El Ayuntamiento ha presentado este viernes sus alegaciones contra el auto del Juzgado 24 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que paralizó hace una semana la moratoria de multas de Madrid Central a petición de Ecologistas en Acción. El auto impuso como “medida cautelar provisionalísima” la suspensión de la decisión municipal de paralizar las sanciones por acceder al área de bajas emisiones hasta el 30 de septiembre mientras desarrolla un modelo alternativo.

El gobierno municipal centra su argumentación en que la razón de su decisión de «aplazar las sanciones» era para «realizar una auditoría y mejorar un sistema donde se han producido distintos problemas técnicos, como recoge la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental en su informe del 24 de junio», según una nota difundida por el Ayuntamiento. Subraya además que «la finalidad de volver al sistema de avisos es la misma que se mantuvo hasta el 15 de marzo de 2019 con el anterior equipo: garantizar la fiabilidad técnica del sistema automatizado de control de accesos y de detección de infracciones, así como amparar el derecho de las personas a estar bien informados sobre cómo funciona la zona de bajas emisiones».

La Corporación presenta un informe del 10 de julio que asegura que «evidencia que se produjo una disminución de la contaminación durante los días laborales del periodo de aviso impugnado respecto a la semana anterior, cuando aún se emitían multas». En los cinco días de moratoria, del 1 al 5 de julio, siete estaciones superaron el límite permitido de NO2 (40 microgramos por metro cúbico de aire), mientras que del 24 al 28 de junio se rebasó en 13, sostiene.

Añade además que durante el tiempo en que no hubo infracciones, la estación de El Carmen, situada dentro de Madrid Central, no rebasó ningún día la cota marcada por la Organización Mundial de la Salud, como sí lo hizo el viernes 28 de junio, alcanzando los 44 μg/m3. Estos datos, “ponen de manifiesto que no concurre en este momento circunstancia especial que justifique la adopción de la medida suspensiva cautelarísima acordada sin haber concedido audiencia previa a esta Administración”, señala el Ayuntamiento en sus alegaciones.

Ecologistas en Acción advierte sin embargo de que los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) se dispararon esos días en la estación de El Carmen, pese a no superar los límites. Pasó de rondar los 22, 23 y 26 microgramos por metro cúbico de abril, mayo y junio, respectivamente a situarse en una media de 35 en solo una semana. Y una semana de julio, cuando el tráfico disminuye por el fin del periodo escolar y las vacaciones.

Sin urgencia

El acuerdo de la junta de gobierno que suspendió las multas fue recurrido en otras tres ocasiones por organizaciones como Greenpeace, el PSOE y un particular, pero en su caso, el juez decidió dar trámite de audiencia al Ayuntamiento, es decir, escucharle antes de adoptar ninguna medida. El titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 7 señaló en esos casos que «no se van a producir daños irreparables por el hecho de mantener en vigor la decisión municipal». Jesús Torres, del juzgado número 24, sí consideró que de no adoptar la suspensión cautelar, se perdería la «finalidad legítima al recurso», dado que «se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes» en la zona de Madrid Central. La corporación local subraya que en tres autos el juez no vio «tal urgencia».

Según el Ayuntamento, el auto que dictó la cautelar aduce que “el daño ya estaría causado de forma irremediable tras el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera como consecuencia de un incremento del tráfico de la ciudad”. El Consistorio discute este extremo y afirma que Madrid Central lucha contra la contaminación del dióxido de nitrógeno y no de los GEI. «La aceptación de la urgencia alegada sería igual a asumir que con carácter previo a su puesta en funcionamiento el pasado 30 de noviembre o durante los dos primeros periodos de prueba (del 3 de diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2019) el riesgo vital para la población era ‘insostenible o irreversible”, dice en un comunicado.

El Ayuntamiento insiste ante la Justicia en que Madrid Central sigue vigente pese a la moratoria de multas y asegura que se continúa multando a los vehículos A, B y C que incumplen la ordenanza en zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aseguró el lunes pasado que su equipo acata las resoluciones judiciales, tanto las que le son favorables como las que no. En el caso de la recurrida este viernes, afirmó que no compartía su contenido «desde un punto de vista estrictamente jurídico», pero la asumió y las multas volvieron al centro de Madrid.

Durante los cinco días en que las multas estuvieron suspendidas –del 1 al 5 de julio– aumentó el tráfico y la contaminación en la zona de acceso restringido, según datos oficiales analizados por Ecologistas en Acción. En una lectura diferente de esos mismos datos, Borja Carabante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente, aseguró que no se había registrado ninguna incidencia negativa ni en el tráfico ni en la polución.

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Fuente: El Pais

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