comité dio a conocer un plan estratégico con sus propuestas en el que recuerda que Nissan ha recibido importantes ayudas públicas. Según sus cálculos, han sido un total de 179 millones de euros desde el año 2009, de los cuales 154,64 millones corresponden a la Administración central y el resto, a la Generalitat. Son datos que la empresa niega, porque, según asegura, son cifras que incluyen las ayudas que han ido al comprador a cargo de los diferentes planes de incentivos de los gobiernos.





“Es una muestra de la aportación de la sociedad catalana y española al desarrollo del negocio de Nissan en el país, un compromiso social al que la empresa debería corresponder”, señala el documento sindical.


Se descartan movilizaciones hasta conocer la oferta concreta sobre las indemnizaciones

Juan Carlos Vicente, presidente del comité de empresa y representante de Comisiones Obreras, destacó que “no es culpa de los trabajadores” que una fábrica con capacidad para producir 200.000 unidades acabe con sólo 70.000 el año pasado, Y, según la previsión avanzada el martes por Gianluca Di Ficcy, presidente de Nissan ­Europa, aún va a bajar más, hasta unas 60.000, con la esperanza de que al menos se pueda estabilizar este nivel.

La medida principal del plan de competitividad es un recorte de 600 empleos, casi un 20% de la plantilla actual, que según la empresa se pretende hacer de forma no traumática, con prejubilaciones y bajas pactadas. “Si se hace así no sería un problema siempre y cuando haya un futuro para la planta y un plan industrial”, dijeron fuentes sindicales.

Pero Enrique Saludas, del sindicato Sigen-Usoc, ya ha expresado su temor a que la empresa pretenda empeorar las condiciones respecto a las prejubilaciones que se están realizando en la actualidad y que aseguran un 90% del salario. “No podemos pasar por eso, no sería justo”, explicó.





En cualquier caso, es la falta de garantías industriales lo que más inquieta. La compañía ha anunciado inversiones por importe de 70 millones de euros para la construcción de una nueva nave de pintura para sustituir a las actuales instalaciones, obsoletas y amenazadas de cierre en el 2023 por problemas medioambientales. Pero sobre la asignación de nuevos modelos no hay nada previsto a medio plazo.

“Queremos un plan industrial, la salida digna de personas mayores y condiciones dignas y trabajo para las que se quedan”, insistió Juan Carlos Vicente.

De momento, el comité no ha convocado movilizaciones de protesta, en espera de que la dirección concrete la oferta sobre las indemnizaciones de los afectados por el recorte. Pero el comité ha advertido de que, si la oferta no es satisfactoria, se organizarán las movilizaciones que sean “necesarias”. También calificó de “casi un chantaje” las prisas con las que empresa quiere negociar porque su intención es cerrar un acuerdo antes de Semana Santa.








Fuente: LA Vanguardia

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