El Banco Santander ha lanzado su contraataque a la demanda de Andrea Orcel por su fichaje frustrado como consejero delegado del banco. Además de otros argumentos jurídicos, el banco acusa a Orcel de grabar conversaciones privadas con directivos de la entidad, entre ellos la presidenta Ana Botín, según fuentes conocedoras del proceso.

“Según ha conocido el banco por la demanda, el Sr. Orcel comenzó el 12 de enero de 2019 a grabar conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander, lo que viene a confirmar que la decisión adoptada por el consejo de Banco Santander fue la adecuada», reza el escrito de la entidad.

Banco Santander ha presentado ante la autoridad judicial correspondiente el escrito de contestación y oposición a la demanda presentada por Andrea Orcel. “Ante las filtraciones producidas con la finalidad de generar una imagen distorsionada de los hechos, y con pleno respeto a los jueces y tribunales ante los que hará valer sus razones, el banco considera procedente puntualizar” una serie de aspectos, indica la entidad.

El banco sostiene que la carta oferta que envió a Orcel no es el contrato que exige la ley y dicho contrato nunca se materializó. “El Sr. Orcel fue nombrado consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 acelerando el proceso a petición de UBS y el propio Sr. Orcel pero ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato entre el banco y el Sr. Orcel quedó perfeccionado, pues estaba pendiente de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales (la retribución final a percibir por el Sr. Orcel como buyout), y estaba sujeto, además, al cumplimiento de una exigencia legal indeclinable como es su aprobación por la junta general de accionistas. Asimismo, la contratación quedaba sujeta a la futura aprobación del contrato por el consejo de administración, la evaluación de idoneidad por el BCE y el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad que continuó durante todo el proceso siendo empleadora del Sr. Orcel. Ninguna de estas condiciones se dio”, indica la entidad.

En su relato, Santander explica que desde el 25 de septiembre de 2018, el Sr. Orcel y Banco Santander mantuvieron intensas negociaciones para concretar la cuantía del buyout que habría de incorporarse al futuro contrato del Sr. Orcel, que estaba previsto abonarse en acciones de Santander, sujeto a las métricas de desempeño establecidas por el Grupo y desembolsado a lo largo de siete años. “Desde el primer momento, el Sr. Orcel trasmitió a Banco Santander unas expectativas sobre la posición que mantendría UBS sobre el pago de sus incentivos que nunca se cumplieron. En reiteradas ocasiones el Sr. Orcel aseguró que lograría reducir el buyoutnegociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía. Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida. No consta que el Sr. Orcel llegara a enviar nunca esa carta, cuyo borrador sí le fue proporcionado por el banco”, indica la entidad.

Según el banco, lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación el Sr. Orcel rechazó destinar a reducir el importe del buyout los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento.

Asimismo, durante el curso de las negociaciones el Sr. Orcel incorporó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los 3 millones de euros.




Fuente: El Pais

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