Una de las quejas generales y más incuestionablemente fundadas de la mayoría de españoles es la de verse obligados (vernos) a mantener un Estado desproporcionado en su gasto de personal y burocrático. No de recursos humanos esenciales (seguridad, justicia, sanidad, educación), que esos están contados, sino de la denominada grasilla de la Administración, ese colesterol malo en forma de ejércitos de asesores y altos cargos, o de empresas públicas que crecen como setas y engordan incansablemente su estéril presupuesto. No hay derecho. Y sucede, en consecuencia, que cuando se malgasta el dinero, éste escasea o no llega a lo importante. Peor todavía, no solamente falta el cash sino los reflejos. 

La imputación del director general de la Policía, Francisco Pardo, por poner en riesgo la salud de los agentes ante el covid-19 debería sacar los colores a más de uno, y no sólo al directamente afectado. El hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid esté tramitando la querella presentada por una asociación policial por haberse desatendido advertencias en materia sanitaria es, ocurra lo que ocurra con el procedimiento en última instancia, sangrante.           

Hace un año, precisamente el CNP, desde su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se adelantaba a todas las demás instituciones avisando sobre el coronavirus, y se marcaba como objetivo seguir las recomendaciones precisas y necesarias para la protección de todos los agentes policiales, en especial los que desarrollaban su trabajo en puestos fronterizos; esto, además de dar las indicaciones pertinentes a la hora de interactuar con ciudadanos en momentos de estrecho contacto, como revisión de documentación o cacheos. Pero hay más: el autor del primer informe oficial que prevenía de una pandemia que ha dejado decenas de miles de muertos en nuestro país durante el último año era cesado de manera fulminante. De locos.    

No se trata aquí de perseguir una actuación incompetente o insuficiente, sino de establecer la posible responsabilidad penal de quien tiró al cubo de la basura la guía con el criterio técnico de un departamento policial especializado ante una amenaza mayúscula.La cúpula política de Interior, desde el arranque de esta legislatura, ha tenido días malos… y peores. Será ahora esa cúpula política la que deba explicar en sede judicial, como investigada, por qué la visión gubernamental arrolló la profesionalidad, la dignidad y la cualificación acreditada de nuestros uniformados. Éstos, mande quien mande, se han ganado y se ganan el respeto, por méritos propios, a pulso. 

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Fuente: Estrella Digital

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