El 77,13% del alumnado de los centros privados con conciertos educativos de València proceden de familias con rentas bajas, lo que supone más de dos puntos porcentuales más que los admitidos en los centros públicos. De hecho, un centro que escolariza alumnos adscritos al área de mayor renta de la ciudad tiene un 90% de estudiantes procedentes de familias pobres.

Esto ha hecho saltar las alarmas de los investigadores del estudio ‘Proyecto Mapa Escolar’ que ha elaborado la Universitat de València (UV), a petición de la Concejalía de Educación dirigida por María Oliver (València en Comú-Podem).

Colegio Mariano Benlliure de Aldaia (Valencia)
(GVA)






El informe ve “indicios de posibles prácticas irregulares que la administración educativa encargada de supervisar el proceso debería investigar”, dado que la admisión de alumnado de familias más pobres se concentra en centros “donde se escolariza tradicionalmente la burguesía”, en un porcentaje mucho mayor que los centros ubicados en barrios menos favorecidos. “El sorprendente dato escapa a toda lógica y no parece corresponder con la realidad social del alumnado de colegios concertados”, añaden.


Las familias podrían estar presentando declaraciones de la renta bajas, a las que después se sumarían otras complementarias más cuantiosas

¿Qué explicación tendría? Fuentes consultadas por este diario apuntan a la posibilidad de que los centros concertados podrían estar sugiriendo a las familias presentar una declaración de la renta inicial baja, a la que después se le sumaría otra complementaria más cuantiosa.

Los autores del informe señalan que, en el caso de que no se hubiera producido ninguna irregularidad, estas cifras demostrarían que el sistema de reparto de puntos “es claramente ineficiente” y convertiría a València “en un caso digno de estudio particular”, dado que la escolarización de alumnado de clases bajas “se estaría produciendo de modo completamente opuesto al de la mayoría de los casos”.

Si estas concentraciones no son “fruto de irregularidades”, sostienen, “dispararían los índices de pobreza de la ciudad”.


El distrito único, en entredicho

Sobre la aplicación del distrito único para garantizar la igualdad de elección de las familias, como defiende el Partido Popular, los investigadores lo ponen en entredicho. Señalan que los hogares prefieren escolarizar a sus hijos e hijas en centros próximos a sus domicilios, por lo que “la principal medida” que puede “promover la libertad de elección de centro escolar” es “garantizar la dotación de centros escolares cerca de sus domicilios”. Algunos barrios de València, añaden, “carecen” de estos servicios o la oferta es insuficiente.





“Es imprescindible una política de zonificación que permita estudiar las necesidades de cada sector de la ciudad, garantizar el acceso a una escuela de calidad a toda la población y permita un trayecto entre la escuela y el domicilio corto, fácil y seguro, posibilitando y reforzando los vínculos sociales de la comunidad”, prosigue el estudio.

Por ello, consideran que “no existe ninguna razón objetiva” que “conduzca a la necesidad de eliminar o restringir el criterio de proximidad para la asignación de plazas escolares en los centros educativos de la ciudad de València mediante el llamado ‘distrito único’”.


La concejala María Oliver, imputada por el informe

La responsable municipal de Educación, María Oliver, está citada a declarar como investigada el próximo 10 de abril por el convenio firmado con la UV por la realización de este estudio. La denuncia, presentada por el asesor del PP Luis Salom, sostiene que se adjudicó “a dedo”.

Oliver explicó en su día que el convenio había “pasado todos los filtros del Ayuntamiento con alguna pequeña observación” y argumentó que era “un trabajo necesario”.

Además, fuentes de la Concejalía recuerdan que la realización de este informe es obligatorio de manera anual según lo establecido en el Reglamento del Consejo Escolar Municipal de València en su artículo 4.d, y recuerdan que el PP, en 24 años de gobierno, “nunca elaboraron ninguno”.





El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler; la concejala de educación del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver; y el conseller de Educación, Vicent Marzà
El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler; la concejala de educación del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver; y el conseller de Educación, Vicent Marzà
(LVD)









Fuente: LA Vanguardia

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