El presidente de los colegios de arquitectos de España, Lluís Comerón, ha anunciado este viernes una revisión de las normas deontológicas de la profesión como consecuencia del presunto caso de intrusismo de Rocío Monasterio, la líder de Vox. «Esto no debe ocurrir una segunda vez», ha dicho Comerón ante arquitectos de toda España, reunidos en Madrid en asamblea anual.

Monasterio no puede ser investigada de acuerdo con las reglas actuales que impiden a los colegios de arquitectos sancionar casos de intrusismo y establecen plazos de prescripción de tres años. Monasterio se hizo pasar por arquitecta entre 2002 y 2009, según las pruebas que ha revelado EL PAÍS en las últimas semanas. En realidad no completó la carrera hasta octubre de 2009. Se colegió el 21 de diciembre de ese año.

«Vamos a iniciar de forma inmediata una revisión del código deontológico», ha dicho Comerón en la asamblea anual del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). El anuncio se produce un día después de que el colegio de Madrid, el COAM, archivara la denuncia por intrusismo que el arquitecto y concejal de Más Madrid José Manuel Cavo había presentado contra Monasterio. El COAM dijo que rechazó la denuncia porque no está capacitado para investigar a los falsos arquitectos.

«Las informaciones aparecidas en medios sobre Rocío Monasterio entran en el ámbito deontológico», ha dicho Comerón en la asamblea, según una cita recogida por el canal oficial del CSCAE en Twitter.

«Este depende de los colegios de arquitectos y como en los procedimientos judiciales todo es muy reglado: las faltas están tipificadas y también se establecen prescripciones temporales. En este caso conforme a las informaciones recabadas, esos plazos de prescripción habrían transcurrido, pero con las noticias publicadas, es un daño para la profesión que, presuntamente, haya podido actuar sin estar titulada, ni colegiada, y podemos perder la capacidad de reacción. Expreso la preocupación y el firme compromiso de actuar», ha dicho Comerón.

El archivo de la denuncia por el COAM causó indignación entre los arquitectos, que no entendieron cómo el órgano que defiende sus intereses se desentendía de un caso de intrusismo que les afecta. El órgano del COAM con poder sancionador, la Comisión de Deontología, citó leyes y decretos que le atan las manos. Su texto restringe su competencia disciplinaria a “acciones y omisiones de los arquitectos”.

De todos modos, la denuncia tampoco tenía posibilidad de éxito porque los hechos ocurrieron hace más de una década y ya han prescrito, tanto en la vía disciplinaria del COAM como en la penal.

Los documentos y testimonios contra Monasterio apuntan a que supuestamente cometió un delito de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal y otro de falsificación de documento público recogido en el artículo 392. Pero estos delitos habrían prescrito, ya que han pasado más de cinco años, como estipula el artículo 131 del Código Penal.

El Código Deontológico de los arquitectos es un conjunto de definiciones y obligaciones que fue actualizado por última vez en 2015. Una reforma tendría un alcance limitado. Para cambiar las normas de prescripción, infracciones y sanciones sería necesario reformar otro documento, los estatutos profesionales, aprobados por un real decreto de 2018.

En estos estatutos se recogen sanciones como la suspensión hasta cuatro años y la expulsión permanente. También se enumeran infracciones como el plagio o el ejercicio de la profesión estando suspendido o inhabilitado, es decir, solo casos de intrusismo de colegiados sancionados.

Las pruebas contra Monasterio y Espinosa

Rocío Monasterio abrió un despacho de arquitectura e interiorismo en 2002, antes de entrar en política con el partido de ultraderecha Vox. Desde hace un mes y medio este periódico ha revelado pruebas que indican que Monasterio cometió numerosas irregularidades durante su práctica profesional. Su esposo y hoy también líder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, actuó en muchos casos como promotor inmobiliario o constructor. Conocemos ya irregularidades en al menos diez casos.

  • Firmó sin estar titulada: Monasterio estudió Arquitectura en los años 90 pero no terminó la carrera hasta octubre de 2009. Y no se colegió hasta el 21 de diciembre de ese año. Sin embargo, su nombre y firma aparece en cuatro planos en años anteriores, en 2003, 2004 y 2006. Monasterio no necesitaba estar titulada para hacer obras de interiorismo, ya que se trata de reformas pequeñas, con carácter muchas veces decorativo. Pero el nombre de Monasterio aparece en planos de mayor envergadura. Las actividades que requieren la titulación de arquitecta son detalladas por el artículo 10 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación que incluye entre estas, «todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica». De cara al público también se hizo pasar como arquitecta, según afirman sus antiguos clientes, y según artículos de prensa de aquella época. El nombre de su propio estudio, Rocío Monasterio y Asociados, favorecía esa confusión. 
  • Falsificación de un documento oficial: El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid ha revelado que el visado que aparece en al menos siete planos de Rocío Monasterio de 2005 es una falsificación, no consta en sus archivos. Monasterio presentó esos planos manipulados ante el Ayuntamiento de Madrid.
  • Venta de lofts supuestamente fraudulenta: Monasterio se especializó en la reconversión de fábricas y talleres en lofts, un tipo de inmueble inspirado en los espacios industriales de Nueva York convertidos en viviendas. Pero en España no se puede vivir en ellos porque no es posible obtener un permiso de habitabilidad en suelo industrial. Sin embargo sus clientes dicen que ella les aseguraba que conseguiría las licencias porque tenía contactos en el Ayuntamiento de Madrid, algo que ella ha negado. Monasterio también asegura que sus compradores sabían que no podrían vivir en esos inmuebles.
  • Obras sin licencia: Monasterio también hizo obras sin la obligatoria licencia municipal, según las pruebas que ha recabado este periódico. Fuentes del sector dicen que en Madrid se realizan numerosas obras sin licencia, tanto pequeñas reformas como reconversiones. Como son difíciles de detectar desde el exterior, muchos propietarios, con la connivencia de algunos constructores y arquitectos faltos de escrúpulos, se ahorran costes al no comunicar estas obras. En Madrid conseguir una licencia de obra es una odisea que se puede demorar hasta 16 meses.

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Fuente: El Pais

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