El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir los dos autos emitidos este martes por sendos juzgados madrileños que rechazan los argumentos del gobierno municipal para suspender durante tres meses las multas de Madrid Central y obligan a la administración a mantener las sanciones. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que acata las resoluciones judiciales aunque discrepa en cuanto al contenido. Almeida ha anunciado que va «a convocar el 30 de julio la comisión de seguimiento de Madrid Central, en la que están representados todos los sectores afectados” y ha insistido en que seguirá “escuchando a todas las partes sin prejuicio alguno”.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, no considera los autos como «varapalo judicial», sino que los ha enmarcado en la «dinámica de funcionamiento normal de la justicia». El actual equipo de Gobierno municipal «no va a revertir la medida» sino que plantea «mejorarla mucho más», según ha dicho Villacís en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press. La vicealcaldesa ha admitido que han podido cometer errores de comunicación.

Los servicios jurídicos municipales analizan los dictámentes judiciales, según ha afirmado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha subrayado que el equipo de gobierno no está “en un debate judicial, sino que quiere establecer un debate de fondo sobre lo que necesita Madrid para reducir la contaminación”.

Los dos jueces, de los juzgados de lo contencioso administrativo número 24 y número 7, respectivamente, han justificado su decisión en motivos de salud y medioambientales frente a las alegaciones que presentó el Ayuntamiento. El primer auto responde a un recurso presentado por Ecologistas en Acción que decretó como medida cautelar la suspensión inmediata de la moratoria de multas y que, tras escuchar al gobierno municipal, se reafirma en su decisión.

El segundo correponde a un recurso presentado por el PSOE. En esa ocasión, el juez decidió dar trámite de audiencia al Ayuntamiento. Escuchadas sus argumentaciones, el magistrado Carlos Sánchez Sanz asegura que la Administración local «no ha acreditado de forma clara que las medidas que suponen la zona de bajas emisiones Madrid Central hayan supuesto un perjuicio para el medio ambiente y la salud de las personas, teniendo la facilidad probatoria de acreditar este hecho. Tampoco que haya resultado ineficaz para los fines que pretendía». «En este sentido se puede considerar de forma indiciaria que concurren perjuicios de imposible o difícil reparación como consecuencia de la moratoria de Madrid Central, al afectar la contaminación a la salud de las personas y al medio ambiente», añade el juez.

El Ayuntamiento se mantiene en su posición y Carabante insiste en la necesidad de “trabajar con todas las asociaciones y todos los afectados para, entre todos, construir un modelo alternativo que reduzca la contaminación en Madrid”.

El delegado de Movilidad y Medioambiente sostiene que el gobierno municipal cumple con sus compromisos de establecer una moratoria “sin engañar a nadie”. Carabante ha recordado que “de las primeras 8.000 multas que se pusieron hubo que anular 6.600 por defectos en su tramitación». El Ayuntamiento defiende que la moratoria es necesaria para realizar «una auditoria para dar seguridad jurídica a los ciudadanos», aunque reconoce que los «errores en los sistemas ya están corregidos».

La moratoria de sanciones impuesta por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP) —con el apoyo de Ciudadanos—, estuvo vigente tan solo una semana: del 1 al 8 de julio, cuando se reactivaron por decisión judicial. En el segundo trimestre de este año, los datos de contaminación de la capital han sido los mejores de la década, además de reducirse el tráfico y mejorar las frecuencias de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte.

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Fuente: El Pais

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