El final de la presente legislatura promete intensidad y polémica política. El deseo del Gobierno de Pedro Sánchez de apurar hasta el último Consejo de Ministros antes de convocar los comicios, el 5 de marzo, para aprovechar y aprobar normas de marcada relevancia, está agitando las aguas.

Sánchez pretende r
emachar su relato político en este último tramo con medidas llamativas aprobadas en solitario por el Gobierno, aunque luego tal vez no vean la luz, pero que pueden reforzar su discurso de la campaña electoral.

En el frente económico, el principal asunto de ese posible paquete de última hora es la contrarreforma laboral, la reversión de algunas de las medidas aprobadas en la reforma aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012.

Un auténtico pulso entre el Ejecutivo, escoltado por los sindicatos, y los empresarios, dirigidos por la CEOE que preside Antonio Garamendi. Aunque, pese a las duras advertencias lanzadas por el líder empresarial, lo cierto es que también se están manteniendo contactos con el Gobierno para conseguir suavizar algunas de las medidas previstas en el decreto ley que preparar el Ministerio de Trabajo, que dirige Magdalena Valerio. La presión pública y la negociación discreta forman parte al mismo tiempo de la estrategia empresarial.


Estrategia

La presión pública y la negociación discreta forman parte al mismo tiempo de la estrategia empresarial

Los sindicatos, CC.OO. y UGT, liderados por Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, sostienen por su parte, que desde que se formó el Gobierno de Sánchez, en junio pasado, ha habido muchos meses de negociación que desde su punto de vista ya habían madurado en un borrador casi firme de acuerdo que ahora simplemente debería convertirse en ley antes de que se celebren los comicios del 29 de abril.

El principal problema del Gobierno de Sánchez es que buena parte de las medidas de índole económico que se había planteado aprobar estaban incorporadas a su proyecto de presupuestos generales del Estado para este año y que ha sido rechazado en el Congreso.

Entre ellas algunas de las pactadas con Podemos en octubre pasado. Así, han quedado en el limbo las subidas de IRPF para las rentas del trabajo superiores a los 130.000 euros, el incremento de l impuesto de patrimonio para las fortuna superiores a los 10 millones de euros. Sí se han salvado la subida del salario mínimo (SMI) a 900 euros o la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, así como la elevación de la mínima. También la subida del salario de los funcionarios.

Pero, entre todas las promesas y también los pactos con Podemos, la más significativa era la derogación de la reforma laboral, aunque en este caso, no tiene vinculación con las cuentas
del Estado para este ejercicio. Su aprobación por el PP provocó la huelga general del 29 de marzo del 2012, una movilización parcial que afectó sobre todo a la industria y el transporte, mucho menos a los servicios y el comercio.


Opta por una salida que le garantiza salir bien parado

Sánchez refuerza su discurso electoral aprobando medidas que no sabe si obtendrán el visto bueno parlamentario

Sánchez ha decidido optar por una salida que le garantiza salir bien parado. El decreto ley que aprobará el último Consejo de Ministros antes de la convocatoria formal de las elecciones y que debería convalidar la Diputación permanente del Congreso, al estar disueltas las Cortes, permitirá al Gobierno conciliarse con un sector relevante del tradicional votante socialista, el más afectado por las reformas del PP. Y si la ley, finalmente, no es ratificada en el Congreso, podrá atribuir su fracaso a la oposición. Además, el movimiento tapona las críticas que, por la izquierda, le podría plantear Podemos por no haber cumplido en su momento con esa parte del acuerdo entre ambas formaciones.

El Gobierno también está negociando con Podemos otro decreto ley sobre el alquiler de viviendas para incluir un techo a los alquileres. En un anterior decreto sobre ese asunto, esa medida no se incluyó, lo que motivó el rechazo de la formación de Pablo Iglesias y la propuesta fue rechazada por el pleno del Congreso.

Otro expediente extremadamente relevante se refiere a la financiación de las comunidades autónomas, una materia también vinculada a los fallidos presupuestos rechazados por el Congreso. Si el Gobierno pretende evitar tensiones financieras a las comunidades autónomas, debería aprobar otro decreto ley para asegurar que el incremento de recursos con que cuentan estas últimas, a caballo del aumento de recaudación que registran todos los impuestos vinculados con su financiación, llega puntualmente. Aunque, en este asunto, los afectados son de varios colores políticos y por ello no habrá oposición a facilitar que las comunidades reciban puntualmente su dinero.

Pero, sin duda, el frente débil del Gobierno en lo que a estas iniciativas se refiere es el hecho de recurrir a la vía del decreto ley, cuando no lo hizo en su momento por la vía ordinaria, la de enviar los proyectos de ley al Congreso para su tramitación parlamentaria y la correspondiente aprobación.

Incluso su socio prioritario, Podemos, ha sido muy crítico con la dinámica de gobernar por decreto ley, algo electoral a golpe de decreto.




Fuente: LA Vanguardia

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