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Cs lleva el decreto de las VTC al Consell de Garanties Estatutàries


El decreto aprobado por el Govern para regular las VTC sigue trayendo cola. Y es que más allá del adiós de Uber y Cabify de Barcelona, en el terreno político Ciutadans ha presentado un escrito al Consell de Garanties Estatutàries para que emita un dictamen sobre la medida gubernamental y exponga si se adecúa al marco legal vigente.

El Consell de Garanties Estatutàries es el órgano de la Generalitat que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Govern y el Parlament al Estatut d’Autonomonia y a la Constitución española. Formado por ocho juristas, sus dictámenes tienen carácter consultivo.





La formación naranja ha registrado este martes en el Parlament la petición de dictamen, ya que considera, entre otras cosas, que la norma no supera el canon de constitucionalidad que exige el TC sobre la protección de la libertad de empresa.


La crisis del taxi

Ciutadans no cree que se den las condiciones de “necesidad extraordinaria y urgente” para una regulación vía decreto-ley

Además, el partido pilotado por Inés Arrimadas en Catalunya cuestiona si se dan las condiciones de “necesidad extraordinaria y urgente” para promulgar una norma con rango legal mediante la vía de decreto-ley.

El Executiu catalán aprobó el pasado 29 de enero el decreto que regula los VTC y que, entre otras medidas, impone una periodo de precontratación de 15 minutos que se puede ampliar desde las administraciones locales, y prohíbe la geolocalización previa para los vehículos VTC. Poco después, Uber y Cabify anunciaron que dejan Catalunya por este decreto.


Ciutadans

Carrizosa criticó que el decreto “devuelve a la Barcelona cosmopolita al siglo XX”

La semana pasada el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ya cargó con dureza contra el decreto impulsado desde la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que, a su juicio, “devuelve a la Barcelona cosmopolita al siglo XX”.

Carrizosa calificó de “lamentable” la noticia de la marcha de Barcelona de Uber y Cabify, que cree que provocará “más paro” y una mala “estampa a la economía y a los visitantes” de la capital catalana.








Fuente: LA Vanguardia

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