El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto recurrir esta semana la suspensión cautelar del derribo del antiguo Colegio Alemán, ordenada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 26 de Madrid, Marta Iturrioz Muñoz, el pasado jueves. Los responsables municipales entienden que la licencia otorgada por el Consistorio cumple con todos los requisitos que marca la normativa, por lo que debe continuar con la demolición. La magistrada será la encargada de ver si mantiene la medida o, por el contrario, la mantiene.

La demolición del Colegio Alemán, situado en el número 32 de la avenida de Concha Espina junto a la calle de Serrano, comenzó el pasado 10 de julio, después de que la obra recibiera el visto bueno de los responsables municipales. El centro se encuentra cerrado desde hace cinco años, cuando la actividad docente se trasladó a un nuevo inmueble situado en el barrio de Montecarmelo, al norte de la ciudad. Esa construcción fue en su inauguración la obra civil más grande del gobierno alemán fuera de sus fronteras.

El edificio de Concha Espina fue obra de los arquitectos Alois Giefer y Hermann Mäckler, bajo la supervisión de Willi Schoebel Ungria. Se levantó en 1957 y se caracteriza por pertenecer al llamado Movimiento Moderno. Está compuesto por cuatro edificios principales unidos por un cuerpo sobre pilotes a modo de patio cubierto. En el conjunto destaca la vidriera de hormigón armado de la capilla, obra de Paul Corazolla y que fue construida en Berlín. Este complejo sustituyó a la anterior sede, que estaba en la confluencia de las calles de Zurbarán y Fortuny. Allí se encuentra ahora el Instituto Goethe.

Pese a esa riqueza arquitectónica, el Colegio Alemán no se encuentra en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Esto habría impedido facilitar la licencia de derribo. El inmueble pertenece ahora a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, propietaria del cercano hospital de San Rafael. El proyecto para el solar es la ampliación de este centro y construir un edificio de uso docente con oficinas y aparcamiento.

La magistrada Marta Iturrioz Muñoz paralizó de manera cautelar las obras de derribo, al entender que el valor del edificio es muy alto pese a no estar incluido en el catálogo municipal, como adelantó EL PAÍS. “Aunque se volviera a construir el edificio, ya no se trataría del original proyectado en 1957, con lo cual el perjuicio irreparable ya habría sido causado, de no quedar suspendida la demolición en este mismo momento, demolición desgraciadamente ya comenzada”, recogía la juez en su auto.

Fuentes municipales explicaron el pasado viernes que su intención es recurrir el auto, para lo que tienen un plazo de tres días, según recoge el escrito judicial. Estas fuentes reconocieron que respetan las decisiones judiciales, pero también añadieron que el proyecto cumple toda la normativa legal y municipal vigente.

El Área de Desarrollo Urbano tiene ahora al frente al concejal de Ciudadanos, Mariano Fuentes Sedano. Desde este partido recuerdan que a mitad del anterior mandato, este grupo presentó una propuesta para que se actualizara el catálogo de edificios protegidos. La medida fue rechazada.

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Fuente: El Pais

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