Colombia se ha sumado, desde el jueves, a la ola de protestas que en las últimas semanas han sacudido a diversos países de Sudamérica. El caso colombiano es particular, pues los movimientos sociales han estado históricamente eclipsados por el conflicto armado. Las razones del estallido de esta semana son diversas, pero han confluido a la hora de canalizar el descontento con el Gobierno de Iván Duque y la exigencia de unas reformas para paliar unas carencias que se arrastran desde hace décadas.

El país amaneció este sábado con relativa tranquilidad, después de una noche marcada por el toque de queda en la capital, Bogotá. Tras la masiva manifestación del jueves y las protestas que se replicaron un día después, Duque decidió sacar al Ejército de la calle. La tensión se disparó, al tiempo que la confusión, la desinformación sembró el miedo entre la población. Para este sábado por la tarde están convocados nuevos cacerolazos y protestas en todo el país. Los llamados, la mayoría espontáneos, piden que la gente salga a la calle de manera pacífica y festiva.

La amalgama de reclamos sociales es amplía. En su réplica a las declaraciones de Duque frente al paro, el congresista Mauricio Toro, como portavoz de la oposición política, intentó hacer un compendio. “Salieron a las calles los trabajadores que exigen condiciones laborales y pensionales realmente equitativas para superar la brecha escandalosa de desigualdad que hay en Colombia”, comenzó su recuento. Alzaron su voz indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como mujeres y la comunidad LGBTI. Nuevamente salió a la calle el movimiento estudiantil y se reactivó el reclamo de una lucha efectiva contra la corrupción. “El país grita que el Gobierno no puede seguir impávido ante el asesinato de líderes sociales”, añadió entre las muchas razones del malestar social.

Las políticas económicas

Formalmente, el llamado original a la huelga nacional que prendió la chispa del descontento provino de las centrales obreras. El Comando Nacional Unitario, que reúne a varias de estas organizaciones, convocó desde octubre a la movilización en contra del “paquetazo” de Duque, como califican a varias de sus políticas económicas. Colombia es un país muy desigual, y aunque la economía es una excepción en la región, pues creció a 3,3% en el tercer trimestre, el desempleo ha aumentado hasta volver a ubicarse en la cifra simbólica de los dos dígitos. Los sindicatos se oponen con particular énfasis a las reformas laboral y pensional. El Gobierno sostiene que dichas reformas no han sido definidas y serán concertadas, pero los trabajadores argumentan que varios voceros del Ejecutivo han manifestado que apuntan a la flexibilización laboral y a debilitar Colpensiones [el organismo estatal que las gestiona] a favor de los fondos privados. Además, el Gobierno debe volver a pasar por el Congreso una resistida reforma tributaria con la que ya contaba pero le tumbó la Corte Constitucional. Una de las primeras peticiones de los organizadores del paro es retirar la reforma tributaria. Las explicaciones, en todo caso, desbordan el plano meramente económico.

La oposición al acuerdo de paz

A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico feroz. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar brechas entre el campo y la ciudad. En campaña, el mandatario se propuso modificar los acuerdos sin llegar a “hacerlos trizas”, como reclaman los sectores más intransigentes de su partido. Pero en el poder se ha encontrado con que ese pacto goza de un considerable respaldo de la comunidad internacional y de diversos sectores en Colombia. El presidente insistió en presentar en marzo sus objeciones a una ley sobre el sistema de justicia transicional que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional, y sufrió una estruendosa derrota en el Congreso que dejó claro que carecía de mayorías para sacar adelante sus iniciativas. Aunque afirma que está asegurando una “paz con legalidad”, su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha desterrado la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial. La oposición –que ahora incluye al propio partido FARC– lo señala de empecinarse en revivir debates ya superados en lugar de implementar lo pactado en su integralidad.

El incesante asesinato de líderes sociales

Si bien el asesinato de líderes sociales venía desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, durante el de Iván Duque la masacre ha continuado. Desde 2016, tras los acuerdos de paz, 486 líderes comunitarios y ambientales han sido asesinados, según la Defensoría del Pueblo. Y este año, de enero a noviembre, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos humanos ha recibido información de 106 casos de los cuales han podido documentar 60. La situación de las comunidades indígenas es aún peor, y las masacres tienen acorraladas a las comunidades del norte del Cauca que piden sin éxito una reunión con Duque en sus territorios. A este ambiente de miedo, se suma el homicidio de excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC.

El temor por el regreso de los “falsos positivos”

Otro de los reclamos que se ha acumulado a lo largo del año tiene que ver con las actitudes del Ejército colombiano, que apuntan a un retroceso en derechos humanos y el regreso de los “falsos positivos”, asesinatos de civiles a manos de agentes del Estado, denunciado por la oposición. La muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC, que fue ocultado a la opinión pública; el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente de la guerrilla a manos de soldados; y la información errónea sobre Venezuela que el Gobierno presentó ante Naciones Unidas, empujaron a muchos ciudadanos a las calles. Estos cuestionamientos incluso provocaron la renuncia al ministro de Defensa, Guillermo Botero, figura cercana al uribismo, ante una inminente moción de censura.

Universitarios en la calle

El movimiento universitario se ha mostrado como otro de los grandes frentes abiertos. Los estudiantes han estado en la calle durante prácticamente todo el mandato de Duque, y en varios momentos se han convertido en el motor en las protestas. Uno de sus principales reclamos es mayor inversión para las universidades públicas, y especialmente que el Gobierno cumpla una serie de acuerdos firmados justamente después de dos meses de movilizaciones sostenidas. Según los estudiantes, el Gobierno está cerrado a dialogar con ellos.

La agenda anticorrupción

En una sociedad hastiada con la corrupción, en medio de escándalos como las ramificaciones locales del caso Odebrecht, la agenda anticorrupción ha sido otro frente desatendido. Con Duque recién posesionado, la llamada consulta anticorrupción, una propuesta para endurecer sanciones impulsada por sectores de oposición, no pudo superar el umbral requerido en agosto del año pasado, pero logró una votación histórica de más de once millones de votos, más incluso que los de Duque en los comicios presidenciales. El mandatario prometió recoger esa agenda, pero al final permitió que las propuestas de la consulta se marchitaran en el Congreso. Su principal promotora, Claudia López, fue elegida alcaldesa de Bogotá en los comicios de octubre, donde hubo un significativo avance de las fuerzas alternativas.

Con más de diez millones de votos, una cifra inédita, Duque fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia. Su posesión en agosto del año pasado, con 43 años recién cumplidos, enviaba un mensaje de renovación. En sus discursos, se propuso superar la polarización que se ha apoderado de la sociedad desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, atizada por el propio partido de Gobierno, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Pero no lo ha conseguido a lo largo de estos 15 meses, en parte por su ambigüedad frente a la implementación integral del pacto y su renuencia al diálogo, con un clima de confrontación ideológica que se desborda hacia otros frentes.

Por el contrario, Duque ha enfrentado una creciente movilización social coronada con el multitudinario paro nacional del pasado jueves, así como los disturbios y los masivos cacerolazos que se han repetido desde entonces. Desde su propia elección comenzó a crecer el lema “la resistencia” entre activistas de todo cuño que se declaraban vigilantes, y el Gobierno ha caído en un foso de impopularidad, con una desaprobación que alcanza el 69% en las encuestas. Paradójicamente, esa desconexión es especialmente pronunciada con los jóvenes.




Fuente: El país

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