“La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus político. (…) Los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. El Tribunal Constitucional cercenó el Estatut pero en marzo del 2014 los magistrados atisbaron la magnitud de la crisis institucional que se había gestado al pie de página de su sentencia. Era demasiado tarde. El gobierno de Mariano Rajoy y el de Artur Mas ya habían acreditado sus limitaciones políticas y reorientado sus ­intereses.

La crisis sigue ahí, agravada; y la política, subordinada a los jueces, ya no puede competir con el efecto hipnótico de un procedimiento penal. Legajos, togas y puñetas…, el poder de dictar sentencia.

El Tribunal Supremo se ha convertido en la sede central del movimiento independentista y escenario de las primeras batallas electorales, pero con abogados como protagonistas. Andreu Van den Eynde y Benet Salellas contra Javier Ortega Smith. Independentistas por representación contra el secretario general de Vox.

Los letrados de los líderes del procés hablaban ayer de una suspensión generalizada de derechos políticos, de libertad de expresión, de de­recho de reunión y derecho de protesta. La Fiscalía y Vox lo harán hoy de delitos contra la Constitución y de golpes de Estado; de rebelión, de violencia, de tumultos… y de la integridad nacional.

Durará meses. Tiempo en el que las llamadas al diálogo pierden su sentido, en el que la política brillará por su ausencia ahogada por el Código Penal y las urgencias de las estrategias electorales.

Horas y horas de reuniones, de idas y venidas del Palau de la Generalitat a la Moncloa, citas secretas, discretas y públicas… Nunca un discurso político podrá incorporar la carga de profundidad sobre el futuro del movimiento independentista –sus perspectivas y sus líderes– que tendrá el ­juicio en el Supremo y su resolución.

Los avances políticos de las últimas semanas entre el Gobierno y la Generalitat sucumbieron víctimas de la sentencia condenatoria de la derecha y del pánico del PSOE. La Moncloa aceptó poner en marcha una mesa de partidos estatal de la que salga “una propuesta política y democrática”. Asumió incorporar a un relator a sus reuniones, pero su apuesta por Joan Majó, longevo exministro socialista catalán contrario al 155, como facilitador no llegó a salir del cajón.

Carmen Calvo, Pere Aragonès y Elsa Artadi sabían que esta legislatura no era la de la solución del problema, pero podía ser la de la gestión política de una sentencia. Pero ni diálogo, ni referéndum ni perspectivas.

La responsabilidad política no tiene la fuerza del megáfono populista, de la cocina demoscópica y del convencimiento de la derecha de que la separación de poderes no impide controlar un tribunal. Pedro Sánchez y su Gobierno proclaman que no toleran chantajes de ningún partido, pero convierten el debate de presupuestos en un alegato contra el derecho de autodeterminación y una derrota parlamentaria en antesala de una inminente convocatoria electoral.

El independentismo ve al Estado desnudo, pero el enemigo vela armas. Santiago Abascal se ha garantizado con el juicio una plataforma privilegiada para ahondar en el conflicto catalán como caladero de votos; Pablo Casado ha teñido sus discursos de “traidores” y “golpistas”, y los equilibrios de Albert Rivera son ya dignos de estudio por esa cuna de politólogos que es la Complutense.

La campaña electoral ha empezado en el salón de plenos del Supremo. Y con ella se aleja la oportunidad de devolver a la política lo que es de la política.




Fuente: LA Vanguardia

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